En la tarde del viernes, José Fernando Jaramillo perdió la vida tras recibir 10 disparos dentro de su vivienda, en la vereda El Torrente del municipio de Ituango. Jaramillo hacía parte de la junta de acción comunal de la vereda Pascuitá, de la que era presidente su cuñado José Abraham García, también asesinado el pasado 26 de junio.
Ambos nombres están hoy en una lista de 40 asesinatos que podrían encajar en la escalada contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero que aún no han sido verificados por Naciones Unidas. Si a esa macabra estadística se suman los 33 homicidios que ya están en las listas oficiales de este año, el país podría haber alcanzado, en apenas seis meses, la cifra de crímenes del año pasado: 84.
En las estadísticas avaladas por la ONU aparecen 186 nombres de personas que murieron entre el 2015 y lo que va del 2018, para un total de 219 casos verificados. Esto quiere decir que cada mes se han registrado, desde tres años y medio, una media de cinco homicidios de líderes y defensores de derechos humanos.
Aunque la mayoría de las investigaciones están en proceso, en muchos de los casos se señala como responsables a grupos claramente identificados: el ‘clan Úsuga’ en Antioquia, Córdoba y la región de Urabá; una facción suya conocida como ‘los Caparrapos’, que se independizó en la zona del bajo Cauca desde el momento en que ‘Otoniel’, máxima cabeza de la banda, anunció su intención de someterse a la justicia, algo que aún no cumple.
También aparecen los frentes ‘Manuel Vásquez’, ‘José María Becerra’ y ‘José David Suárez’ del Eln, en el suroccidente del país, especialmente en el Cauca, y las disidencias de las Farc de ‘Mordisco’ y ‘Guacho’ en Nariño. Aunque ayer, en un comunicado, el Eln negó estar tras los asesinatos de líderes y dijo que los están acusando sin pruebas.
Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía no han identificado, en tres años, que se trate de una escalada coordinada a nivel nacional, como sí ocurrió durante el genocidio de la Unión Patriótica a mediados de los 80.
Los móviles van desde intentos por frenar la restitución de tierras hasta los de impedir que más comunidades salgan de la coca, pasando por la persecución contra quienes se oponen a la minería ilegal y los que se han atrevido a denunciar la irrupción de actores ilegales en antiguas zonas de Farc. Y en algunos casos se estableció que el crimen no tuvo relación con el papel de líder de la víctima.
Y si bien el nivel de esclarecimiento de estos hechos no supera el 50 por ciento, los índices de impunidad son mucho menores que en el resto de homicidios reportados, que en general alcanzan el 25 por ciento. A la fecha, la Fiscalía tiene pistas claras en 87 casos de 178 homicidios ocurridos desde el 2016. En esos casos se ha logrado la captura de 165 delincuentes. Hay otros 104 en indagación, 36 en juicio y 16 con condenas.
Delincuentes de alto perfil han caído por las investigaciones por este flagelo. Aris Yírber Caicedo, alias Cholo; Jefferson Chávez, alias Cachi, y Wílber Antonio Quiñónez, ‘Curandero’, integrantes de la disidencia de ‘Guacho’, fueron capturados y están procesados por el homicidio –en octubre del 2017– de José Jaír Cortés, activo promotor de la sustitución de cultivos ilícitos en Tumaco.
El 11 de mayo también fue detenido Samuel Javier Yotengo, alias Mordisco, cabeza de una disidencia de las Farc y a quien además del asesinato de tres policías en Miranda, Cauca, en septiembre de 2017, se le atribuyen asesinatos de líderes sociales que estaban impulsando la sustitución de cultivos de coca.
Aunque históricamente los departamentos más golpeados eran Antioquia, Cauca y Nariño, este año se ha registrado un alarmante repunte de asesinatos en Norte de Santander, Chocó y Arauca. Integrantes de juntas de acción comunal y líderes campesinos, comunitarios e indígenas representan la mayor cantidad de víctimas.
Aunque se trata de una situación que ha venido afectando la implementación de los acuerdos de paz desde hace ya casi tres años, la última semana ha sido particularmente violenta. Además de Jaramillo fueron asesinados Luis Barrios en Palmar de Varela, Atlántico, y Felicinda Santamaría en Quibdó, Chocó. Barrios era el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de su municipio y era reconocido por ejercer control a la gestión de la administración local y por denunciar actos ilegales, en especial relacionados con tráfico de drogas. Y Santamaría era la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Virgen del Carmen, de la comuna 2 de Quibdó.
Además de esos dos casos ya verificados por Naciones Unidas, un día antes fueron asesinados Leonedis Aléiser Sierra, en Tarazá, Antioquia, y Gabriel Adolfo Correa, en Buenos Aires, Cauca, quienes de acuerdo con sus comunidades desempeñaban actividades de liderazgo social. El domingo fue asesinado en Puerto Libertador, Córdoba, Iván de Jesús Lázaro, exsecretario de la junta comunal de la vereda Rogero y que se destacaba por liderar procesos deportivos y culturales.
Ana María Cortés, quien apoyó la campaña de Gustavo Petro en Cáceres, Antioquia, fue asesinada el miércoles. Se sindica a la banda de ‘los Úsuga’, y aunque el excandidato dijo que hay una supuesta persecución contra su movimiento, las autoridades manejan otras hipótesis que en principio no tienen que ver con actividades políticas.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que la nueva dinámica delictiva de los territorios está caracterizada por el surgimiento de organizaciones al servicio del narcotráfico, lo que ha generado nuevos conflictos en los que los líderes sociales se están viendo afectados en medio de “unas batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlas de los cultivos ilícitos y de esta guerra por el territorio”.
El presidente Juan Manuel Santos dijo que, en respuesta a lo que viene pasando, le pidió al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, “enviar a terreno a inspectores del Ejército y la Policía para supervisar y evaluar acciones de la Fuerza Pública en la protección de líderes”.
Y el presidente electo, Iván Duque, afirmó que garantizar la seguridad de los líderes debe ser una prioridad. “No acepto, como colombiano, que ninguna persona se vea amenazada por su pensamiento, por su raza, por sus condiciones personales, y lo que quiero es un país donde brille la legalidad y donde todos los colombianos se sientan protegidos”, dijo Duque.
(Tomado de El Tiempo)