"ASESINO,ASESINO" : LE GRITARON EN CARTAGENA A IVAN DUQUE DURANTE MARCHA POR LÍDERES SOCIALES

51 ciudades y municipios nacionales y otras 43 ciudades del mundo se unieron a las marchas.
    
Las manifestaciones por la violencia que atraviesan los líderes sociales en el país, se llevó a cabo el viernes 26 de julio con una masiva participación del pueblo colombiano.

También hizo parte de las marchas el Presidente de Colombia, Iván Duque, quien en días anteriores había prometido que contarían con su presencia.

Cumpliendo con su promesa, se dispuso a marchar con cientos de personas en Cartagena rechazando el asesinato de líderes sociales en el país.

El mandatario caminó varias cuadras en compañía de al menos 30 líderes sociales de Cartagena, víctimas de amenazas por su labor con la comunidad, así como de la vicepresidenta de la Nación, Martha Lucia Ramírez; la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el defensor del Pueblo, Carlos Negret; y el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz.

Sin embargo, su participación no fue muy bien recibida y un grupo de participantes le mostró su rechazo gritándole insultos, obligando a la Fuerza Pública sacar a Duque de la movilización por su seguridad.

Frente a lo sucedido, el presidente se manifestó a través de su cuenta de Twitter diciendo:

"Hoy marchamos todos sin protagonismos, porque el verdadero protagonismo lo deben tener los que han entregado su vida por el país. Hoy hago ese llamado como presidente para que abordemos esta causa sin envidias ni mezquindades".

"Abracemos esta causa de defender a los líderes sociales. Pongamos a un lado las diferencias (...) A eso vinimos hoy a decirle a las familias colombianas que al marchar estamos rechazando la violencia, el narcotráfico y la corrupción", agregó

"POR ESTAR METIDOS EN COSAS QUE NO SON": LUIS GUILLERMO ECHEVERRI

Luis Guillermo Echeverri, hoy presidente de Primero Colombia, dijo que los asesinatos a defensores de derechos humanos son producto de "estar metidos en cosas que no son".

Mientras el país entero se prepara para la movilización del próximo 26 de julio en rechazo a los asesinatos a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, hay quienes piensan que los homicidios a esta población son producto de ajustes de cuentas. 

Así lo hizo entender el exgerente de la campaña presidencial de Iván Duque, Luis Guillermo Echeverri, durante una entrevista en Blu Radio sobre el evento que organizó este miércoles, conocido como “Diálogos de Innovación para la Democracia” en el que asistieron figuras de talla internacional como Mario Vargas Llosa.

“Lo de los líderes sociales es muy relativo, hay unos muy buenos y hay otros que mueren por ajuste de cuentas entre ellos mismos, por estar metidos en cosas que no son y mueren a manos por lo general de gente que es violenta y es la gente que ha estado armada en este país, más que todo involucrados en el narcotráfico”, dijo sin arrepentimiento. 

Cuando los periodistas de la mesa lo cuestionaron por su declaración, el presidente de la Asociación Primero Colombia e íntimo amigo de Duque y el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe se defendió al asegurar que estaban tergiversando lo dicho. “Desafortunadamente los violentos que han estado en la ilegalidad matan mucho a los líderes sociales y a mí me duele mucho eso, pero me duele más que los estén matando personas que dicen defender al pueblo y lo que están es metidos en negocios ilegales", precisó. 

Y bajo esa misma línea, aseguró que admira a los “líderes de verdad” que no están involucrados con la actividad ilegal, ni hacen politiquería y mucho menos están involucrados en casos de corrupción. “Esos son los héroes del país, los que hay que protegerlos”, puntualizó. 

Igualmente, Echeverri manifestó que, probablemente, no participará del movimiento convocado por la plataforma Defendamos la Paz que busca brindarle apoyo a los líderes sociales. En cambio, se atrevió a decir que las marchas en algunos momentos están de moda, sin desestimar su rol democrático en los países. Por ese motivo, explicó, prefiere hacer otras cosas que estar en la calle protestando. 

Indepaz y Marcha Patriótica advirtieron que desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, más de 700 líderes sociales y 130 excombatientes han sido asesinados. Una cifra desbordante que no da tregua. El mismo día en que el presidente Duque dio su discurso ante la instalación de la segunda legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio, en el que reiteró el compromiso del Gobierno con esa población, una lideresa del Páramo Santurbán murió en hechos violentos. 

Iglesia, partidos políticos, centrales sindicales, Procuraduría, Defensoría, Ministerio del Interior y el presidente Duque apoyaron y confirmaron su presencia en este evento que promete paralizar a más de 80 ciudades de Colombia y el mundo para decir no más líderes asesinados.

PRIMER TROPIEZO DE "LEY ANDRES FELIPE ARIAS"

El senador y expresidente Álvaro Uribe pidió que se excluyera un parágrafo que, a los ojos de algunos, podría abrir la puerta a que los aforados condenados en única instancia salieran de la cárcel mientras se les resuelve su situación legal.

El proyecto, que tiene de fondo el motivo de beneficiar al condenado Andrés Felipe Arias, será radicado sin ese parágrafo.

Este miércoles el Centro Democrático dio un paso más en torno a la iniciativa que busca la doble instancia retroactiva para aforados, más conocida como ley “Andrés Felipe Arias” porque, de cursar un trámite exitoso en el Legislativo, beneficiaría directamente al exministro de Agricultura, condenado a 17 años de prisión por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro.

El proyecto fue radicado el martes por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y, tras conocerse su articulado, comenzaron a surgir reparos e interpretaciones que llevaron al exmandatario a plantear la exclusión de parágrafo segundo del artículo cuatro, y que se volviera a radicar actualizado. 

Se trata, según Uribe, del punto que proponía que la impugnación de las sentencias que hicieran uso de esta propuesta, fueran conferidas en “efecto suspensivo”, es decir, que a los condenados se les suspendería la condena mientras cursan el proceso jurídico nuevamente. En ese sentido, algunos consideraron que ese parágrafo abría la puerta a que los aforados condenados en única instancia pudieran salir de la cárcel, mientras se resuelve su impugnación. Entonces, para evitar confusiones al respecto, el ahora senador ordenó a su bancada que radicara el proyecto nuevamente, esta vez sin ese parágrafo. 

La creación de esta iniciativa surgió luego de que el exministro de Agricultura, y una de las cabezas más visibles del uribismo, fuera extraditado desde Estados Unidos a Colombia, donde debe terminar de cumplir su condena por el escándalo en Agro Ingreso Seguro. En ese sentido, desde el Centro Democrático, fue Juan David Vélez, representante a la Cámara, quien comenzó a trabajar en dicho proyecto. El mismo precisa, como lo explicó este diario anteriormente, que los aforados condenados en única instancia hagan uso del derecho universal de impugnar su sentencia, bajo el recurso de “doble conformidad”, según el fallo de la Corte Constitucional. 

