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"RESISTENCIA DEMOCRATICA" EL LLAMADO DE DANIEL QUINTERO

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo un llamado este miércoles a una "resistencia democrática, pero pacífica", esto, tras la decisión de la Procuraduría General de suspenderlo provisionalmente por presunta participación en política indebida en época electoral.

Quintero a dos semanas de las elecciones presidenciales de primera vuelta convocó a una multitudinaria manifestación en inmediaciones de la Alcaldía de Medellín, para expresar su rechazo sobre la suspensión que fue anunciada por la procuradora Margarita Cabello. 

Durante el encuentro, el alcalde de Medellín, aseguró que el alcalde encargado, que fue delegado por orden del presidente Iván Duque, es un "alcalde fantoche", y además, dijo que se estaba vulnerando "el voto popular de los ciudadanos".

“Duque acaba de anunciar que designó a un alcalde fantoche que piensa acabar con la institucionalidad de Medellín. Llamamos a una resistencia democrática, pero pacífica. Esto no se va a quedar así”, dijo Quintero, después de que se conociera la designación de Juan Camilo Restrepo como alcalde (e) de Medellín.

¿Pero qué quiso decir Quintero? Él explicó que con la expresión de 'resistencia democrática' se refiere a que continuará mostrando su rechazo a la determinación de la Procuraduría que, en su consideración, es arbitraria, y no permitió una instancia de defensa ante un juzgado. 

"Nos quería fuera de la Alcaldía, pues nos van a tener en las calles haciendo Gobierno, haciendo política, recorriendo las calles, defendiendo el voto popular, pero en especial llamando a una resistencia democrática y pacifica. Porque claro, lo que quisieran ellos es que mordiéramos el anzuelo y que nos volviéramos ante la exclusión democrática, pero eso no va a suceder", señaló Quintero en entrevista con este Diario.

(Tomado de el Tiempo)

DANIEL QUINTERO AFRONTA PROCESO DE SUSPENSION PROVISIONAL DE SU CARGO

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en este momento afronta un proceso de suspensión provisional; decisión que fue tomada por la Procuraduría General, en cabeza de la procuradora Margarita Cabello, luego de que Quintero publicara un video en el que dice: "el cambio en primera", el cual se sumó a otros pronunciamientos que estaban siendo investigados por el ente.

Precisamente, este martes, Cabello anunció que Quintero no podrá ejercer su mandato en un lapso de tres meses, esto, después de que la Procuraduría determinara que incurrió en participación política indebida al demostrar su apoyo a la campaña de Gustavo Petro.

Después de que se hiciera el anuncio, el sector del denominado 'Petrismo' catalogó la decisión como un 'golpe de Estado', aludiendo a que la procuradora cometió una "evasión del voto popular y el mandato elegido por los ciudadanos", como indicó Petro en defensa de Quintero.

El líder del Pacto Histórico fue uno de los primeros en rechazar la suspensión provisional, y solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "defienda el voto popular". Además, Petro se refirió a su destitución como alcalde de Bogotá, cuando la Procuraduría lo separó de su cargo.  

"Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la @CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano", indicó Petro a través de su cuenta de Twitter. 

A su vez, el alcalde de Medellín también aseguró que "inició un golpe de Estado en Colombia", después de que conociera de la suspensión de su cargo como mandatario de la capital antioqueña. 

Desde el Pacto Histórico, diferentes miembros de la coalición manifestaron que le solicitarán a la CIDH, que proteja el derecho político de Daniel Quintero, al ser electo por el voto popular de los ciudadanos de Medellín. Además, concuerdan en aludir al concepto de 'golpe de Estado' para referirse a la suspensión provisional. 

Esto ha llamado la atención, puesto que este término ha sido utilizado para referirse a la toma ilegal e ilegítima de la estructura administrativa.

En ese sentido, Jaime Duarte, analista político y profesor de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, explica que los frentes políticos que defiende a Quintero, alegan que es un 'golpe de Estado', porque "tratan de argumentar que hay una concentración de poder y que no se respeta la independencia de los órganos de control". 

(tomado del tiempo)

GOBERNADOR DEL MAGDALENA SALE DEL PAIS POR AMENAZAS CONTRA SU VIDA

El gobernador del Magdalena habría recibido amenazas contra su vida por parte del denominado Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas.

En el programa 6 Am Hoy por Hoy, de Caracol Radio, se dio una entrevista al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien habría salido recientemente del país por cuenta de amenazas en su contra. Se debe recordar, que es necesario que los funcionarios públicos que tienen este cargo tramiten un permiso para poder salir de Colombia en el marco de los respectivos periodos de su administración.

“Yo salí por una información de una fuente sobre un plan inminente de las Autodefensas Gaitanistas para asesinarme. No me llamó nadie a amenazarme. Más que llamadas corresponde a fuentes veraces sobre este plan”, explicó el gobernador en la entrevista. En adición, una investigación realizada por Caracol Radio entregó detalles sobre las aparentes denuncias que se habrían presentado antes de tomar la decisión de abandonar el territorio nacional.

La información entregada por la cadena radial, explica la existencia de una denuncia radicada en Santa Marta el día 25 de agosto de 2021, a las 10:26 pm. Esto hecho indica que las denuncias previas que habían sido referenciadas por el abogado defensor de Caicedo, no se realizaron o hasta el momento no se ha encontrado su documentación. En la querella presentada por el gobernador, se argumenta que a través de una llamada, celebrada el pasado 14 de agosto, una persona identificada como Richard Riaño Botina le advirtió sobre una orden de atentado que habría sido dada por cabecillas de las Autodefensas Gaitanistas.

Frente a estos hechos, Carlos Caicedo explicó que habría adelantado 6 días de sus vacaciones para poder salir del país y no correr algún tipo de sanción por omisión de sus funciones. En adición, el funcionario dio a conocer que la situación ya estaba en conocimiento del Ministerio de Defensa y que no podía esperar a que se reforzara su esquema de seguridad debido a que el proceso sería más demorado.

“No he obtenido garantías, esta no es la primera vez que recibimos amenazas, esto se da por sus clanes mafiosos, por el sabotaje de los clanes narcoparamilitares que se mueven en el Caribe y en el Magdalena. Representamos una voz alternativa, una voz de oposición, es un mandato que el pueblo nos entregó. Esperamos que el presidente asuma su responsabilidad y de esas garantías”, aseguró el gobernador del Magdalena frente al papel del Estado en su caso.

En adición, Caracol se puso en contacto con el ministro de Defensa, Diego Molano, para obtener mayores detalles sobre el proceso de investigación y aumento en la seguridad de Caicedo. “Se tomaron medidas para redoblar su esquema de seguridad. La policía protege a nuestros gobernadores”, aseguró Molano. El jefe de la cartera de Defensa también comentó que desde el pasado 15 de agosto tiene conocimiento de la situación, gracias a que senador Sanguino le informó en medio de un debate llevado a cabo en el Congreso de la República.

