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FAMILIA AMBUILA DE CRISTIANOS A CORRUPTOS


Familia Ambuila haría parte de una congregación cristiana en Cali Jenny Ambuila ostentaba su lujosa vida en redes sociales. 

Desde el pasado fin de semana, los Ambulia pasaron del anonimato a ser una de las familias más reconocidas de Colombia, aunque no precisamente por aspectos positivos de su vida, sino por ser partícipes de uno de los casos de corrupción más grandes que giran alrededor de la entrada y salida de productos en el puerto de Buenaventura.

Ómar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian, era uno de los encargados de permitir el paso de mercancía ilegal por medio de este puerto comercial. Por supuesto, este acto delictivo que le originaba grandes sumas de dinero, tanto para beneficio de él como de su esposa, Elba Chará, y su hija, Jenny Ambuila.

Este caso ha causado gran impacto en el país, sobre todo por el estilo de vida que llevaba esta familia, sobre todo la hija, quien en redes sociales ostentaba ser dueña de lujosos autos, como un Lamborghini, vestir prendas costosas de famosos diseñadores y viajes a lugares paradisiacos.

Sin embargo, en las últimas horas fue la moral de los Ambulia la que se colocó en tela de juicio cuando se supo que la familia asistía a una iglesia cristiana en Cali, y que además eran líderes espirituales de la congregación. Así lo hizo saber el representante administrativo de la Comunidad Cristiana de Paz, Ricardo Díaz.

“La familia hace parte de la Comunidad Cristiana de Paz, están en la iglesia aproximadamente unos doce años y también han ejercido a través del tiempo una especie de liderazgo en la iglesia con la gente, en lo que respecta a nuestra actividad ministerial que se basa en invitar a la gente a estar en la iglesia, en ciertos espacios que tenemos en la semana para compartir el mensaje y la palabra de Dios”, dijo Díaz, en entrevista con La FM.

Asimismo, el administrativo indicó que esta familia era una de la que más colaboraba económicamente con la iglesia, pero aclaró que, aunque no en la misma cantidad, todos los feligreses aportan al crecimiento de la congregación por medio de sus ofrendas.

“Las iglesias se construyen con la ayuda y con el apoyo de muchas personas, todos ponemos un granito de arena y seguramente ellos ponían su grano de arena”, explicó Ricardo.

Cabe recordar que todos los integrantes de los Ambuila fueron detenidos de manera preventiva por la Fiscalía General de la Nación, mientras que se realiza el debido proceso judicial en su contra

LA FISCALÍA ENTREGA RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES POR FRAUDE ELECTORAL

La Fiscalía entregó los resultados de las primeras investigaciones de corrupción electoral en los comicios para el Congreso de la República.

Al revelar una serie de pruebas sobre diferentes tipo de delitos electorales, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció este jueves que le pidió a la Corte Suprema abrir investigación contra los congresistas electos Lilibeth Llinas (representante a la Cámara), Fabián Castillo (senador de la República) y Margarita Restrepo (representante a la Cámara).

En las decisiones anunciadas se ratificó la compulsa de copias contra la senadora electa y detenida Aida Merlano. De la misma forma reveló que en las denuncias de corrupción figuran el senador electo Julián Bedoya, per sobre ellos no hay decisión de abrir investigación. También está en el proceso judicial el llamado a interrogatorio a los hermanos Julio y Mauricio Gerlein Echavarria.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó que uno de los primeros operativos fue la operación 'Casa Blanca', que permitió poner en evidencia a una empresa criminal que funcionaba en servicio de campañas políticas.

De acuerdo con el funcionario, los electores recibían dinero a cambio de votos. Una de las involucradas es la congresista investigada Aida Merlano.

En uno de los videos presentados se observa a la senadora Merlano repartiendo dinero a los líderes que se encargaban de pagar a los electores, como si se tratase de una mercancía. "Los electores llegaban a hacer fila".