Bajo la decisión del alto tribunal, el derecho le aplica a todos los ciudadanos, incluidos los aforados, como Arias. La propuesta del Centro Democrático busca entonces crear una sala especial de revisión de sentencias para todos esos casos para ser revisados. Hasta el momento, lo único que cambiaría en el proyecto es el parágrafo que omite el “efecto suspensivo”. De esa forma, el uribismo continúa con su proyecto bandera en esta legislatura que recién inició el pasado 20 de julio.

CENTRO DEMOCRÁTICO RADICÓ PROYECTO DE "LEY ANDRES FELIPE ARIAS"

El proyecto lo presentó ante el Congreso el Centro Democrático y busca que las sentencias condenatorias en única instancia emitidas por primera vez, incluidas las de la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió con el exministro de Agricultura en 2014, tengan la posibilidad de ser revisadas.

Era cuestión de días, para que el Centro Democrático se apresurara a radicar la denominada “ley Andrés Felipe Arias”. La tarde de este martes, legisladores del partido de Gobierno, incluyendo al propio expresidente Álvaro Uribe, llegaron a la Secretaría General del Senado para radicar el proyecto para que la sentencia que lo condenó a 17 años de prisión sea revisada.

El representante uribista, Juan David Vélez, bajo el liderazgo del exmandatario, venía trabajando esa propuesta desde que la Corte Constitucional, en una sentencia de mayo de este año, exhortó al Congreso para que creara un mecanismo que permita que toda sentencia condenatoria dictada por primera vez pueda ser apelada. El alto tribunal, no obstante, no hizo mención sobre los casos de los aforados (ministros, congresistas, magistrados…) que han sido condenados por primera vez en única instancia, pues únicamente se limitó a fallar sobre un caso de un concejal, en defensa del llamado derecho a la doble conformidad.

Dicho pronunciamiento, por tanto, abarcaba a todos los colombianos, lo que le dio una luz verde a los uribistas que vieron en ese fallo una oportunidad para buscar la libertad del recién extraditado a Colombia, Andrés Felipe Arias. En tal sentido, el legislador del Centro Democrático afirmó que el proyecto no surgía por una coyuntura en particular sino para acoger el llamado de la Corte. Se crearía una Sala de Descongestión en la Corte, la cual funcionaría de manera transitoria (dos años prorrogables por dos años más), y estaría conformada por tres magistrados. Además, se les daría un plazo de seis meses a las personas que deseen impugnar sus sentencias, contados a partir de la posesión de los magistrados de la sala.

En febrero de este año, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la solicitud de Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, de impugnar su condena. El alto tribunal argumentó, entre otras cosas, que para ello se hacía necesaria una reforma constitucional que lo permitiera .Pero también, dejó claro que la Corte garantizó el debido proceso en su caso, el cual fue tramitado cuando no existía la segunda instancia para aforados, y que el Acto Legislativo 01 de 2018 que la creó no incluyó ninguna orden de anulación de las sentencias condenatorias emitidas en única instancia por la Corte Suprema.

Por eso, la propuesta del uribismo precisa que quienes hayan sido condenados en única instancia, proferida a partir del 23 de marzo de 1976, cuando entró en vigencia el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y hasta la entrada en vigencia de la iniciativa, “tendrán derecho a impugnarla bajo las mismas reglas de apelación de las sentencias de primera instancia señaladas en la Ley 906 de 2004 o en las disposiciones que la modifiquen o sustituyan”. Para los casos concretos de competencia de la Corte Suprema de Justicia, señala el proyecto, se designarán conjueces de la lista de esta corporación.


Lo cierto es que el debate promete ser largo, pese a que varios congresistas no afines al uribismo, como el senador de la U Roy Barreras, han dicho que lo apoyarán. Una de las discusiones se enfocará en la larga lista de procesos que se reabrirían en los tribunales y juzgados del país, además de la complejidad que representarían para el sistema en sí mismo. Expertos juristas, por ejemplo, han venido afirmando que permitir la retroactividad en casos como la doble instancia para aforados —la cual fue aprobada en 2018— dejaría en riesgo el principio de cosa juzgada. La discusión apenas comienza.

"NO LE METAMOS A ESO MAS MISTERIO" : DUQUE SOBRE EL SABOTEO A LA OPOSICION

En entrevista con Colprensa, el presidente Iván Duque Márquez se refirió al intento de saboteo a la oposición del que fue protagonista el pasado 20 de julio el senador Ernesto Macías, en la instalación de la segunda legislatura, que ha puesto al congresista uribista en el centro de las críticas.

“¿Del 20 de julio lo que nos queda de reflexión nacional son 30 segundos de conversación? ¿A eso se reduce un informe a la Nación? ¿A eso se reduce lo que se está haciendo en educación, en salud, en infraestructura, el llamado que se está haciendo para una agenda legislativa, el trabajo en equipo? Creo que todo tiene su momento. Yo no le daría a eso mucha importancia para ser sincero, desde el punto de vista del debate nacional”, expresó el mandatario.

Expresó que “no tenía idea” de cómo iba a transcurrir el orden del día en el Congreso ese día y que en su agenda estaba previsto que, luego de la instalación, iría inmediatamente a radicar unos proyectos de ley. En ese mismo sentido, manifestó que se ceñía a lo que estableciera la ley: “Si el Estatuto de la Oposición dice que hablan, pues que hablen, perfecto. Si el Estatuto de la Oposición dice que hay réplica, pues hay réplica. No le metamos eso más misterio”.

Macías, sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto, intentó sacar al presidente de la República del Salón Elíptico de la Cámara de Representantes para que no escuchara la réplica que la oposición haría en voz del senador Jorge Robledo, del Polo Democrático. “Es que nos toca, por obligación, que ellos hablen después del presidente. Y entonces, si le pido a la comisión que acompañe al presidente y los saco de aquí [a los integrantes de la misma] (…) eso no lo saben. Esa es mi última jugadita de presidente”, dijo Macías.

En diálogo con W Radio, Macías dijo que había utilizado unas palabras inadecuadas y, a través de Twitter, aseguró que no había cometido ningún delito, si bien, dijo, había sido un error su “última jugadita”. En contraste, el senador Robledo, en entrevista con El Espectador, acusó a Macías de violar el Estatuto de Oposición, que brinda garantías a los partidos declarados en oposición, para, por ejemplo, replicar al presidente de la República.

Ante lo sucedido, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra del anterior presidente del Senado por su intento de saboteo y de desconocimiento de la ley.

LA JUGADITA DE ERNESTO MACIAS QUE TERMINÓ EN AUTOGOL

El senador del Centro Democrático preparaba un plan para evitar que los sectores de oposición ejercieran su derecho a réplica, el cual quedó en evidencia porque se le quedó el micrófono prendido mientras explicaba los detalles de su estrategia. Ocurrió durante la instalación del Congreso para el periodo 2019-2020.

Fiel a su estilo, el hasta hoy presidente del Congreso, Ernesto Macías, demostró la utilización de artimañas para sabotear a la oposición. Sin percatarse de que su micrófono quedó abierto luego de su intervención, durante la instalación del Congreso que dio inicio a la legislatura 2019-2020, Macías reveló su plan para torpedear la réplica que la oposición le iba a hacer al discurso del presidente Iván Duque, según quedó establecido en el Estatuto de Oposición.