Entre tanto, se espera que en las próximas horas se den instrucciones a la fuerza pública por parte del Gobierno Nacional y que así se de el regreso del gobernador Carlos Caicedo a Colombia. Se presume que debido a la ideología de Caicedo, se habría iniciado la persecución sistemática por parte de los grupos de ultraderecha.

NUEVO LLAMADO A MARCHAR ESTE 26 DE AGOSTO

En lo corrido del presente año, han sido varias las manifestaciones que se han presentado en el país, motivadas por, entre otras cosas, los modelos de reforma tributaria que ha presentado el gobierno nacional en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. 

Quizá el evento más recordado, fue el Paro Nacional que inició el pasado mes de abril y se extendió por más de 50 días en la mayoría de las regiones del país, en donde se realizaron movilizaciones, muestras culturales y demás actividades pacíficas, aunque también se presentaron jornadas manchadas por violencia y actos vandálicos.

No obstante, este jueves 19 de agosto se conoció que el Comité Nacional del Paro, organización conformada por varios grupos sindicales, convocó a una nueva jornada de marchas y movilizaciones en el país para el próximo jueves 26 de agosto. Según afirmó el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, el llamado a las manifestaciones buscará demostrar apoyo a proyectos radicados por el Comité, los cuales se basan en los puntos incluidos en el pliego de emergencia que se intentó negociar con el gobierno.

Según informó el fiscal de la CUT, Fabio Arias, las manifestaciones convocadas para el próximo 26 de agosto tendrán como principal objetivo apoyar los 10 proyectos de ley que fueron presentados en el Congreso de la República el pasado 20 de julio, cuando también se realizaron movilizaciones para acompañar al Comité del Paro en su radicación. Así mismo, se protestará en contra de la nueva reforma tributaria del gobierno pues, según afirman los líderes sindicales, la misma congela salarios y nóminas del estado, promoviendo una “masacre laboral”.

"Nosotros no estamos de acuerdo con que los platos rotos los paguen ahora los trabajadores estatales congelándoles los salarios y las nóminas, así como los presupuestos de las entidades", aseguró Fabio Arias en diálogo con Caracol Radio. Por su parte, el presidente de la CUT, Francisco Maltés, hizo un llamado a la ciudadanía a salir a tomarse las calles y protestar de manera pacífica, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad en Bogotá y todas las regiones del país.

Fueron varios los personajes de la esfera pública los que se mostraron en contra de las nuevas manifestaciones en el país, debido a los efectos económicos y epidemiológicos que las mismas han dejado. Por un lado, el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, señaló que otra jornada de paro sería una irresponsabilidad grande y un acto de mezquindad, teniendo en cuenta que gracias a los esfuerzos en el Plan Nacional de Vacunación, se han reducido las cifras del virus en Colombia.

De igual forma, el precandidato presidencial, Juan Carlos Echeverry, escribió en su cuenta de Twitter: "Otro paro es acelerar un nuevo pico de pandemia, enfermedad y muerte; que el desempleo se profundice y que más familias coman solo una o dos veces al día. Turistas asustados de venir a Colombia, hoteles, y regiones sufriendo. En lugar de parar necesitamos es TRABAJAR". Mientras tanto, el representante a la Cámara, Sergio Marín, aseguró que las nuevas protestas son muestra del incumplimiento del gobierno del presidente Iván Duque ante varios compromisos.

CON RECURSOS PROPIOS EL INGENIERO RODOLFO HERNANDEZ RUMBO A LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA


El exalcalde de Bucaramanga y precandidato presidencial Rodolfo Hernández aseguró, que no aceptará aportes en su campaña presidencial.

El ingeniero Rodolfo Hernández  habló sobre el audio en el que insulta a otra persona y que desataron una enorme controversia y, al margen de esa situación, señaló que su campaña presidencial con miras a 2022 sigue y lo hará sin alianzas y sin recibir dineros de nadie.

El ingeniero asegura que él puede llegar solo a la Presidencia de Colombia, sin la necesidad de coaliciones , y cuenta con el dinero propio para lograrlo. De hecho, aseguró que “no se van a acabar, antes nos van a sobrar unos pesitos”. 

Cuando fue consultado respecto a si no le preocupa que su dinero termine en riesgo por cuenta de asumir sus propios gastos, el candidato presidencial dijo que no, que cuenta con los recursos y que una práctica similar tuvo cuando fue candidato a la Alcaldía de Bucaramanga y terminó ganando.

Al candidato se le recordó que en una campaña presidencial hay donaciones que no siempre son en dinero, tales como camisetas, tiquetes aéreos, hoteles a lo que el ingeniero respondio que eso ya esta en el presupuesto e insistió :“Los 10.000 millones de pesos ya los tenemos, no se nos van a acabar. Yo estuve en la alcaldía, yo ya tuve una experiencia, y todo el que pone plata luego quiere una preferencia con el gobernante”, aseguró.

De acuerdo con Rodolfo Hernández, su dinero es “verdadero” y sale de sus negocios privados, descartando recibir aportes. Cuando se le consultó por las fórmulas de otros aspirantes a Senado y Presidencia, que incurren en gastos y luego reponen con el Estado, él dijo que no lo hará. Luego, al preguntarle si no aceptará aportes de empresarios, donaciones de personas afines a su campaña, él consideró que su mejor ayuda es el voto. “Los 10.000 millones no pasa nada, seguimos igual de pobres o de acomodados”. Según dijo, él tampoco tiene previsto tener “32 sedes”, pero sí espera potenciar su presencia en las redes sociales. “Tengo asesores que me toca pagar, pasajes que me toca pagar, tiquetes aéreos que me toca pagar”, aseveró.

Hernández señaló que cuando se dan aportes, si la persona termina ganando, es interés del empresario que el candidato sepa que él se los dio para luego utilizarlo con favores. Él, señaló, quiere desprenderse de eso. “No es perderlos, es una inversión. Desde el primer día, el compromiso mío es con los colombianos y con nadie más”, insistió. “Gobernar es para todos los colombianos, independientemente de si me pueden o no dar. Yo tengo que agilizar independiente del apoyo. Yo no tengo compromisos con absolutamente nadie”.

En el panorama político de la región, el candidato presidencial comparó su estrategia con la de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. El ingeniero contó que fue hasta ese país para hacer un recuento de cómo ganó este político y empresario, uno de los presidentes más jóvenes. “Nosotros somos algo aparecidos en la mecánica de llegar y la mecánica es proponerle al pueblo que voy a administrar con la siguiente propuesta: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, no voy a ser tapadera de nadie”, puntualizó.

Recientemente, la intención de voto hacia Rodolfo Hernández aumentó, donde la ultima encuesta  lo coloca en tercer lugar.

