INCUMPLIMIENTOS EN EL ACUERDO DE PAZ

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, respondió este lunes a las duras críticas que, en una carta pública, lanzó el presidente del Partido Farc, Rodrigo Londoño, frente a la implementación del proceso de paz en el actual gobierno.

A través de una carta abierta dirigida al presidente Iván Duque, Londoño señaló a la ministra del Interior saliente, Nancy Patricia Gutiérrez, ahora nombrada consejera presidencial para los Derechos Humanos. según relata en su misiva, porque la funcionaria recientemente reconoció que para “el Gobierno” el “Acuerdo de Paz es una carga”.

Rodrigo Londoño relata que “en los acuerdos de La Habana, el Estado colombiano se comprometió a rodear de numerosas garantías a los reincorporados, a los líderes sociales y a los dirigentes de la oposición, a todo el que ejerza la política”, pedido que para él no está en la realidad.

Frente a la comunicación, Archila, a nombre del Gobierno, señaló que Timochenko se equivoca “tal vez de buena fe”.

“El director de la Farc se equivoca en creer que él puede imponer la manera como se deben cumplir los acuerdos. La Corte Constitucional ha sido clara en que los acuerdos deben cumplirse durante tres presidencias seguidas con la visión que tenga cada Presidente”, manifestó Archila.

El alto funcionario dijo que, por ejemplo, la administración de Iván Duque ha estado comprometida con el desarrollo de la reforma rural integral, contenida en el acuerdo de la Habana.

“En lo que se conoce como la reforma rural integral el gobierno ha sido absolutamente decisivo. Tenemos una política del catastro multipropósito muy sólida. Expedimos un documento Conpes con los compromisos que se adquirían y cómo se ejecutaba el catastro multipropósito” , aseguró Archila.

Londoño deja en la mesa los juicios a Colombia en referencia al asesinato a líderes sociales, la corrupción, entre otras, criticando los pronunciamientos de la Fiscalía, donde las cifras de defensores asesinados son menores a múltiples denuncias.

Frente a este señalamiento, el consejero Archila expresó: “Se equivoca seguramente de buena fe, ignorante, pero de buena fe, Londoño al decir que han quedado en la impunidad, no es cierto la Fiscalía adelanta una investigación con una unidad especial para evitar que los crímenes en contra de los ex combatientes de la Farc queden en la impunidad”.

(Tomado de El Tiempo).

POLITICOS EN CONTIENDA ESTAN ORDENANDO ELIMINAR A SUS CONTENDORES FISICAMENTE : ORGANIZACION PAZ Y RECONCILIACION

El politólogo y subdirector de la organización Paz y Reconciliación, habla sobre hallazgos escalofriantes del Tercer informe de Violencia y Dinámica electoral 2019, de esa fundación, cuyos resultados se conocieron esta semana: uno, políticos en contienda están ordenando eliminar físicamente a sus competidores. Dos, en 11 de los 32 departamentos no vale la pena hacer jornada electoral porque se sabe quién ganará. Y tres, en 107 municipios, bandas de narcoparamilitares podrían elegir alcaldes y concejales.

El remonte de la violencia es, en general, producto de un despertar político de los colombianos. La repolitización del país ha llevado a un incremento de la violencia por competencia, para callar a los rivales. Se denomina autoritarismo regional al que tiene una estructura política que controla todos los factores de distribución de poder. En Colombia estos autoritarismos son tan fuertes, que en 11 de los 32 departamentos valdría la pena no hacer elecciones porque se sabe quiénes van a ganar.los autoritarismos que quieren ejercer control utilizan frecuentemente la violencia como vehículo para conservar o conseguir el poder.

Los departamentos que presentan esta anomalia son : Atlántico, con la familia Char; Cesar, con los Gnecco; Valle del Cauca, con Dilian Francisca Toro; Cundinamarca, con el candidato Nicolás García, apoyado por casi todos los partidos; Sucre, con Yahir Acuña, que tiene una investigación pendiente por parapolítica; Córdoba, con Carlos Gómez, candidato del Centro Democrático, de los Ñoños y cercano a Alejandro Lyons; Antioquia, con Aníbal Gaviria; Caldas, con Camilo Gaviria, hijo de la exsenadora uribista Adriana Gutiérrez; Magdalena, con el Mello Cotes, del clan de los Cotes, aunque Carlos Caicedo le está dando la batalla; Tolima, con José Ricardo Orozco, que fue procesado hace unos años por homicidio y quien fue avalado por el Partido Conservador, y Bolívar, con Vicentico Blel, hijo del parapolítico del mismo nombre y hermano de la senadora Nadia Blel, también del Partido Conservador.