“Es que nos toca, por obligación, que ellos hablen después del presidente. Y entonces, si le pido a la comisión que acompañe al presidente y los saco de aquí, eso no lo saben. Esa es mi última jugadita de presidente”, dijo el legislador uribista, refiriéndose a la célula legislativa que se encarga de acompañar al primer mandatario, de regreso, hacia la Casa de Nariño.

Con esta movida, Macías produjo un enorme bullicio e impidió que el Congreso en pleno escuchara el discurso del senador opositor Jorge Robledo, del Polo Democrático. Tan evidente fue la mala fe de Macías que Robledo le pidió garantías y respeto a las reglas de la democracia. Ante ello, el presidente del Congreso lo instó a que tomara el micrófono y no perdiera más tiempo, ya que el reloj había empezado a correr y su tiempo de intervención era solo de 20 minutos.

En principio, la situación pasó de “agache”. Pero, en las redes sociales, que nada lo perdonan, quedó registrada la “jugadita” del senador del partido uribista. No es la primera vez que Macías se vuelve el centro de la polémica. Ocurrió durante el debate de la votación a las objeciones, cuando también dejó el micrófono abierto y se le escuchó una grosería. “Jueputa, mira esa votación”, dijo haciendo referencia a la contundentes números de la oposición para negar los reparos presidenciales.

También fue muy criticado cuando en la intervención de Jennifer Pedraza, líder estudiantil, intervino a nombre de los estudiantes en paro, Macías la interrumpió con una fuerte frase: “niña, niña, tiene cinco minutos y termina”, y seguidamente le cerró el micrófono. Las reacciones no se hicieron esperar. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que "lo que mal empieza, mal termina" calificando de "torpe" la actuación del saliente presidente de la corporación. 

SE DESCARTA NUEVA REUNIÓN DE DUQUE CON LOS INDÍGENAS DEL CAUCA

“El presidente Iván Duque no volverá muy pronto al Cauca a intentar dialogar con los indígenas”, advirtió en la tarde de este martes la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

La Ministra, quien fue la protagonista de la negociación de los indígenas por 26 días, dijo que cualquier nuevo diálogo con los líderes de la Minga se podrá continuar en Bogotá.

La funcionaria notificó a los líderes indígenas que “la Fuerza Pública no volverá a permitir bloqueos como los que ellos protagonizaron en la vía Panamericana” y que generó tantos daños al país.

La ministra Gutiérrez estuvo en la mañana de este martes en Caldono (Cauca) acompañando al presidente Iván Duque, quien concurrió a ese municipio caucano a hablar con los indígenas.

Gutiérrez deploró que mientras el presidente Duque tenía toda su disposición a realizar un “diálogo social”, los líderes de esa etnia insistían en que el Presidente debía someterse a un debate político en la plaza principal del pueblo.

La Ministra subrayó la voluntad que tiene el mandatario de cumplir con los compromisos acordados durante la concertación que terminó en la madrugada del pasado sábado.

Gutiérrez afirmó que, independientemente de lo ocurrido este martes con el desplante al Presidente, el Gobierno va a cumplir con todos los compromisos que firmó durante la concertación, porque ellos tienen pleno respaldo en el Plan de Desarrollo que discute el Congreso.

Inclusive, dijo que el gobierno mantiene su disposición a ejecutar los compromisos que tienen respaldo en el presupuesto nacional de la presente vigencia fiscal. Eso sí, notificó con toda claridad que muchas de las acciones de líderes como los de la Minga tiene intereses políticos.

La Ministra reveló que en la mañana de este martes que mientras el presidente Duque invitaba a los indígenas a designar una comisión de 200 delegados suyos para realizar el diálogo en Caldono, en la plaza del pueblo, el senador del Polo Alexander López, los impulsaba a exigir la presencia en ese lugar, donde la Fiscalía y los órganos de seguridad habían advertido que habría un atentado contra la vida del Presidente.

La aproximación de Duque a resolver las diferencias con los indígenas mediante el diálogo le costó al mandatario que el mismo jefe de su partido,Álvaro Uribe, reprobara su actitud. 

Uribe dijo que "negociar bajo presión no deja pasar la página" y dijo claramente que no estuvo de acuerdo con la firma de la concertación que el gobierno hizo con los indígenas en la madrugada del pasado sábado

EN LA CAMARA FUERON RECHAZADAS LAS OBJECIONES A LA JEP

Con una votación de 110 votos por el sí y 44 por el no, la plenaria de la Cámara de Representantes rechazó este lunes las objeciones presidenciales a algunos aspectos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La decisión fue el resultado de las manifestaciones en contra de esos reparos presidenciales de partidos mayoritarios en el Congreso como el Liberal, Cambio Radical y ‘la U’, a los cuales se sumaron los movimientos de oposición al Gobierno Nacional.

El pleno de la corporación acompañó el informe de una comisión accidental que propuso rechazar las objeciones presidenciales y que el proyecto de ley estatutaria de la JEP sea sancionado por el presidente Iván Duque tal y como salió de su revisión en la Corte Constitucional.

Este hecho hizo que el otro informe, el que pedía aprobar las objeciones, no se considerara, ya que fue presentado primero el estudio que se votó y aprobó.

Durante la sesión de este lunes, varios sectores uribistas pidieron dos veces el aplazamiento de la votación, pero también fueron derrotados en esos propósitos.

Surtida esta parte del trámite, el tema se abordará en la plenaria del Senado. La comisión encargada de estudiar las objeciones en esta corporación tiene previsto reunirse este martes para analizar el asunto y, luego de esto, presentar un informe a la plenaria.

Aunque el artículo 200 del reglamento del Congreso indica que si una cámara vota de manera diferente a la otra las objeciones a un proyecto de ley este se archiva, otras tesis jurídicas señalan que solamente se hundirían los artículos en los que hubo reparos.

Esto significa que si en el Senado son aprobadas las objeciones, se abriría el debate jurídico sobre si el proyecto de ley estatutaria de la JEP se debe archivar en su totalidad o solamente los aspectos objetados por el Presidente.

Pero si el Senado también rechaza las objeciones, el presidente Iván Duque debe sancionar la iniciativa. Si se niega, debe sancionarlo el Presidente del Congreso para que la norma entre en vigencia.

ÁLVARO URIBE Y SUS TRINOS CONTRA LOS ACUERDOS CON LA MINGA

El expresidente sigue manifestando su inconformidad con la decisión del Gobierno de buscar acuerdos para finalizar la Minga. Esta vez lanzó una serie de trinos en los que utilizó varias veces la palabra "masacre". Las críticas al senador no se hicieron esperar.

"Si la autoridad implica una masacre": Uribe en contra de los acuerdos con la Minga  Uribe dijo:"el dilema no es masacre o firmar, el dilema es autoridad". 