(Tomado de Semana)

KAREN ABUDINEN A DEBATE DE CONTROL POLITICO EN EL SENADO

APARECIERON LOS RESPONSABLES DEL MAGNICIDIO DE ALVARO GOMEZ HURTADO

Farc reconocen autoría del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.El anuncio fue hecho este sábado por la magistrada Patricia Linares, presidente de la JEP. La extinta guerrilla también reconoció su responsabilidad en otros homicidios.

Patricia Linares, presidenta de la JEP, anunció este sábado que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR), después de una reunión celebrada el 25 de septiembre, recibió una carta en representación del antiguo secretariado de las Farc-EP, en la que asumen su responsabilidad en el asesinato del líder político Álvaro Gómez Hurtado, en hechos ocurridos el 2 de noviembre de 1995. Por lo tanto, esta extinta guerrilla ofreció a este tribunal aportar verdad y esclarecer lo ocurrido.

Así mismo, asumió la responsabilidad en los siguientes casos:

- Homicidio de Hernando Pizarro León-Gómez, 25 de febrero de 1995

- Homicidio de José Fedor Rey (Javier Delgado), 30 de junio de 2002

- Homicidio de Jesús Antonio Bejarano, 15 de septiembre de 1999

- Homicidio del general ( r ) Fernando Landazábal Reyes, 12 de mayo de 1998

- Homicidio del representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín, 15 de noviembre de 1987

La JEP también indicó que la carta fue recibida el día 30 de septiembre de 2020, y que está firmada por Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Pablo Catatumbo Torres Victoria, y sus abogados. “El contenido de esa carta ya se encuentra en trámite en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para lo de su competencia”, concluyó ese tribunal.

El anuncio de la JEP se da luego de que este viernes la Fiscalía citara a diligencia de declaración a la exsenadora de la república, Piedad Córdoba, luego de que ella dijera días atrás que tenía información sobre el asesinato del líder político Álvaro Gómez Hurtado.

El pasado 9 de septiembre, en el programa El Debate de SEMANA, la exsenadora y excandidata a la presidencia Piedad Córdoba dijo que ella sí sabía algo sobre ese magnicidio, y que presentaría las pruebas ante la Comisión de la Verdad.

La ex-congresista manifestó que el país necesita saber la verdad sobre dicho caso y, que si bien no practica la ideología política de Gómez Hurtado, debía reconocer que fue un hombre muy importante para el país.

“Yo lo que sé sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado no lo voy a volver un tema de farándula, ni mediático, lo voy a decir en la Comisión de la Verdad, porque creo que el país necesita saberlo, porque vuelvo y reitero, aquí se asesina a líderes y líderesas y pareciera que no afectara a la sociedad, y sí afecta, como son las masacres por ejemplo”, explicó Córdoba en El Debate.

"Lo que sé sobre Álvaro Gómez no lo voy a volver un tema de farándula"

Además, dijo que al decir que tenía información sobre el magnicidio de Gómez Hurtado, no estaba pensando en cálculos hacia el uribismo, recalcando que ella no pertenece a esa colectividad. “Yo no tengo cercanía ideológica, ni personal, ni sé si al uribismo le conviene que fue julano o fue sutano. Yo creo que lo que le conviene al país es la verdad, es necesario que el país sepa la verdad y que el país tenga claro quiénes fueron realmente los actores, y no que investigaciones dirigidas conduzcan a que no se sepan, o que paguen los platos rotos como en el caso del asesino de Galán, una persona que estuvo en la cárcel y no tuvo nada que ver y que luego su nombre ni siquiera pudo ser limpiado porque se murió. Estoy muy convencida de que esto se sepa”, manifestó Córdoba en SEMANA.

Cabe recordar que tras enterarse de un encuentro que se llevó a cabo en el apartamento del exministro Juan Fernando Cristo, y donde estuvieron presentes el expresidente Juan Manuel Santos; el jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño; y el senador Iván Cepeda, la exsenadora Córdoba publicó unos mensajes a través de su cuenta en Twitter donde les decía que debían aprovechar esa reunión para encontrar la verdad sobre el magnicidio de Gómez Hurtado.

Piedad Córdoba sabe quiénes fueron: Federico Gutiérrez por caso de Álvaro Gómez

“Señor Premio Nobel Juan Manuel Santos, ex-ministro Juan Fernando Cristo, senador Iván Cepeda, señores Rodrigo Londoño Timochenko y Carlos Lozada, ya que se están reuniendo para avanzar en la verdad, sería muy bueno que la encontraran sobre el asesinato del Dr. Álvaro Gómez Hurtado”, escribió la exsenadora en ese entonces.

Y fue más allá. Dijo que debido a ese caso, había muchos militares que estaban “pagando los platos rotos”: “Y que por ahí derecho le cuentan la verdad al ex-presidente Samper. Es muy importante saber la verdad porque por el asesinato del Dr. Álvaro Gómez Hurtado hay unos militares pagando los platos rotos”, agregó Córdoba.

No obstante, Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, habló este viernes en Semana Noticias sobre las pruebas que tendría Piedad Córdoba del magnicidio del líder conservador. Dijo que lo tomó con mucha sorpresa, como a muchos colombianos, pero que le resultaba extraño y difícil confiar en la ex-congresista.

“Estaba ausente de los medios y ahora sale con una sorpresa de que sabe quién mató a Álvaro Gómez. Todo está bien pensado, quieren llevar el caso a la JEP para que le echen la culpa a un guerrillero muerto, Tirofijo o el Mono Jojoy”, señaló Mauricio Gómez.

Así mismo, el hijo del líder político asesinado aseguró que la excongresista seguramente expondría algunos audios o documentos y así el proceso pasaría a cosa juzgada y le quitaría la competencia a la Fiscalía: “Y se acaba el caso y todo el mundo tan contento sobre todo los señores Serpa y Samper”.

Además, se preguntó por qué la exs-enadora no fue a la Fiscalía que es el “órgano regular. Que si uno tiene noticias debe ir a la Fiscalía, por qué está tratando de ir a la Comisión de la Verdad; es lo que ella quiere, ayudar a su gran amigo Samper”.


LO QUE SUCEDIÓ DURANTE LA AUDIENCIA A ALVARO URIBE VELEZ

Durante la audiencia ante la juez 30 de Bogotá el representante de la Fiscalía señaló que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez no iba a iniciar de ceros pero que se debía conceder la libertad del ex-mandatario.

E​l fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, encargado del caso inició su intervención pidiendo que el caso se mantenga en el campo judicial y legal y no en lo político, para que se resuelva "lo que en derecho corresponda".

Jaimes Durán indicó que hay que resolver cómo preservar el ordenamiento judicial al realizar el cambio de un sistema penal a otro, pues la misma normatividad no da esa claridad y se debe acudir a la interpretación que han dado los mismos jueces.

Añadió que el tema es de la mayor complejidad y se debe resolver con toda la rigurosidad en temas de garantías procesales y teniendo en cuenta las consecuencias sobre el proceso y las partes.