Los más afectados son los candidatos a cargos uninominales. Lo segundo, que también los mandatarios en ejercicio han sido alcanzados por la violencia. Los datos son los siguientes: 1. Los funcionarios actuales constituyen el segmento con mayor cantidad de víctimas registradas con el 40,35 %: 39 concejales, 9 senadores y 8 alcaldes. 
2. El segundo grupo en número de víctimas son los candidatos: en total 67, de las cuales 47 aspiraban o aspiran a alcaldías, 14 a concejos, 4 a gobernaciones y 2 a asambleas. 
3. Las demás víctimas son 21 servidores del Estado y 15 miembros de los partidos.

No existe, hoy, un tipo de organizaciones criminales asesinando o amedrentando a candidatos. En su mayoría se trata de sicarios contratados para quitar a competidores políticos del camino. Así las cosas, se puede afirmar que, por un lado, hay una politización de la sociedad colombiana, como ya habíamos dicho: tenemos jóvenes en política, líderes comunales que exigen rendición de cuentas y un montón de personas ejerciendo control ciudadano. Obviamente, esto no gusta a los políticos de siempre. Por otro lado, se ha ido creando un lumpen criminal, un ejército de mercenarios que venden servicios de seguridad y que son contratados por muchos políticos para amedrentar a la competencia. Esto significa que la violencia es otro mecanismo de competencia política en Colombia.

La palabra final la tiene, por supuesto, la Fiscalía. Pero para la Fundación Paz y Reconciliación, en la mayoría de los casos que han terminado en homicidios y en atentados de candidatos en esta violencia reciente, existen señales de que fueron contratados y pagados por rivales políticos de las víctimas.

La Fundación Paz y Reconciliación ha encontrado que en algunos casos, como en el Cauca, un candidato publicita un panfleto diciendo, por ejemplo, que su contrincante político apoya las fumigaciones aéreas. Esto, en muchas zonas, significa ponerle una lápida al candidato señalado.

Algo que se tiende a pensar intuitivamente es que la violencia política es producto de un vacío de poder dejado por el desarme de las Farc. Y la respuesta es no, no es así. Los altos niveles de incertidumbre electoral llevan a que los candidatos recurran a la violencia y busquen financiación de grupos ilegales para sostener el ritmo económico de una campaña. Esto lo que significa es que en nuestro país ocurre lo contrario de lo que sostiene la teoría gringa sobre las democracias, en donde el mayor número de candidatos y los niveles altos de competencia se traducen en una mejoría de la democracia.

Desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 9 de septiembre de 2019 se produjeron 116 hechos de violencia política que dejaron 173 víctimas. Entre esos hechos se cuentan 20 homicidios, 17 atentados  y 128 amenazas. Al comparar con las regionales de 2015, ese año se cometieron 15 asesinatos, 17 atentados y 75 amenazas. Por tanto, hay un incremento preocupante. Y aún nos falta más de un mes de campaña. Pero si comparamos los datos con los peores años de la violencia política, la conclusión es que estamos muy bien. Por ejemplo, para las elecciones de 1997, miles de candidatos debieron renunciar, fueron asesinados o secuestrados. El problema es que todos los índices venían bajando en las últimas jornadas electorales pero, en 2019, se nota una ruptura de esa caída para comenzar a subir de nuevo.

La respuesta institucional es un verdadero desastre. Los datos lo indican claramente. El problema central es que el plan del Gobierno nacional llamado Ágora, está diseñado para el país de hace 20 años, no para las nuevas realidades. Por ello, está llamado al fracaso. Además, una parte del problema es la violencia política pero la otra parte, es la filtración de recursos ilegales en las campañas. Para prevenir este fenómeno hay muy poco diseño. Un dato: en el bajo Cauca antioqueño, el Clan del Golfo y los Caparrapos pondrán la mayoría de los alcaldes. En 107 municipios del país, se presenta este riesgo.

HACEN SILENCIO O LOS CALLAMOS : ALVARO URIBE VELEZ

Con pancartas de rechazo y gritos de "fuera Uribe", el exmandatario fue recibido por un grupo de personas en el municipio cundinamarqués. "Les contaron mal la historia", dijo después en su discurso.

Un agrio recibimiento tuvo el expresidente y senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, en su visita al municipio de La Calera, en Cundinamarca, a donde llegó para expresar su respaldo a los candidatos de su partido, el Centro Democrático, a la Alcaldía y el Concejo.

“Fuera Uribe, fuera Uribe” fueron los gritos de algunos ciudadanos, quienes además llevaron pancartas con mensajes como: "Uribe no es bienvenido en La Calera", los cuales molestaron visiblemente al exmandatario, quien llegó a responder: “Cállense”, al final les pidió a quienes lo acompañaban: “Sáquenme”.

Sin embargo, en un breve discurso y visiblemente exaltado, el exmandatario se refirió a los logros de su gobierno y en un momento, ante los abucheos que se seguían escuchando por una parte de una parte del público, dijo: "Hacen silencio o los callamos".