Álvaro Uribe sigue arremetiendo contra la decisión de Iván Duque de acceder a varias de las peticiones de los indígenas del Cauca. Esta vez, la crítica del expresidente subió de tono al decir que “si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.

@AlvaroUribeVel
 Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta

De inmediato, ese trino generó revuelo en redes sociales ante la interpretación de que Uribe estaría legitimando una masacre en contra de los manifestantes basándose en la premisa de que la minga estuvo “apoyada en el terrorismo”.

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de twitter cuestionaron la posición de Uribe.

@david_uribe82
En respuesta a @AlvaroUribeVel
Que un funcionario público justifique una masacre no tiene palabras, transgrede la misma Constitución política, sus funciones y llena de mentiras una protesta social. Para lograr Su fin este Sr quiere justificar los medios. Tenebroso.

@DanielSamperO
 A ver si entendí: el gobierno arregló por las buenas la minga, al Eterno no le gustó porque dice que en la minga hay terroristas, y entonces ¿anuncia? ¿advierte? ¿sugiere? una masacre: qué lindo sería el país si Uribe se retirara a jugar con los nietos y lo dejara respirar...

Minutos más tarde, Uribe publicó otro mensaje en el que vuelve a decir que el punto central de la discusión no está en si se da o no una masacre, sino en la disyuntiva de qué pasa con la autoridad de un país cuando se negocia, a su juicio, de forma equivocada.

@AlvaroUribeVel
 El dilema no es masacre o firmar, el dilema es autoridad, sensata, firme, que se sienta, con criterio social o seguir generando malos precedentes que no permiten voltear la página.

Tal y como lo manifestó el sábado, para el líder del Centro Democrático hubiera sido preferible mantener la vía panamericana cerrada por dos años, de ser necesario, con tal de no ceder a “delincuentes” que infiltraron las protestas que durante 28 días mantuvieron la vía Panamericana bloqueada. Uribe acudió a decir que durante su gobierno no se firmaron acuerdos con los indígenas y aún así se vio un progreso de estas comunidades.

“Sin firmar compromisos avanzamos con los indígenas: 9 pueblos construidos en la Sierra Nevada; primeras Eses indígenas; concurso de maestros; casi cobertura salud; alimentación de niños y Etno turismo, Cabo de la Vela, Amazonas y apoyo productivo (Opic Cauca)”, dijo.

No obstante, la polémica ya se había creado y los colombianos en redes le preguntaron al ex-mandatario si los 10 mil casos de falsos positivos, que hubo entre 2002 y 2010, hacían parte de esa autoridad con criterio social, que él plantea.

@JuangoUribe
 La "#MasacreConCriterioSocial", que hoy nos expone Álvaro Uribe de manera explícita, es la misma que arrojó miles de falsos positivos durante su gobierno. Lo que no sabíamos era que le tenía nombre.

@nesvifu
En respuesta a @AlvaroUribeVel
Está confesando su política de masacres a los campesinos de Colombia.

Para hacer frente a las críticas, Uribe intentó aclarar su primera intervención del día diciendo que “la autoridad serena, firme y con criterio social no produce masacres” porque “estas son causadas por delincuentes que se aprovechan o se abrigan en las protestas”.

FAMILIA AMBUILA DE CRISTIANOS A CORRUPTOS

Familia Ambuila haría parte de una congregación cristiana en Cali Jenny Ambuila ostentaba su lujosa vida en redes sociales. 

Desde el pasado fin de semana, los Ambulia pasaron del anonimato a ser una de las familias más reconocidas de Colombia, aunque no precisamente por aspectos positivos de su vida, sino por ser partícipes de uno de los casos de corrupción más grandes que giran alrededor de la entrada y salida de productos en el puerto de Buenaventura.

Ómar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian, era uno de los encargados de permitir el paso de mercancía ilegal por medio de este puerto comercial. Por supuesto, este acto delictivo que le originaba grandes sumas de dinero, tanto para beneficio de él como de su esposa, Elba Chará, y su hija, Jenny Ambuila.

Este caso ha causado gran impacto en el país, sobre todo por el estilo de vida que llevaba esta familia, sobre todo la hija, quien en redes sociales ostentaba ser dueña de lujosos autos, como un Lamborghini, vestir prendas costosas de famosos diseñadores y viajes a lugares paradisiacos.

Sin embargo, en las últimas horas fue la moral de los Ambulia la que se colocó en tela de juicio cuando se supo que la familia asistía a una iglesia cristiana en Cali, y que además eran líderes espirituales de la congregación. Así lo hizo saber el representante administrativo de la Comunidad Cristiana de Paz, Ricardo Díaz.

“La familia hace parte de la Comunidad Cristiana de Paz, están en la iglesia aproximadamente unos doce años y también han ejercido a través del tiempo una especie de liderazgo en la iglesia con la gente, en lo que respecta a nuestra actividad ministerial que se basa en invitar a la gente a estar en la iglesia, en ciertos espacios que tenemos en la semana para compartir el mensaje y la palabra de Dios”, dijo Díaz, en entrevista con La FM.

Asimismo, el administrativo indicó que esta familia era una de la que más colaboraba económicamente con la iglesia, pero aclaró que, aunque no en la misma cantidad, todos los feligreses aportan al crecimiento de la congregación por medio de sus ofrendas.

“Las iglesias se construyen con la ayuda y con el apoyo de muchas personas, todos ponemos un granito de arena y seguramente ellos ponían su grano de arena”, explicó Ricardo.

Cabe recordar que todos los integrantes de los Ambuila fueron detenidos de manera preventiva por la Fiscalía General de la Nación, mientras que se realiza el debido proceso judicial en su contra

RECOMPENSA POR INFORMACIÓN SOBRE LOS ENCAPUCHADOS DE LA UNIVALLE

El secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, dijo que fortalecerán las capacidades de reacción del Esmad para el control de la seguridad y el orden público en las inmediaciones de la universidad.

La manifestación habría tenido lugar en rechazó de la muerte del estudiante de arquitectura Jhonatan Landines, quien murió en la explosión del resguardo indígena en, Dagua. 

El secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, informó que la alcaldía ofrece una recompensa de $50 millones por información que permita dar con los autores de los disturbios del, 3 de abril, en la Universidad del Valle, en los que murió una persona.

"Ofrecemos esta recompensa por información que permita la judicialización de los vándalos y terroristas que ayer atentaron contra el bus del MIO, la tanqueta del Esmad, el centro comercial y el helicóptero de la Policía", dijo el secretario.

Asimismo, manifestó que la alcaldía respaldará las decisiones que tome la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, respecto al tema del control del orden público al interior del campus de la sede Meléndez de la Universidad del Valle.

“Vamos a fortalecer las capacidades de reacción del Esmad para el control de la seguridad y el orden público en las inmediaciones del campus, para evitar que se bloqueen las vías y que se realicen atentados contra el transporte público y los almacenes”, agregó Villamizar.