Al igual que Granados, el fiscal del caso hizo referencia al precedente de 'Jesús Santrich' y dijo que el caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía en una etapa avanzada y ya en el alto tribunal se había resuelto la situación jurídica del procesado.

Dijo que en la Fiscalía el proceso siguió en etapa de investigación.

Jaimes Durán señaló que las actuaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia en el caso Uribe son válidas y se tomaron en el marco de su competencia.

Hizo una larga explicación sobre las diferencias entre la imputación de cargos en el nuevo sistema y la indagatoria en el viejo esquema para concluir que no se pueden equiparar.

"No es lo mismo y no se puede decir que es lo mismo la indagatoria y la imputación de cargos", precisó el fiscal Jaimes Durán tras señalar que en el primero apenas se está investigando y en el segundo ya hay todo un trabajo investigativo que ha permitido llegar a conclusiones sobre la presunta responsabilidad del procesado.

El funcionario del ente acusador indicó que han empezado a revisar el caso y han encontrado circunstancias que permiten concluir que la forma de vinculación realizada afecta el debido proceso y se registran vulneraciones al ordenamiento legal.

Aclaró que en la indagatoria realizada en la Sala de Instrucción se hace referencia a un hecho penal pero que hay omisiones que dificultan el derecho a la defensa.

Dijo que más allá de las diferencias entre la imputación y la indagatoria, se detectó que la diligencia realizada en la Corte “no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes, y menos de una manera organizada y concatenada que nos permita calificar el desarrollo de esa diligencia como una forma clara y sucinta de transmisión de una información suficiente para que el indagado y su defensa activen sus derechos, en particular el derecho a defenderse”.

Indicó que entre las omisiones se encuentra que no se dijo con claridad el alcance de los señalamientos en cuanto a la autoría o participación de Uribe Vélez en los hechos investigados.

“Nunca se le puso de presente al procesado ni el carácter de imputación como determinación, ni su modalidad ni circunstancias. Razones que sirvieron de acopio al momento de resolver la situación jurídica del procesado para imponer medida de aseguramiento”, dijo el fiscal.

“Tal aspecto resulta de gran trascendencia desde la perspectiva del debido proceso en exigencia constitucional y legal desde el derecho a la defensa”, sostuvo el fiscal y añadió que en la indagatoria “Hay una mínima precisión frente a los delitos que se le encontraron” al investigado “lo que contraviene la legalidad y dificulta el derecho a la defensa”.

Dijo que por ejemplo no se le puso en conocimiento a Uribe Vélez la posibilidad de confesión o sentencia anticipada o alguno de los mecanismos para la terminación anticipada de los procesos.

Igualmente criticó que la indagatoria fue desordenada y que no hubo claridad sobre la calidad de delito por el que estaba siendo investigado.

Además dijo que la indagatoria se realizó el 8 de octubre de 2019 y desde allí se debió garantizar un tiempo razonable pare el derecho a la defensa, pero por el cambio de sistema eso no ha sido posible.

Y aunque no pidió ninguna nulidad sí advirtió que esas situaciones detectadas podrían generar un riesgo en ese sentido.

Precisó que  el documento de más de 1.500 páginas en el que se resolvió la situación jurídica no se puede considerar una imputación de cargos al no cumplir con el requisito de “contenido respecto de un relato claro y sucinto de los hechos para ser transmitidos de forma puntual para que el receptor de las mismas quede vinculado al proceso”.

Dijo que el sistema judicial debe responder a las víctimas y su petición de verdad y justicia, pero que esto no puede afectar el debido proceso y poner en riesgo al proceso de nulidades futuras.

Y concluyó que el proceso debe seguir en la etapa de investigación y dejar sin efecto el acto de definición de la situación jurídica otorgando la libertad a Uribe.

"La investigación no parte de cero", añadió el funcionario tras indicar que no habrá impunidad y que seguirán examinando las evidencias que en su momento recolectó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

El fiscal dijo que "el debido proceso es un derecho humano que está en la ley y en la declaración Universal de los derechos humanos" y su respeto legítima la acción del Estado.  

Según la interpretación de la Fiscalía la investigación seguirá avanzando pero no tendrá en cuenta la indagatoria ni la decisión que resolvió su situación jurídica.

El abogado Jaime Granados Peña, defensor del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez formalizó la petición de libertad inmediata de su cliente asegurando que no se está cuestionando la decisión de la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su detención , sino el efecto que tendría en el proceso el cambio de sistema por el que se adelanta ahora la investigación.

Granados señaló que en el año 2002 se estableció en la Constitución que le corresponde a la Fiscalía pedir las medidas de aseguramiento que corresponden para que las personas acudan ante los jueces y que los jueces de control de garantías serán los encargados de resolver ese tipo de solicitudes frente a la libertad de las personas.

Y añadió que ese tipo de peticiones se dan al momento de la imputación de cargos contra las personas investigadas y bajo algunos parámetros establecidos en la misma normatividad.

El penalista señaló que al pasar la investigación del sistema de la ley 600 a la ley 906 se deben tener en cuenta tres aspectos. ¿En qué etapa procesal está el proceso?, ¿En qué calidad se encuentra el investigado?, y si él debe seguir privado de la libertad.

Dijo que cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema definió que había perdido competencia sobre el caso tras la renuncia de Uribe vélez al Senado, no dijo cómo se debería dar el tránsito al nuevo sistema penal.   

Igualmente dijo que antes del cambio de sistema, se había realizado una indagatoria, se resolvió la situación jurídica de Uribe Vélez ordenando su detención, pero no se cerró la etapa de investigación. Por ello dijo que ahora el proceso tendría que quedar en la etapa de indagación y se tendría que ordenar la libertad. "No se puede equiparar la diligencia de indagatoria con la imputación de cargos",señaló Granados.

Dijo que cuando la Fiscalía va imputar cargos es cuando ya tiene claro lo que sucedió, cuando considera que ya tiene evidencias suficientes para llevar al procesado ante los jueces y en cambio en la indagación apenas vincula a la persona a un proceso que está investigando aún.

Granados mencionó varios precedentes judiciales para ratificar que el proceso no puede seguir en la etapa de imputación de cargos.  Y advirtió que en el futuro una decisión contraría abriría la puerta a una nulidad de lo actuado.

Igualmente señaló que si se fuera a equiparar la indagatoria con la imputación, ya estarían vencidos los términos para la presentación del escrito de acusación.

Presentó como antecedente el caso del congresista León Freddy Muñoz capturado en junio de 2018 con una sustancia con rastros de cocaína. Fue detenido e imputado ante un juez y al ser elegido en el Congreso su caso pasó a la Corte Suprema, pero no para avanzar en el juicio en su contra sino apenas para la investigación.

Indicó que Uribe Vélez tiene derecho a ser tratado con igualdad y que se le garanticen los derechos a su defensa.

Así mismo indicó que no es momento de dar el debate sobre qué pruebas o evidencias pueden seguir siendo usadas en el proceso, pues eso está en manos de la Fiscalía en este momento.