Sus palabras quedaron registradas en videos grabados en celulares y difundidas en la red social de Twitter por personas que incluso las califican como una "amenaza".

CARLOS HOLMES TRUJILLO DENUNCIADO POR INJURIA Y CALUMNIA CONTRA RODRIGO GRANDA

Después de que el canciller Carlos Holmes Trujillo denunció en la Organización de Estados Americanos (OEA) los nexos de Nicolás Maduro con la disidencia de Iván Márquez y ademas mencionara que Rodrigo Granda, directivo del partido Farc, sostuvo reuniones clandestinas en Venezuela con funcionarios chavistas para hacer “acción política contra el gobierno colombiano”, el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores fue denunciado por injuria y calumnia.

"Venimos a hacer lo que tanto le gusta a hablar al Gobierno, de paz con legalidad. Vamos a hacer una denuncia por injuria y calumnia, que el señor canciller Carlos Holmes Trujillo se retracte de sus acusaciones que ponen en riesgo nuestra integridad", aseveró Granda este viernes desde la Fiscalía.

De esta manera inicia un nuevo encuentro entre un funcionario del gobierno de Iván  Duque y miembros del partido político FARC

NUEVO ASESINATO DE EXCOMBATIENTES DE LA FARC

Un sicario habría disparado en contra de un grupo de tres hombres que pertenecieron a la extinta guerrilla. Uno de ellos sobrevivió al atentado y se encuentra internado en un centro asistencial de la capital de Norte de Santander.

Dos exguerrilleros en reincorporación fueron asesinados en la mañana de este viernes en Cúcuta. De acuerdo con la Policía de la ciudad, tres hombres que habrían hecho parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, en Tibú, Norte de Santander, estaban desayunando en un hotel de la ciudad cuando un sicario les disparó con una pistola con silenciador.

El ataque dejó como resultado dos personas muertas y una herida, que fue remitida a un centro asistencial. Las dos víctimas mortales serían Milton Urrutia Mora y José Milton Peña Pineda. De acuerdo con información suministrada por las autoridades, los tres hombres se encontraban cada 12 días en el hotel donde fueron atacados. Allí siempre habrían llegado con maleta en mano.

Así mismo, el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía de Cúcuta, aseguró que ninguno de los hombres víctimas del ataque contaba con esquema de seguridad o escoltas que protegieran su vida. Por el momento, las autoridades no tienen mayor información de los motivos del ataque o de sus autores. Solo se sabe que una persona estaba esperando al agresor afuera del hotel y huyeron en dos motos, una de ellas tenía placa venezolana.

Este doble homicidio se une a la preocupante cifra de antiguos miembros de las Farc que han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo. De noviembre de 2016 a junio de este año, se reportaron 139 exguerrilleros asesinados, más de cien murieron por acciones sicariales en las que hombres en motocicleta dispararon sin mediar palabra con las víctimas.  

En este último año, se han reportado las muertes de importantes miembros de las antiguas Farc. En mayo, Jorge Enrique Corredor, más conocido como Wilson Saavedra, fue asesinado en un establecimiento al lado de la carretera panamericana. Este fue uno de los hombres de mayor rango dentro de la extinta guerrilla en morir a manos de sicarios.

Saavedra hizo parte de la columna móvil Jacobo Arenas, que operó en el norte del Cauca; y fue comandante del frente 21 y del frente Víctor Saavedra. También fue un hombre de confianza del actual senador Pablo Catatumbo mientras ambos hacían parte del grupo subversibo, al punto que jugó un importante papel en el intercambio de mensajes entre el excomandante guerrillero y Henry Acosta, el empresario vallecaucano que fungió como facilitador del proceso de diálogos entre el Gobierno y las Farc.

La muerte de exguerrilleros no solo se dio por acciones sicariales. En abril de este año, el exmiliciano de las Farc Dimar Torres fue asesinado por hombres del Ejército en Convención, Norte de Santander. Este asesinato generó un gran escándalo en su momento, y reabrió el debate frente a los falsos positivos perpetrados por miembros del Ejército en esta zona del país.

"El hecho fue perpetrado por una patrulla del Ejército, eso ya está plenamente establecido gracias a la reacción inmediata de los habitantes de esa vereda que increparon a la patrulla, la cual negó que lo tenían en su poder. Por tal motivo, estas personas penetraron al campamento donde estaban acantonados los uniformados y encontraron, primero, la fosa que se estaba cavando para enterrar y desparecer a este compañero. Luego hallaron el cadáver en el predio donde está ubicado el Ejército", declaró en su momento el senador de la FARC Julían Gallo, también conocido como Carlos Lozada.

CAPTURAN A VIGILANTES INFORMALES QUE SE DEDICABAN A COMETER ASESINATOS SELECTIVOS

Los hombres pedían dinero a los residentes para “cuidar” el barrio, de acuerdo con las investigaciones. Se les acusa de asesinar a seis personas entre 2006 y 2009.