La víctima mortal de los disturbios de este miércoles fue identificada como Jhonny González, quien fue estudiante de la institución hace más de 10 años, pero salió por bajo rendimiento académico. El hombre habría muerto, al parecer, después de manipular unos explosivos en inmediaciones de la sede del sindicato de trabajadores dentro de la universidad.

En la explosión resultaron heridas otras seis personas. Hasta el momento se conoce la historia médica de cuatro: dos de ellas se encuentran estables y otras dos tienen lesiones graves. Presentan heridas en sus manos y ojos, al igual que esquirlas en el cuerpo.

La Policía afirmó que, durante los disturbios, los encapuchados lanzaron artefactos explosivos contra el helicóptero que realizaba un sobrevuelo en la zona. También, se registró un ataque con arma de fuego a la tanqueta. 

DUQUE EN PROBLEMAS CON EL CENTRO DEMOCRÁTICO POR ACUERDOS CON LA MINGA INDIGENA

Mientras el presidente Iván Duque se esfuerza por explicarle al país cuáles fueron los acuerdos con la minga indígena para levantar el bloqueo en la vía Panamericana, el senador Álvaro Uribe manifestó su abierto descontento con lo pactado en la mesa de concertación .

Desde tempranas horas de este sábado, el jefe de Estado expuso desde sus redes sociales los compromisos adquiridos para levantar los bloqueos que tuvieron por casi un mes cerrada la vía que conecta a Cali con Popayán.  “Hemos llegado a un acuerdo responsable, cumplible, dentro de las realidades fiscales con la minga indígena del Cauca. A partir de hoy se inicia desbloqueo de vía Panamericana que afectó a miles de personas en la región. El Gobierno presentará medidas para mitigar daños económicos”, escribió Duque desde su cuenta en Twitter.

Detalló el presidente Duque, mediante su hilo explicativo, que “de los 4.6 billones de pesos que exigían las comunidades indígenas del Cauca, se concertó asignar un 17,5 % del monto que estaba previamente contenido en el plan de inversión para la región del Cauca. Estos recursos acordados hacen parte de lo estipulado en el Plan de Desarrollo”. También sostuvo que el “objetivo fundamental es solucionar problemas que históricamente se habían quedado sin resolver, por exceder la capacidad de cumplimiento del Estado y porque los compromisos adquiridos en el pasado sobrepasaron la realidad fiscal colombiana”.

Además, explicó el mandatario que “los recursos, que hacen parte del plan de inversión concertado, corresponden a lo previsto en PND, capítulo comunidades indígenas. Se trata de compromisos en vivienda nueva y mejoramientos, salud, proyectos productivos, infraestructura rural, vías y unidad de protección”. En la seguidilla de trinos, el presidente Duque fue tajante en señalar que una vez el Congreso apruebe el PND la ejecución de los acuerdos estará bajo la responsabilidad y control de las instituciones del Estado.

Y concluyó el mandatario: “El Gobierno reitera su permanente voluntad de diálogo y rechaza enfáticamente vías de hecho como instrumento de presión. Respetamos la protesta pacífica pero invitamos a las propuestas y soluciones. No permitiremos más bloqueos que afecten movilidad y normal desarrollo de región”. No había terminado de explicar esto el jefe de Estado cuando ya recibía las primeras críticas desde su partido, el Centro Democrático.

Por ejemplo, dijo el presidente del Senado, Ernesto Macías, que la minga deja daños “irreparables” para el Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y Caquetá y, fiel a su estilo, culpó al gobierno anterior de haber firmado acuerdos que no cumplió y al Cric “que permitió la infiltración violenta”. El trino de Macías no celebra el acuerdo y más bien desacredita le legitimidad de la organización indígena que pactó el levantamiento de los desbloqueos.

Pero quien si fue claro en su disgusto fue ni más ni menos que el expresidente Álvaro Uribe, quien trinó apenas una hora después del presidente Duque en un tono de clara insatisfacción: “Es preferible cerrar esa carretera dos años, mejorar y cuidar al alterna que firmar acuerdos con la minga apoyada en el terrorismo”. Así las cosas, el acuerdo del gobierno que permitió que la vía Panamericana volviera a ser transitada, parece convertirse en un punto de desencuentro entre el Jefe de Estado y su partido.

CAPITAN DEL EJERCITO DETENIDO POR EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES

Un capitán del Ejército fue detenido para que responda por los delitos de explotación sexual agravada y acceso carnal abusivo. La víctima fue una menor de 12 años de edad a la que buscó por redes sociales.

La detención se hizo efectiva en la Base militar de Larandia, Caquetá, hasta donde se desplazó personal del CTI y la Sijín del Tolima, pues el uniformado es investigado por estos hechos ocurridos en Ibagué el 30 de marzo de 2018.

El oficial, cuyo nombre se desconoce, fue judicializado en el Palacio de Justicia de Ibagué pero no aceptó los cargos de la Fiscalía.

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De acuerdo con las investigaciones, el hombre le hizo ofrecimientos a la niña a cambio de tener contacto sexual con ella y se cree que, luego de lograr sus oscuras pretensiones, le entregó la suma de 500.000 pesos.

Cuando sus parientes la vieron con el dinero en efectivo la increparon para que les contara cómo lo había obtenido, la niña contó que un militar le había dado dinero a cambio de que accediera a sus deseos sexuales.

​Gracias a las denuncias de los familiares y el relato de la víctima, este capitán de ejército se encuentra privado de la libertad en un establecimiento carcelario.

EMPIEZA RIFIRAFA EN CAMARA Y SENADO POR EL TRAMITE DE OBJECIONES A LA JEP

El trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Congreso parece que se demorara todavía unos días.

Mientras que el presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo que tiene la obligación de tramitarlas cuando empiecen las sesiones ordinarias, la próxima semana, el de la Cámara, Alejandro Chacón, se tomará un tiempo para evaluar si se debe analizar o no.

Alejandro Chacón, liberal, anunció queconfrontara los diferentes “lineamientos y planteamientos jurídicos” sobre el paso que debe dar y así evitar posibles irregularidades.

“Todos saben que fue una ley estatutaria creada por el mecanismo de fast track y que tiene la singular y especialísima condición de haber sido ya revisada por la Corte Constitucional en temas constitucionales y legales. Eso, indudablemente, tiene unas condiciones especialisimas que se están revisando”, afirmó Chacón.

El presidente de la Cámara recordó que en medio de la discusión hay posiciones como la del procurador Fernando Carrillo, quien ha manifestado que esta iniciativa “ya es cosa juzgada constitucional” y que por ello, las objeciones presidenciales a la norma no sería procedentes.

En este sentido recordó que el Procurador representa al “organismo que investiga disciplinariamente a los congresistas”, por lo que tiene el deber de “proteger” a los representantes a la Cámara.

Sin embargo, el presidente del Senado, Ernesto Macías, manifestó que tiene la “obligación de tramitar las objeciones cuanto antes”. De hecho,el próximo martes, en las sesiones ordinarias del Congreso anunciará la comisión accidental encargada de estudiar los reparos de Duque.

“Le pido que respete nuestra autonomía. Tramitaremos las objeciones como ordenan la Constitución y la Ley 5 (Reglamento del Congreso)”, escribió Macías en Twitter.