La red contaba con dos fuentes de financiación. En la red pública habrían contratos de prestación de servicios con el Concejo de Barranquilla. "Los beneficiarios eran personas que trabajaban para la 'Casa Blanca'. Tenían contratos al mismo tiempo con el Concejo".

En la fuente privada se identificaron cientos de cheques provenientes de particulares. "Fueron cobrados por personas que trabajan para la red criminal Edwin Martínez, quien está captrudado.. En febrero cobró 21 cheques que superaron los mil millones de pesos. Otro colaborador, cobro en un solo día 500 millones.

Según Martínez, en este caso se habría violado los topes de gastos de las campañas electorales y se incurrió en tráfico de votos. "Hay más dirigentes políticos comprometidos", indicó.

Las pruebas muestran que 'Casa Blanca' también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás,quien no alcanzó a ser elegida.

Durante esta primera fase fueron capturadas cinco personas en flagrancia, a quienes se les imputó inicialmente el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado.

El próximo 30 de julio la Fiscalía imputará estos delitos a las siguientes personas:

-A la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

-A los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

-A los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

-A los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

Así mismo, Martínez expuso que un contratista de la Secretaría de Integración Social de  la Alcaldía de Bogotá, Julián Gutiérrez, habría amenazado a personal trabajador de jardines infantiles para votar a la Cámara de Representantes por Diego Caro y al Senado por María Fernanda Cabal, ambos miembros del Centro Democrático.  

De acuerdo con el Fiscal, Gutiérrez "supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la Localidad de Kennedy (en Bogotá) que votaran de forma direccionada por el candidato Diego Caro y su fórmula al senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo no se le renovarían sus contratos".

Además, a los trabajadores se le habría exigido un listado con diez familiares, con número de cédulas y direcciones de residencia. "También se habría pagado 200 mil pesos por 'reconocimiento a su colaboración' a algunas docentes".

Néstor Humberto Martínez afirmó que el próximo 3 de julio se le imputarán a dos personas, entre esas Julián Gutiérrez, los cargos de constreñimiento y corrupción al sufragante.

Al respecto, María Fernanda Cabal en un comunicado expresó que se hizo una campaña limpia y propositiva "con un muy limitado y austero presupuesto".

Aseguró además que no está vinculada a ningún proceso "pero estaré dispuesta a colaborar con la administración de justicia para que se llegue a la verdad de estos hechos".

Martínez también mencionó una estructura de compra de votos y constreñimiento electoral en la ciudad de Medellín. “La campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara y reelegida al Congreso, ofrecía tablets y televisores por módicos 300.000 pesos, siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 de su partido (Centro Democrático). Las evidencias materiales recogidas por el fiscal de conocimiento indican que la campaña alcanzó a recaudar una suma importante de sus votantes y les condicionó la entrega a la demostración de que votaron por su candidata”, afirmó.

Según dijo, el fiscal de conocimiento acopió “numerosas pruebas que indicarían que Alejandro Cuartas habría comprado votos”.

El subdirector del Sena en Caucasia, Braulio Suárez, habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo, Julián Bedoya Pulgarín.

Según las investigaciones, Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido en el Congreso, el subdirector del Sena se encargaría que quienes tenían contrato con el Sena lo mantendrían y quienes no lo tenían podrían ser nuevos contratistas.

El día de las elecciones fue capturado Sergio Lora Ávila, con 7 millones de pesos en efectivos y propaganda del senador electo Fabián Castillo. En el celular se mencionaba el nombre de varias personas que estarían involucrados.

También está documentado en el expediente que el electo senador Fabián Castillo, habría estado visitando al detenido Lora Ávila en la estación de policía a la cual fue inicialmente conducido para el proceso de judicialización.

En el marco de la investigación, Lora Ávila habría justificado el porte de efectivo mediante la presentación de un contrato de transporte del día de elecciones, suscrito con el entonces candidato al senado Fabián Castillo, en el que se comprometía a prestar ese servicio en Magdalena.

El fiscal concluyó que dicho contrato era contrario a la realidad, al punto que aparecen placas de vehículos que no existen. 