El ex-fiscal general Eduardo Montealegre advirtió que la Fiscalía pidió una nulidad en medio de la audiencia y que eso no estaba previsto que esa solicitud se hiciera en esta audiencia.

Montealegre, se presentó para ser reconocido como víctima del ex-presidente Uribe, y pidió que la audiencia se suspendiera para conocer la indagatoria que rindió el ex-senador ante la Sala de Instrucción de la Corte.

En ese mismo sentido se pronunció el ex-vicefiscal Jorge Ferrnando Perdomo, pues señaló que la Fiscalía sustentó gran parte de su argumentación en esa indagatoria.

Añadió que la audiencia era una petición de libertad y ahora se convirtió en una de nulidad, desbordando la razón para la citación.

La juez consideró que ni la defensa ni la Fiscalía solicitaron una nulidad de lo actuado  y que la petición de Montealegre y Perdomo no procede por lo que la audiencia debe continuar. Concedió un plazo de 45 minutos para que las víctimas conocieran la indagatoria. 

Al terminar ese tiempo inició la intervención del abogado Reynaldo Villalba, quien cuestionó a la Fiscalía y dijo que no entiende de dónde salen sus críticas a la indagatoria realizada en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Villalba dijo que no hubo afectaciones al debido proceso y que la Corte actuó con claridad y legalidad.

Dijo que es posible armonizar los dos sistemas para que el proceso siga su curso y se sumó a la advertencia de que se estaría buscando la nulidad del caso.

El jurista señaló que las decisiones de la Corte tanto la vinculación en indagatoria como la resolución de situación jurídica están en firme y que en el Código General del Proceso se podría hallar la salida al tema.

Allí, dijo el abogado, se señala que lo actuado en los procesos sigue con validez ante el cambio de juez y que esos elementos  se enviarán al juez competente. E insistió que la medida de aseguramiento contra Uribe Vélez debe quedar en firme.


El ex-fiscal Eduardo Montealegre pidió a la juez que se niegue la libertad del ex-presidente Uribe Vélez, y sostuvo que las solicitudes de la defensa del ex-mandatario y de la Fiscalía están basadas en "falacias e interpretaciones contrarias a la ley".


Montealegre dijo que ya hay precedentes de las Cortes que permiten hacer la adecuación de un sistema penal al otro. Dijo que los cambios se deben aplicar hacía adelante y no retrotrayendo las actuaciones.

Durante la audiencia se dieron dos llamados de atención a Montealegre por referirse  al fiscal del caso como el filósofo y a Granados como el letrado. Las partes pidieron que el debate se mantuviera sobre los argumentos presentados y no sobre las personas que participan en la misma.

Igualmente en algún momento se quejaron de lo extenso de la argumentación de Montealegre. La juez del caso incluso ordenó un receso tras un  rifirrafe con el exfiscal general.

"Esta es una petición de nulidad, disfrazada de solicitud de libertad", indicó Montealegre tras  la reanudación de la diligencia.

El ex-vicefiscal Jorge Fernando Perdomo señaló en la audiencia que devolver el caso a una indagación preliminar afectaría los derechos de las víctimas y habría más riesgo de  obstrucción  a la justicia y de prescripción penal.

Dijo que los precedentes mencionados por la defensa no se pueden ajustar al caso.

Perdomo pidió que se mantenga la medida de aseguramiento de Uribe Vélez y que se adecue un procedimiento adecuado de transición entre los dos sistemas que no afecte a las víctimas.

Al final de la audiencia y ya pasadas más de doce horas de audiencia intervino la Procuraduría que consideró que no son compatibles la audiencia de imputación y la indagatoria en el viejo sistema.

Por esto, dijo la Procuraduría, la medida de aseguramiento ordenada por la Corte Suprema perdió vigencia  y no puede seguir activa en el nuevo sistema.

La representante de la Procuraduría, consideró que ante la renuncia de Uribe al Senado y la pérdida de competencia de la Corte Suprema, la decisión de su libertad tendría que resolverla un juez de control de garantías luego de la audiencia de imputación de cargos. 

Indicó la procuradora María Lourdes Hernández que se le debe garantizar a Uribe Vélez el derecho al debido proceso y en ese sentido tendría que quedar en libertad.

Entre tanto la Fiscalía, dijo la procuradora, debe seguir investigando los hechos.La juez levantó la audiencia y dijo que dará a conocer su decisión el próximo sábado a las ocho de la mañana.

ALVARO URIBE EN DETENCION DOMICILIARIA EN EL UBERRIMO


La mañana de este miércoles, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, notificó que se hizo efectiva la detención domiciliaria en su contra, y que fue registrado con dactiloscopia como el preso 1.087.985 del sistema penitenciario colombiano, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Al dar a conocer el hecho en Twitter, el exmandatario pidió transparencia en su proceso.

«Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia».

Al ser consultada por CNN, la Corte Suprema de Justicia respondió que el proceso contra el expresidente Uribe se encuentra en fase de investigación y el caso no es público. Explican que «en Colombia están operando dos sistemas judiciales, un sistema penal acusatorio, que es público, y otro sistema que es regido por la ley 600 del 2000 que rige las investigaciones contra congresistas. Son las reglas de juego que el mismo Congreso puso. Este es el sistema que está investigando a Uribe. Tiene reserva legal».

La defensa de Uribe pidió que el caso fuera público, sin embargo, la Corte aún no responde esta petición.

La orden de la autoridad judicial contempla que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) deberá realizar visitas periódicas al lugar donde se encuentra el ex jefe de Estado, en su finca El Ubérrimo, ubicada en el departamento de Córdoba, en el noreste del país.

Por el momento, el también senador del partido Centro Democrático no tiene restricción de uso de redes sociales ni para hacer pronunciamientos públicos.

Álvaro Uribe Vélez es el primer expresidente de Colombia en enfrentar una orden de privación de su libertad.

El pasado 4 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impuso detención domiciliaria, acusado de soborno y fraude procesal, cargos que el exmandatario siempre ha negado.

La medida no constituye una sentencia de la Corte Suprema, sino que se trata de una acción en medio del proceso que enfrenta Uribe Vélez. En un comunicado, el presidente de la Sala Especial de la Corte confirmó que la decisión se habría tomado por considerar que hay riesgos de obstrucción a la justicia.

Todo empezó en 2014, en un debate en el Congreso en el que el senador de izquierda Iván Cepeda acusó a Uribe de estar involucrado en el surgimiento de grupos paramilitares y presentó una serie de testimonios. Un señalamiento que Uribe no solo negó, sino que respondió con una demanda ante la Corte Suprema en la que pedía investigar a Cepeda por supuesta manipulación de testigos.

Durante la investigación, el alto tribunal exoneró a Cepeda y abrió un proceso formal contra Uribe por los mismos señalamientos.