Así las cosas, es posible que las objeciones a la ley de la JEP avancen en el Senado, pero en la Cámara el panorama no parece tan despejado.

"SE ESTÁN SACANDO SOLITOS DEL ACUERDO DE PAZ" : TIMOCHENKO

En entrevista con el diario El País de Cali, el líder del partido FARC, Rodrigo Londoño, manifestó su postura frente a la situación actual de sus compañeros, que siguen sin dar pista de su paradero.

Para Rodrigo Londoño,(Timochenko), presidente del partido FARC, cada desmovilizado de la guerrilla corre riesgo por la situación en la que se encuentra la implementación del Acuerdo de Paz. Pero compartir los espacios públicos y caminar con identidad por las calles es una oportunidad para defender esa paz.

Por eso, discrepa de la postura adoptada por su compañero Iván Márquez, de quien hace más de seis meses no se sabe de su paradero, con el argumento de que el Estado traicionó el Acuerdo e iba tras él, luego de capturar a Jesús Santrich, por supuesta actividad narcotraficante, según un video en el que reapareció sin manifestar en dónde se encuentra.

“Tenemos que blindarnos y la única manera es meternos en la sociedad y fluir en medio de los sectores políticos y sociales que defienden el Acuerdo. La selva hay que cambiarla por el apoyo de la gente del común y no podemos protegernos escondidos, de este modo estamos sirviendo en bandeja de plata los argumentos que quieren acabar con el proceso”, dijo Londoño en entrevista con el diario El País de Cali.

Así pues, frente a la situación de su compañero, y también a la del “Paisa”, otro de los ex-jefes guerrilleros, quien ya cuenta con una nota de incidente de incumplimiento en la JEP, aseguró que “se están sacando solitos del Acuerdo de Paz”. Además, afirmó que esa desatención que Márquez le está haciendo a la justicia transicional se debe a “una lectura equivocada del momento”. Cabe recordar, sin embargo, que en una reciente entrevista con El Espectador, Márquez sostuvo que “ni el ‘Paisa’ ni nadie se ha salido del proceso de paz”.

Igualmente, 'Timochenko' anotó que todo lo pactado durante los seis años de negociación fue consensuado. “Buscábamos puntos en común para ir hacia adelante, entonces no se puede decir ahora que hubo imposiciones”, precisó al diario regional.

No obstante, en algo que coincide con Iván Márquez, además de la defensa por la paz, es en que los intentos de extradición de Santrich, acusado de llegar a un acuerdo para exportar 10 tonelada de cocaína a EE. UU., lo que busca es “dejarnos a todos en el limbo y ponernos como potenciales extraditables”.

Londoño se refirió también al atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander por parte del ELN, reconocienmdo que su deseó era que esa guerrilla no estuviera detrás del hecho.  “Todos los que estamos luchando por la paz en Colombia, en el fondo del corazón, teníamos la esperanza de que no hubieran sido ellos”. Y, asimismo, se puso a disposición para trabajar por una reactivación de la negociación entre el Estado y ese grupo armado, para llegar a una solución política del conflicto.

Por último, hizo un llamado al ELN para que “hagan una lectura acertada del momento y que hagan un esfuerzo. A la contraparte hay que forzarla a que llegue a la mesa, pero eso no es solo con pronunciamientos, hay que crear hechos políticos, recoger el sentir de las grandes mayorías y sobre esa base, son ellos quienes de manera autónoma pueden ver cómo y cuándo actúan”

CREARAN BANCO GENÉTICO PARA CONSERVAR LAS ESPECIES DE PECES PARA REPOBLAR EL RIO CAUCA

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) indicó que vienen sosteniendo algunas reuniones con los pescadores del río Cauca y representantes de EPM para avanzar en la implementación del plan de manejo ambiental que permita identificar y mitigar las afectaciones que se han generado tras el cierre de las compuertas del proyecto de Hidroituango. 

“Los encuentros adelantados con EPM le han permitido a la Autoridad Pesquera impartir recomendaciones, establecer frentes de trabajo concertados y definir los compromisos adquiridos desde ambas partes con el propósito de respaldar y acompañar en todo momento a la comunidad pesquera en el presente y el futuro”, manifestó Nicolás Del Castillo, director de la AUNAP. 

De acuerdo con el funcionario, las prioridades en medio de la coyuntura actual es atender y salvaguardar la vida de la población, mitigar las afectaciones al medio ambiente, conservar el recurso pesquero y brindar alternativas económicas para los pescadores de la región por las afectaciones causadas por la considerable disminución del caudal del río Cauca. 

En ese sentido, la entidad ha establecido unas estrategias a corto, mediano y largo plazo, buscando la conservación del recurso pesquero, así como a las poblaciones que dependen de esta actividad como sustento. 

"Como primera medida se está llevando a cabo la caracterización de los pescadores, para establecer cuántos de ellos están activos en cada zona, teniendo como base el registro de pescadores artesanales que tiene la AUNAP, además de la identificación de asociaciones activas que puedan hacer parte de este proceso", explicó Del Castillo. 

La entidad también indicó que se identificarán a los líderes de la región para que actúen como voceros en los temas de las comunidades, además, se espera implementar con los pescadores, que están haciendo el rescate y traslado de fauna varada, una estrategia para que a futuro realicen las labores de conectividad, reforestación y repoblamiento de peces en la región. 

"Con EPM y estaciones piscícolas cercanas, se proyecta recatar la mayor cantidad de las más de 120 especies de peces en la zona, para armar un banco genético, con el propósito de realizar repoblamiento a futuro y salvaguardar el equilibrio de las especie en la región", resaltó la AUNAP, 

En ese sentido, con los pescadores se avanza en la identificación taxonómica de especies y su nivel de madurez, así como en una revisión de las dinámicas pesqueras antes, durante y después de la contingencia que se está presentando, para lo cual la entidad tiene dispuesto personal técnico de las regionales de Medellín, Magangué y Barranquilla. 

“Estamos trabajando para minimizar el impacto sobre el recurso pesquero, defender los intereses de los pescadores y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, propendiendo siempre por la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida para las familias que le apuestan a la actividad pesquera en esta zona del país”, explicó Del Castillo

FERNANDO GAVIRIA SE LUCE EN EL TOUR DE FRANCIA 2018

Fernando Gaviria es imbatible en el Tour de Francia. El corredor colombiano volvió a tener un remate de ensueño para alcanzar su segunda victoria en la cuarta etapa de la ronda gala.

El colombiano no celebró hasta la confirmación de la foto, que aseguró la victoria del corredor del Quickstep por una rueda.

“Una victoria muy difícil porque no recibimos la ayuda de ningún equipo para atrapar la escapada. Agradezco a todo mi equipo confiar en mí. Nos entrenamos para llegar en óptimas condiciones y disfrutamos una victoria más”, explicó el corredor que ganó su sexta etapa en una grande.