También se solicitará audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, a quien se le imputará el delito de tráfico de influencia de servidor público, por presuntamente haber intentado favorecer a Lora Ávila durante el proceso de judicialización.

Felipe Muñoz, aspirante a la Cámara y miembros de la comunidad de López de Micay denunciaron que, en este municipio pudo haber alteración en los resultados de las elecciones al Congreso, que habría beneficiado a Faber Muñoz, quien fue elegido como cuarto representante a la Cámara por el departamento del Cauca.

Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete mesas de seis corregimientos donde, aparentemente, los resultados del preconteo no se habrían reportado oportunamente a la Registraduría departamental y, además, habrían aparecido al menos de 250 votos marcados en favor del entonces candidato. "La equis con que se marcaron tienen el mismo patrón, habrían sido marcados por la misma persona".

Hay investigaciones abiertas en otras regiones del país. La Fiscalía prometió que dará a conocer los resultados "en tiempo real".

CARCEL PARA MAGISTRADOS CORRUPTOS DEL META PIDE LA FISCALIA


Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez son procesados por presuntamente haber pedido sobornos con el fin de favorecer a exparamilitares en procesos judiciales.

La Fiscalía General solicitó formalmente cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta, Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Díaz Rodríguez en el marco del proceso que se adelanta por presuntamente haber solicitado sobornos para favorecer a integrantes de bandas criminales y exparamilitares en procesos penales.

En la petición presentada ante el magistrado Fernando Pareja de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta se manifiesta que la medida es necesaria puesto que los ahora procesados pueden afectar la investigación mediante la manipulación y alteración de pruebas, así como su inasistencia a las citaciones de las autoridades judiciales. 

En este último punto consideró que el riesgo de fuga es posible puesto que los magistrados cuentan con los recursos económicos para salir del país. Igualmente, debido a la gravedad de los hechos investigados representan un peligro para la sociedad. (Ver: Con mujeres, licor y $3.000 millones "compraron" a magistrados del Tribunal del Meta)

La delegada del ente investigador aseguró que los magistrados montaron una “empresa criminal” dirigida a otorgar beneficios judiciales a cambio de altas sumas de dinero. “Es un actuar reprochable”, señaló en su solicitud para que sean enviados a un centro carcelario. “Hay necesidad y urgencia de la medida”.

En su extensa intervención, la fiscal del caso aseguró que con su actuar beneficiaron a peligrosos delincuentes. “Se pretende evitar que se siga con las actividades delictivas y que cumplan con la pena, que sería alta. Existe evidencia para inferir de los tres implicados su conducta delictiva”.

En el desarrollo de la diligencia judicial, la Fiscalía General presentó elementos materiales probatorios como interceptaciones telefónicas en las cuales los procesados manifestaban la necesidad de entregar los sobornos a los magistrados para que los favorecieran con decisiones judiciales. Igualmente, se citaron varios testimonios de procesados que recibieron la oferta para entregar altas sumas de dinero si querían que sus pretensiones se resolvieran. 

La delegada del ente investigador sostiene que los magistrados beneficiaron igualmente a integrantes de la organización comandanda por alias 'Pijarvey'. El delegado del ente investigador citó la detención domiciliaria que se le otorgó a alias 'Farid' pese a su condena de 30 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir.

Aprovechando un descuido de las autoridades carcelarias, 'Farid' se fugó de su residencia y actualmente es prófugo de la justicia. Los magistrados también beneficiaron a 'Cesarín' y 'Sofia', considerados por las autoridades como jefes de organizaciones delincuenciales en Villavicencio y otros municipios del Meta.

Los magistrados -según las pruebas reveladas- fijaron una promesa de pago de 3.000 millones de pesos con el fin de entregar estos beneficios judiciales. Cuota que muchas veces recibían por parte de los interesados, que con el único fin de recuperar su libertad o ser absueltos se comprometían a consentir a los magistrados con todo lo que ellos quisieran. 

Por estos hechos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar u ofrecer y prevaricato por acción. Los magistrados se declararon inocentes.  

(Tomado del Espectador)