RIFIRRAFE EN EL CENTRO DEMOCRÁTICO CREA FISURAS EN SU INTERIOR

En la historia política de Colombia es difícil hallar un caso tan exitoso como el del Centro Democrático. En menos de una década pasó de ser una ilusión del expresidente Álvaro Uribe Vélez a una realidad que puso en la Casa de Nariño a uno de sus jóvenes militantes, Iván Duque Márquez.

En efecto, en 2013, Uribe convocó a un puñado de sus seguidores más fieles y a algunos disidentes del Partido Conservador y lo fundó como una opción de centro, aunque muchos de sus contradictores lo definen de extrema derecha. En 2014 se constituyó oficialmente como partido político al arrollar y obtener 20 curules en el Senado y 19 representantes a la Cámara.

Desde entonces inició sus tareas con dos características. En el fondo, una implacable y diaria oposición al gobierno de Juan Manuel Santos; y en la forma, una cohesión de hierro. Un gesto de Uribe era replicado al unísono por todas sus huestes.

Ahora al mando del Ejecutivo, el CD empieza a mostrar unas fisuras que si bien eran poco visibles quedaron en evidencia este viernes con la entrevista de la senadora María Fernanda Cabal concedida a EL TIEMPO.

La congresista hizo pública la inconformidad que corre en algunos sectores del CD por los recientes cambios hechos en el gabinete por Duque. “Yo lamento que el Presidente hubiera escogido el gabinete que escogió porque yo sé que él lo hizo de la mejor buena fe, queriendo poner técnicos y no políticos, pero olvidándose de una premisa fundamental: uno no puede gobernar sin política”, aseguró.

A la pregunta de si ella habría hecho algo diferente, respondió: “Hubiera nombrado el gabinete mucho más afín al partido, a la coalición del partido y a nuestros electores”. Ahí fue Troya. El senador Ernesto Macías reaccionó argumentando que el Presidente “está gobernando sin ‘mermelada’ ni clientelismo, pero a personas radicales y sectarias como la senadora Cabal, no le gusta y a eso le llama ingenuidad”.

En esta misma línea se ubicó el senador Ciro Ramírez: “Gobernar no es de ingenuidad, gobernar es cumplir con los colombianos y eso es lo que está haciendo el Presidente”, le dijo el congresista a EL TIEMPO en abierta contravía a las afirmaciones de su colega de corporación.

Pero ¿cómo se llegó a esta situación? Las grietas en el CD han sido causadas por tres factores. Uno, por la insatisfacción de varios de sus miembros con la gestión de Duque; dos, por el posicionamiento de cara a una futura carrera presidencial; y tres, el factor Uribe.

En el primer caso, es claro que a varios pesos pesados de la colectividad no les gusta cómo ha sido el desempeño de Duque. “El Presidente está conversando y no gobernando”, clamó el exministro del Interior Fernando Londoño, en sus micrófonos del espacio La hora de la verdad, un medio con una clara línea uribista, a finales de 2019.

Londoño respondió así a las acciones del Presidente para atenuar las movilizaciones sociales que a diario copaban las calles de las ciudades. En su alegato llegó incluso a mencionar que Duque debería pedir “una licencia transitoria”.

Para este sector del uribismo, en el que se ubican figuras como la senadora Cabal, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y al excandidato Óscar Iván Zuluaga, Duque debería haber actuado con más mano dura en lugar de responder a un paro con lo que llama la Conversación Nacional. Duque dejó en claro que tomaba distancia de Londoño al anunciar que no les iba a contestar a quienes “se alimentan de su propio odio”.

En paralelo, varias de las figuras del CD empezaban a sacar la cabeza para mostrar su interés en ser los sucesores de Duque, quien por norma constitucional solo tendrá este periodo. Aunque el mandatario solo lleva 17 meses en el cargo, los tiempos vuelan y ya el próximo año la campaña electoral estará en marcha.

En este grupo se han dejado ver tímidamente María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Rafael Nieto e incluso Cabal, quien le dijo a EL TIEMPO que si la gente se lo pide ella sería candidata. Y para nadie es un secreto que es un sueño que también alimentan el embajador en Washington, Francisco Santos Calderón, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Y el tercer punto es posiblemente el más importante, el factor Uribe. Se trata del político más exitoso e influyente en las dos últimas décadas en el país. Gracias a él, el CD tuvo un crecimiento de vértigo convirtiéndose en una fuerza decisiva en el Congreso y alcanzando la Presidencia de la República. Ahora la situación ha cambiado.

La imagen negativa del expresidente, especialmente entre los más jóvenes, supera en todo el país a la positiva. Y personalmente, él ha ido dejando caer con cuentagotas que si bien seguirá batallando por sus ideas no volverá a aspirar a un cargo público. Varios allegados consultados por EL TIEMPO confirman que a Uribe cada vez le gusta más estar con sus nietos.

Finalmente, hay un hecho del que poco se ha hablado, pero que también gravita en el ambiente. Algunos de los miembros del equipo de Duque en el gabinete tienen un perfil técnico y no están asociados a corrientes políticas ni a partidos en particular. Este hecho hace que su referente político más próximo sea el mandatario, y no del ideario del CD.

Se trata de varias figuras jóvenes que están despuntando en los cargos públicos y que no es claro si seguirán la senda del uribismo o si se identificarán con otras corrientes políticas.

Lo cierto del caso es que estos factores están empezando a dejar ver que hasta en el CD, un partido que actuaba como un sólido bloque, se delinean varias fisuras

Se trata de varias figuras jóvenes que están despuntando en los cargos públicos y que no es claro si seguirán la senda del uribismo o si se identificarán con otras corrientes políticas.

Lo cierto del caso es que estos factores están empezando a dejar ver que hasta en el CD, un partido que actuaba como un sólido bloque, se delinean varias fisuras.

(Tomado de El Tiempo)

COLOMBIA NO ES UN PAÍS POBRE : ALBERTO CARRASQUILLA

Para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “este es un país que tiene una estructura tributaria de un país muy pobre” que choca con la nueva realidad: “Ya no somos un país muy pobre; somos un país de ingreso medio que está en expansión”.

En plata blanca, Carrasquilla dice que los tributos que se pagan en el país no corresponden a las nuevas condiciones económicas.El funcionario dijo que, en consecuencia, Colombia tiene que “adecuar nuestra estructura tributaria a la nueva realidad”.

Las declaraciones del ministro coinciden con dos hechos que invitan a mirar con otros ojos al país y, naturalmente, a planificar de otra manera sus metas económicas.

En primer lugar, la decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar a Colombia –también a Argentina, Brasil y al menos 20 naciones más, de la lista de países de desarrollo- lo que implica una lectura distinta desde Washington.

Aunque para algunos analistas, la decisión de Estados Unidos de actualizar su lista de países en vías de desarrollo que recibían tratamiento especial en las investigaciones por subsidios, tal como lo dio a conocer el gobierno del presidente Donald Trump, no tendrá mayores efectos en las relaciones comerciales entre ambas naciones.