La fuga de la jornada de 195 kilómetros entre La Baule y Sarzeun la protagonizaron Claeys, Perez, Van Keirsbulck y Cousin, que fueron atrapados a 1 kilómetro de la llegada por el trabajo de persecusión del Quickstep.

Una caída a 5 kilómetros de la llegada fue el momento más complicado de la carrera. Rigoberto Urán se vio afectado por el tropezón pero la rápida reacción del Education First salvó al ciclista colombiano de perder tiempo

El afectado de la jornada fue Ilnur Zakarin que perdió 59 segundos después de quedarse cortado tras el borbollón.

Los otros favoritos pasaron sin problemas esta intensa jornada. Rigoberto Urán se mantiene como el mejor colombiano en la posición 10.

En la etapa , que se disputará el miércoles entre Lorient y Quimper,  se dará el primer asomo de la montaña con 4 puertos y una llegada en un corto pero exigente muro que puede generar diferencias entre los favoritos.

EL GOBIERNO COLOMBIANO ANUNCIA MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LIDERES SOCIALES

La preocupante situación de los líderes sociales en el país, 311 de los cuales fueron asesinados entre enero y junio de este año, según cifras de la Defensoría del Pueblo, llevó al presidente Santos a convocar una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para evaluar las acciones que está tomando el Estado para evitar que estos crímenes sigan ocurriendo.

Ocho puntos hacen parte del plan anunciado por el presidente luego de la reunión, en la que participaron, entre otros, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el procurador, Fernando Carrillo, los altos mandos militares y de policía, y el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera. Entre ellos, la protección colectiva de comunidades amenazadas, la adopción de un plan urgente para las zonas más afectadas y la organización de un sistema de recompensas por información son las más importantes.

Según el presidente, aunque hoy en día ya hay unos 5 mil líderes sociales que cuentan con esquemas de seguridad, “la protección individual no es suficiente”, por lo cual se viene avanzando en sistemas de protección integral a comunidades en sus territorios.

Ya se ha puesto en marcha un programa piloto, que opera en cuatro municipios, San José de Ure, Guapi, Tumaco y El Tarra, que, según lo acordado hoy, se extenderá a 10 municipios.

También se fortalecerá la respuesta a las alertas que emite la Defensoría del Pueblo y se organizará un sistema de recompensas por información para identificar a los responsables de atentados contra líderes sociales y de derechos humanos, en especial a los autores intelectuales de esos crímenes.

Así mismo, se llevará a cabo un plan urgente de intervención en las zonas más afectadas por estos hechos: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.

“No vamos a permitir que esos avances que ya vemos por la construcción de la paz, se vean amenazados por la acción criminal de bandas organizadas que pretenden hacernos regresar a un pasado de violencia, que los colombianos hemos decidido dejar atrás”, manifestó el mandatario, quien recordó que gracias a la firma del acuerdo con las Farc se ha reducido el número de homicidios en el país.

“Garantizar la vida de los líderes seguirá siendo una prioridad hasta el último día de mi gobierno y aspiró que sea una prioridad para el gobierno entrante. Esta política tiene que mantenerse por el bien de todos los colombianos”, agregó.

Los crimenes contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos volvieron a llamar la atención del país la semana pasada, luego de que fueron asesinados cuatro líderes en tres días, en regiones diferentes del país, Chocó, Atlántico y Cauca. Las cifras de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, aunque difieren, coinciden en que el problema, a pesar de que viene de mucho tiempo atrás, se agravó luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

Organizaciones sociales y entidades como las Naciones Unidas han pedido adoptar medidas urgentes para enfrentar este fenómeno, ante lo cual el Gobierno promovió la firma de un pacto nacional por la vida de los líderes sociales, encabezado por los presidentes entrante y saliente.

(Tomado de la Revista Semana)

ASESINATO DE LIDERES SOCIALES SIN CONTROL EN EL PAIS

En la tarde del viernes, José Fernando Jaramillo perdió la vida tras recibir 10 disparos dentro de su vivienda, en la vereda El Torrente del municipio de Ituango. Jaramillo hacía parte de la junta de acción comunal de la vereda Pascuitá, de la que era presidente su cuñado José Abraham García, también asesinado el pasado 26 de junio.

Ambos nombres están hoy en una lista de 40 asesinatos que podrían encajar en la escalada contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero que aún no han sido verificados por Naciones Unidas. Si a esa macabra estadística se suman los 33 homicidios que ya están en las listas oficiales de este año, el país podría haber alcanzado, en apenas seis meses, la cifra de crímenes del año pasado: 84.

En las estadísticas avaladas por la ONU aparecen 186 nombres de personas que murieron entre el 2015 y lo que va del 2018, para un total de 219 casos verificados. Esto quiere decir que cada mes se han registrado, desde tres años y medio, una media de cinco homicidios de líderes y defensores de derechos humanos.

Aunque la mayoría de las investigaciones están en proceso, en muchos de los casos se señala como responsables a grupos claramente identificados: el ‘clan Úsuga’ en Antioquia, Córdoba y la región de Urabá; una facción suya conocida como ‘los Caparrapos’, que se independizó en la zona del bajo Cauca desde el momento en que ‘Otoniel’, máxima cabeza de la banda, anunció su intención de someterse a la justicia, algo que aún no cumple.

También aparecen los frentes ‘Manuel Vásquez’, ‘José María Becerra’ y ‘José David Suárez’ del Eln, en el suroccidente del país, especialmente en el Cauca, y las disidencias de las Farc de ‘Mordisco’ y ‘Guacho’ en Nariño. Aunque ayer, en un comunicado, el Eln negó estar tras los asesinatos de líderes y dijo que los están acusando sin pruebas. 

Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía no han identificado, en tres años, que se trate de una escalada coordinada a nivel nacional, como sí ocurrió durante el genocidio de la Unión Patriótica a mediados de los 80.

Los móviles van desde intentos por frenar la restitución de tierras hasta los de impedir que más comunidades salgan de la coca, pasando por la persecución contra quienes se oponen a la minería ilegal y los que se han atrevido a denunciar la irrupción de actores ilegales en antiguas zonas de Farc. Y en algunos casos se estableció que el crimen no tuvo relación con el papel de líder de la víctima.

Y si bien el nivel de esclarecimiento de estos hechos no supera el 50 por ciento, los índices de impunidad son mucho menores que en el resto de homicidios reportados, que en general alcanzan el 25 por ciento. A la fecha, la Fiscalía tiene pistas claras en 87 casos de 178 homicidios ocurridos desde el 2016. En esos casos se ha logrado la captura de 165 delincuentes. Hay otros 104 en indagación, 36 en juicio y 16 con condenas.

Delincuentes de alto perfil han caído por las investigaciones por este flagelo. Aris Yírber Caicedo, alias Cholo; Jefferson Chávez, alias Cachi, y Wílber Antonio Quiñónez, ‘Curandero’, integrantes de la disidencia de ‘Guacho’, fueron capturados y están procesados por el homicidio –en octubre del 2017– de José Jaír Cortés, activo promotor de la sustitución de cultivos ilícitos en Tumaco.