Entre las razones está el hecho de que “dos países cuentan con un tratado de libre comercio vigente desde 2012 y, debido a la coyuntura del comercio mundial, ha sido favorable desde el punto de vista de la balanza comercial, aunque beneficioso para todos desde todos los puntos de vista de la relación bilateral”, explica María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.

En segundo lugar está el hecho de que Colombia hubiera llegado a los 50 millones de personas, una cifra que pone a Colombia en el tercer puesto en número de habitantes, en América Latina, detrás de Brasil y México.

La cifra redonda, a hoy, es una característica única para el país, pues, según los datos de población de Naciones Unidas, en el 2020 la nación más parecida en este sentido será Corea del Sur, con más de 51 millones de habitantes, y otro país similar a Colombia en materia de población será España, que llegará este año (a mediados) también a los 50 millones de personas.

EL COSTO A PAGAR EN SEGURIDAD SOCIAL DE INDEPENDIENTES

Los independientes que trabajan por cuenta propia porque tienen un consultorio odontológico o prestan asesorías (por ejemplo) ya no podrán reportar los costos en los que incurren para realizar su actividad económica a fin de reducir el monto base de su cotización a la seguridad social.

La Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) emitió la resolución que reglamenta el tema y, aunque se trata de ampliar las reglas de juego, puesto que la norma ya venía prevista en el Plan de Desarrollo y luego fue ratificada en la llamada Ley de Crecimiento económico (reforma tributaria), la nueva resolución SI trae algunas novedades que hay que tener en cuenta.

La resolución incluye un listado de actividades a las que les podrán aplicar el concepto de presunción de costos, con lo cual, su seguridad social la aportarán sobre el 40 % del ingreso.

Hay que destacar que la presunción de costos es uno de los dos caminos existentes. En caso de que el independiente tenga todos los soportes de sus gastos y los presente a la entidad, será este el sendero válido.

De acuerdo con las explicaciones de la UGPP, los sectores escogidos, entre los cuales está la agricultura y ganadería, la construcción, el comercio al por mayor y menor, las actividades de salud, entre otras, son aquellas en las cuales es difícil demostrar los costos en los que se incurre para realizar la actividad económica.

Un odontólogo, por ejemplo, podía reportar gastos enormes, inclusive más altos de lo que le genera su actividad, alegando compra de equipos y materiales para atender a los pacientes.

Por ahora, pese a la expedición de la resolución, no se descarta que puedan ingresar más actividades a la lista.

Según la UGPP, se trata de un beneficio para el independiente, puesto que ya no tendrá que aportar el recibo que pagó al mecánico que le arregló el vehículo que utiliza para hacer su trabajo, ni la factura por tanquear el carro, lo que se convertía en un lio pues en las gasolineras no había facturación. Ahora, podrá escoger la presunción de que sus costos para ejercer la labor de la cual devenga su ingreso. 

De acuerdo con lo expresado por la UGPP, dicha cifra tope fue establecida con base en estudios serios que, finalmente, llevaron al número establecido.

En consecuencia, el trabajador independiente cuenta propia cotizará sobre el 40 %, tras aplicarle la presunción de que sus costos fueron del 60 %, y a se 40 % de su ingreso se le aplica el cobro del 16 % para su cotización al sistema pensional, y el 12,5 % para el de salud.

Hay que recordar que los independientes no están obligados a cotizar para riesgos laborales cuando no trabajan en actividades peligrosas.

Uno de los puntos claves que aclara la resolución es que la norma de presunción de costos no aplica para aquellos independientes con contratos de prestación de servicios, puesto que para ellos ya está establecido que su cotización a seguridad social es sobre el 40 % del valor del contrato.

En el país, el 43 % de las personas que aparecen en las estadísticas del Dane como ocupadas, trabaja por cuenta propia, según el informe de empleo del último trimestre del 2019. Ante el gran universo de trabajadores independientes, la UGPP considera que, con las reglas establecidas en la nueva resolución está dando un primer paso en lo que -estima- es ayudarles a arreglar su situación de informalidad ante el sistema de seguridad social y que ya vienen en procesos de fiscalización por parte de esa entidad de vigilancia.

"Queremos ayudarles a corregir los malos pagos que venían haciendo. La UGPP trata de formalizar a los colombianos, entre otras, porque es al ciudadano al que le conviene estar al día y de manera correcta con su seguridad social", indicó una fuente.

El vocero resaltó que están vigentes una serie de beneficios incluidos en la Ley de Crecimiento Económico, que cobijan tanto para a personas naturales (trabajadores) como a jurídicas (empleadores). Dichos beneficios dan la oportunidad de obtener reducciones de hasta el 80 % en sanciones e intereses cuando no se venía aportando a la seguridad social (no incluye pensiones). 

Los ciudadanos que ya tienen demanda por esos hechos (en aportes a la salud) pueden conciliar por rebajas hasta del 80 %, mientras que quienes vienen en acciones jurídicas de segunda instancia podrán obtener descuentos hasta del 70 %.

Las fechas límites para obtener los beneficios van hasta el 30 de junio o el 31 de diciembre, según el caso. De igual manera, a fin de que las personas en mora puedan ponerse al día, existe la posibilidad de lograr acuerdos de pago hasta por 12 meses.

Así que lo clave es acercarse a la entidad antes que ella sea la que busque al ciudadano.
(Tomado de El Tiempo)

ESA SEÑORA TIENE QUE ESTAR AQUÍ EN LA CÁRCEL : IVÁN DUQUE

El jefe de Estado, durante una visita a Ibagué, respondió sobre los señalamientos que hizo en su contra la hoy prófuga excongresista. Manifestó que Venezuela no se debería prestar para “la alcahuetería y corrupción”.

El presidente Iván Duque Márquez se pronunció este sábado sobre las declaraciones de la prófuga Aida Merlano, en las que asegura que el primer mandatario quería asesinarla y que su vida y la de su familia quedaba sujeta a su responsabilidad. Durante una visita a Ibagué, Duque respondió: “Yo no quiero matar a nadie, lo que quiero es que se haga justicia porque esta señora tiene una deuda con ella”, expresó. 

El jefe de Estado se encontraba en el Tolima inaugurando una serie de obras, como el inicio de construcción de un coliseo escolar, y entregó al departamento el viaducto de Gualanday II, “el más extenso proyecto de vías de tercera generación entre Girardot, Ibagué y Cajamarca”, según dijo Duque. Accedió entonces a contestar los interrogantes frente a las palabras de Merlano.

“Esa señora tiene que estar aquí en la cárcel. Es prófuga de la justicia y aquí la tienen que sancionar como se merece por corrupta, por bandida”, aseguró Duque. Acto seguido, afirmó que Venezuela, país vecino con el que hay una tensión diplomática, está terciando en favor de la fugitiva. 

“Debería (Venezuela) mandarla ya para Colombia y que no se siga prestando a la dictadura, la alcahuetería y la corrupción. Aquí las autoridades ya están procesando y cumpliendo con los propósitos. Que la dictadura de Venezuela no siga protegiendo la corrupción y el terrorismo, pues eso es lo que ha hecho (al país) muy notorio ante los ojos del mundo”, declaró. 