El 11 de mayo también fue detenido Samuel Javier Yotengo, alias Mordisco, cabeza de una disidencia de las Farc y a quien además del asesinato de tres policías en Miranda, Cauca, en septiembre de 2017, se le atribuyen asesinatos de líderes sociales que estaban impulsando la sustitución de cultivos de coca.

Aunque históricamente los departamentos más golpeados eran Antioquia, Cauca y Nariño, este año se ha registrado un alarmante repunte de asesinatos en Norte de Santander, Chocó y Arauca. Integrantes de juntas de acción comunal y líderes campesinos, comunitarios e indígenas representan la mayor cantidad de víctimas. 

Aunque se trata de una situación que ha venido afectando la implementación de los acuerdos de paz desde hace ya casi tres años, la última semana ha sido particularmente violenta. Además de Jaramillo fueron asesinados Luis Barrios en Palmar de Varela, Atlántico, y Felicinda Santamaría en Quibdó, Chocó. Barrios era el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de su municipio y era reconocido por ejercer control a la gestión de la administración local y por denunciar actos ilegales, en especial relacionados con tráfico de drogas. Y Santamaría era la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Virgen del Carmen, de la comuna 2 de Quibdó.

Además de esos dos casos ya verificados por Naciones Unidas, un día antes fueron asesinados Leonedis Aléiser Sierra, en Tarazá, Antioquia, y Gabriel Adolfo Correa, en Buenos Aires, Cauca, quienes de acuerdo con sus comunidades desempeñaban actividades de liderazgo social. El domingo fue asesinado en Puerto Libertador, Córdoba, Iván de Jesús Lázaro, exsecretario de la junta comunal de la vereda Rogero y que se destacaba por liderar procesos deportivos y culturales.

Ana María Cortés, quien apoyó la campaña de Gustavo Petro en Cáceres, Antioquia, fue asesinada el miércoles. Se sindica a la banda de ‘los Úsuga’, y aunque el excandidato dijo que hay una supuesta persecución contra su movimiento, las autoridades manejan otras hipótesis que en principio no tienen que ver con actividades políticas.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que la nueva dinámica delictiva de los territorios está caracterizada por el surgimiento de organizaciones al servicio del narcotráfico, lo que ha generado nuevos conflictos en los que los líderes sociales se están viendo afectados en medio de “unas batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlas de los cultivos ilícitos y de esta guerra por el territorio”.

El presidente Juan Manuel Santos dijo que, en respuesta a lo que viene pasando, le pidió al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, “enviar a terreno a inspectores del Ejército y la Policía para supervisar y evaluar acciones de la Fuerza Pública en la protección de líderes”. 

Y el presidente electo, Iván Duque, afirmó que garantizar la seguridad de los líderes debe ser una prioridad. “No acepto, como colombiano, que ninguna persona se vea amenazada por su pensamiento, por su raza, por sus condiciones personales, y lo que quiero es un país donde brille la legalidad y donde todos los colombianos se sientan protegidos”, dijo Duque.

(Tomado de El Tiempo)

EX-INTEGRANTES DEL SECRETARIADO Y ESTADO MAYOR DE LAS FARC A RESPONDER POR SECUESTRO FRENTE A LA JEP

El próximo viernes 13 de julio, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tendrán que comparecer los ex-integrantes del secretariado y del estado mayor central de las Farc para responder por el delito de secuestro. 

La Sala de Reconocimiento, a través de auto 002 de 2018, decidió avocar el conocimiento del caso con base en el informe que recientemente entregó la Fiscalía a la JEP denominado Retención ilegal de personas por parte de la Farc. En la diligencia, informó la JEP, se les notificará a los exguerrilleros el inicio del proceso.

También se recordará los deberes del régimen de condicionalidad, en el que se les indicará que para acceder a los beneficios deben aceptar la verdad, reparar de manera inmaterial a las víctimas y comprometerse a no repetir esas conductas, y se dará traslado del informe de la Fiscalía a los convocados con sus respectivos anexos. 

Así las cosas, los magistrados de la sala entregarán un listado de personas que presuntamente estuvieron secuestradas por las Farc y cuyo paradero no se tiene conocimiento. Este listado hace parte de la base de datos que la Fundación País Libre presentó ante la JEP, y como referencia informativa dos informes aportados por el Centro Nacional de Memoria Histórica: Una Sociedad Secuestrada y Guerrilla y Población Civil, trayectoria de las Farc 1949-2013. 

De acuerdo con el diario El Tiempo, tendrán que comparecer ante la JEP Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Iván Luciano Márquez, alias Iván Márquez; Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada; y Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, y los representantes a la Cámara Jesús Santrich –detenido por cuenta de una investigación que lo compromete con el envío de un cargamento de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos– Luis Alberto Albán, alias Marco León Calarcá; Jairo González, alias Byron Yepes; y Omar de Jesús Restrepo, alias Olmedo Ruiz.

Igualmente se encuentran José Lisandro Lascarro, alias Pastor Alape; Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez; Abelardo Caicedo Colorado, alias Solis Almeida; Orlay Jurado Palomino, alias Hermes Aguilera; Jesús Mario Arenas, alias Marco Urbano; Jaime Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo; Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Rodolfo Restrepo, alias Víctor 34; Juan Hermilo Cabrera, alias Bertulfo Álvarez; Henry Castellanos Garzón, alias Romaña; y Édgar López, alias Pacho Chino. (Le sugerimos: Cámara aprueba normas de procedimiento de la JEP)

La lista continúa con Juan Carlos Ramírez, alias Sargento Pascuas; Jaime Bustos Aldana, alias Marquetaliano; Jesús Emilio Carvajalino, alias Andrés París; José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez; Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado; José Manuel Sierra, alias Aldinever; Erasmo Traslaviña, alias Jimmy Guerrero; Floresmiro Burbano, alias Martín Corena; Hernán Darío Velásques, alias El Paisa; Luis Óscar Usuga, alias Isaías Trujillo; Martín Cruz, alias Rubín o Morro; José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza; y Luis Alberto Rojas, alias René Emisoras.

Este es el primer caso priorizado por la Sala de Reconocimiento, adoptados el pasado 28 de junio. Para los criterios de priorización se tuvo en cuenta la gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización, el impacto en las víctimas, el impacto en pueblos étnicos y otros sujetos colectivos. “La aplicación de los criterios permite priorizar en los casos y situaciones que conoce la Sala de Reconocimiento, que involucran los hechos más graves y representativos del conflicto y a los máximos responsables de crímenes no amnistiables”, precisó la JEP.

De acuerdo con el documento, los criterios de priorización se definen en dos dimensiones: impacto y disponibilidad de la información. Al aplicarlos a los informes recibidos, así como a las bases de datos disponibles, la Sala de Reconocimiento encontró que el secuestro de personas cumplía con dichos criterios. “La Sala de Reconocimiento aclara que la priorización de un caso o situación no significa que otros casos y situaciones no serán priorizados en el futuro”, finalizó la JEP.

(Tomado del Espectador)