Reiteró, además, que a la fecha hay una solicitud expresa de la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno le pida a Venezuela extraditar a Merlano. Con eso, el mensaje de la Corte pretende que se activen las vías diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro (con quien están rotas las relaciones) para que envíen a la excongresista al país y que cumpla con los 15 años que le esperan en la prisión. 

La polémica por sus palabras se desató el pasado 6 de febrero, cuando la prófuga, luego de ser capturada en el vecino país, rindió una audiencia en Caracas. En su testimonio manifestó que toda la política tradicional colombiana era corrupta. Mencionó nombres como los del exfiscal Néstor Humberto Martínez, la casa Char, los Gerlein, y los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, involucrándolos en diferentes hechos de movimiento de dineros ilegales, ya fuese en campañas presidenciales o en elecciones locales. 

Fue en esa declaración que Merlano sentenció que Duque quería asesinarla.

( Tomado de El Espectador)

IVAN DUQUE RESPALDA LA REFORMA PENSIONAL

El presidente Iván Duque salió en respaldo de la ministra del Trabajo, Alicia Arango, sobre la necesidad de hacer una reforma pensional.

La reforma pensional se abre paso como el tema de discusión política de este 2020. La ministra del Trabajo, Alicia Arango, quien asumirá en cuestión de días la cartera del Interior, encendió la llama al dar unas pinceladas de los propósitos del Gobierno y que ella prefiere llamar “reforma de la estructura del sistema de protección a la vejez”.

La funcionaria, en entrevista con Caracol Noticias, aseguró que para que más personas coticen y aseguren así una pensión, “Colombia tiene que cambiar su forma de contratar”. El debate se inició con múltiples críticas hacia ella.

Arango mostró su desazón por algunos comentarios y reaccionó: “Que triste que la lucha por las prestaciones sociales de los colombianos solo puedan ser para quienes trabajan tiempo completo”, escribió en su cuenta de Twitter. “Hay muchas profesiones y oficios que hoy lo hacen así, porque la ley lo permite. La diferencia es que no tienen prestaciones, que sería lo justo”, argumentó.

El presidente Iván Duque salió en defensa de su ministra. En las últimas horas, afirmó que el país necesita sacar adelante la protección de la vejez, a través de herramientas en las que la prioridad sea el aumento de la cobertura y que se garantice equidad.

Duque, además, precisó que este proceso se hará en la Mesa de Concertación Laboral, de la cual hacen parte los gremios empresariales y las organizaciones obreras.

“Yo tengo un compromiso: hay que sacar adelante la protección de la vejez en Colombia”, enfatizó Duque, y agregó: “Nosotros queremos concertar unos mecanismos de protección a la vejez” sobre la base “de un debate que se tiene que dar, primero, en la Mesa de Concertación Laboral, donde empresarios, trabajadores y Gobierno discutamos sobre esa necesidad de equidad para Colombia”.

“¿Qué me preocupa? Que tengamos poca cobertura pensional, lo cual significa tener adultos mayores que van a llegar a momentos críticos de su vida sin ingresos. Hoy somos un país con 5 millones de personas mayores de 65 años, pero entre 20 y 25 años vamos a ser 15 millones. Si no empezamos, desde ya, a buscar herramientas de protección y de cobertura, sobre la base de equidad, el problema que vamos a tener más adelante es tremendo”, explicó el jefe de Estado.

En ese sentido, el Presidente dijo que se empezará por revisar si los subsidios están llegando a quienes realmente los necesitan, “o si los estamos concentrando en las personas de mayor ingreso”.

“Aquí estamos discutiendo cómo, como país, vamos a tener equidad para proteger a la población que se está envejeciendo rápidamente”, aseveró.

Duque indicó que esta discusión debe ser profunda, seria, balanceada, racional y sostenible fiscalmente.

Las afirmaciones de Duque, hechas en una entrevista con Fernando Quijano, director del diario económico La República, van en línea con las de la ministra, quien ha dicho que el Gobierno se ha comprometido a que las decisiones que se tomen respecto al tema laboral serán discutidas en diálogo social, donde intervienen todas las partes involucradas en esa cuestión.

Desde la otra orilla, los trabajadores han rechazado el abrebocas de lo que será una reforma pensional.

“Cuando el Gobierno dijo al hablar de la reforma pensional en el paro que era una cosa que él no tenía en la cabeza, hoy está claro que sí lo tiene en la cabeza”, dijo, por ejemplo, Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.

Lo cierto es que Arango entró marcando la agenda política del escenario en donde se moverá en cuestión de días. Está claro que la iniciativa se presentará este año al Congreso.

En su entrevista con Caracol, la aún ministra del Trabajo reveló que el Gobierno buscará sacar adelante una reforma pensional que se enfoque en mantener pilares básicos y sensibles como no modificar la edad de pensión, conservar la pensión de sobreviviente, respetar los derechos adquiridos, fortalecer Colpensiones y no subir la tasa de cotización actual.

Sin embargo, dijo, los recursos que hoy se destinan a subsidiar las pensiones en el régimen de prima media serán reorientados.

“Tienen que cambiar porque hoy los mayores subsidios van a las pensiones más altas y no a las pensiones más bajas. Eso es un absurdo de un tamaño… lo tenemos que corregir”, indicó Arango.

"Lo que nosotros tenemos que hacer es una combinación entre los dos regímenes, el de ahorro individual y el de prima media, (...) queremos hacer una especie de pirámide en la que esté arriba un sector solidario, es decir, Colombia Mayor, todos aquellos ancianos desprotegidos que son una cantidad y que han trabajado toda la vida y salen a pedir subsidio".

De acuerdo con la funcionaria, el Gobierno ha establecido unos puntos inamovibles para esta reforma, como son no modificar la edad de jubilación —de 62 años para los hombres y de 57 años para las mujeres—, la tasa de cotización, la edad de supervivencia, los derechos adquiridos ni los subsidios.

"Lo que queremos es que se respeten los derechos adquiridos de los que ya se pensionaron y de los que no se han pensionado, pero que están a punto", dijo.

Para sostener esta tesis, Arango y Duque acuden a las cifras. De acuerdo con la ministra, en Colombia hay 23 millones de trabajadores y alrededor de 3 millones de pensionados que le cuestan al país cerca de 25 billones de pesos al año por cuenta de los subsidios, que, según la ministra, "en Colombia pasa un tema muy grave, y es que la gente que tiene más pensión tiene más subsidio (...) es absurdo que los subsidios se vayan a los que más ganan, el subsidio tiene que ser para el más vulnerable siempre".

Así las cosas, el Gobierno Nacional empezó a mostrar sus cartas del asunto que seguramente copará la agenda política de este 2020. El debate apenas comienza

(Tomado de El Tiempo)