La Sijín capturó a cinco hombres señalados de crear un grupo de asesinatos selectivos,  durante 2006 y 2009.

De acuerdo con la Fiscalía, los hombres crearon una empresa de vigilancia informal para cometer los crímenes. “Ellos llegaban a los barrios más vulnerables de la ciudad, se reunían con los líderes comunales y aseguraban ser desmovilizados de los paramilitares que estaban dispuestos a cuidar el sector. Aproximadamente cada residente pagaba $5 mil”, dijo una fuente judicial al diario Vanguardia.

Los capturados fueron identificados como Jesús Uriel Zamora, Jairo Antonio Durán, Néstor Enrique Martínez, Roger Gómez Villamizar y Elkin Fernando López Pinilla. Este último sería el líder de la organización. En 2014, Gómez Villamizar y López Pinilla fueron condenados a cinco años y nueve meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas de fuego. 

Las autoridades le siguen la pista al sexto integrante de la organización alias “Bam Bam”, hermano de Jairo Antonio Durán. Los cinco capturados deberán responder por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y homicidio agravado.

Según la investigación, la mayoría de las víctimas eran consumidores de droga y ladrones de la zona. Juan Carlos Mancipe, consumidor de drogas, fue asesinado el 23 de marzo de 2006. Sergio Uriel Díaz Rueda, expendedor de estupefacientes, el 17 de noviembre de 2007. Slam René Buitrago Ramírez, otro expendedor, el 22 de agosto de 2008. Edwin Cote Rojas, consumidor de drogas, el 11 de mayo de 2009. Miguel Alejandro Torres y Alba Janeth Pabón Bustos, presuntos ladrones, fueron asesinados a tiros el 9 de noviembre de 2009. 

FISCALÍA RECONOCE DESAPARECIDOS EN EL PALACIO DE JUSTICIAS

De acuerdo con presentes en la audiencia de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ente acusador habría rectificado anuncios anteriores que hablaban de confusión en la entrega de los restos en 1985. En la audiencia se anunció la identificación de un nuevo desaparecido.

Tras semanas de controversia a raíz de las declaraciones de un fiscal del caso del Palacio de Justicia, que aseguró que no hubo desaparecidos sino errores en las entregas de los cuerpos, la Fiscalía, tal parece, desautorizó las declaraciones y aceptó que sí hubo casos de desaparición forzada durante la toma del Palacio de Justicia. La  posición del ente acusador fue comunicada durante la audiencia de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) este viernes 6 de septiembre en Bogotá al fallo en contra del Estado colombiano por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma y retoma de la sede máxima de la justicia.

Según las víctimas del Palacio y sus abogados, el fiscal titular de la investigación, Jorge Hernán Díaz Soto, reconoció ante el tribunal internacional que en la toma del Palacio de Justicia se presentaron casos de desaparición forzada. Sin embargo, para las víctimas del caso, el pronunciamiento debe hacerse de forma pública ya que “la única intención de las declaraciones (hechas por el fiscal auxiliar) era la revictimización”. Alejandra Rodríguez Cabrera, vocera de las víctimas añadió: “El Estado no está preparado y no sabe cómo asumir estos retos cuando hay crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de agentes estatales. Es una cuestión la que están hablando antes los medios y otra muy distinta ante los jueces”.

La audiencia también sirvió para que el ente acusador diera un informe sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia proferida por la corte. Según Eduardo Carreño Wilches, abogado de las víctimas “en la audiencia se reconoció que hay procesos de identificación de restos óseos de trabajadores por parte de la Fiscalía. Además, se reconoció que hay un avance en el pago de indemnizaciones por parte del Estado Colombia, en un porcentaje del 95%”.

Otro de los momentos claves de la audiencia fue el anuncio hecho por Medicina Legal de nuevos restos, que, probablemente, corresponden con otra de las posibles víctimas de desaparición forzada tras la toma del Palacio. El instituto estaría realizando las correspondientes labores de identificación de los restos con los familiares. Actualmente, varias de las víctimas del Palacio recusaron y pidieron que se investigue a la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García, por su participación en la nota periodística en la que se aseguró que no hubo desaparecidos sino errores en la entrega de los restos. 

A pesar de los avances presentados por el ente acusador, las víctimas señalaron que no se ha cumplido con uno de los elementos más importantes de la sentencia emitida por la Corte IDH: la verdad judicial. De acuerdo con los representantes de las víctimas, en ninguno de los casos de los presuntos responsables de las desapariciones se han presentado avances significativos. Es más, según los abogados, las investigaciones penales se habrían detenido escudándose en que el caso pasaría a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De esta forma, se habrían logrado progresos en la búsqueda de los restos de los desaparecidos, pero no se habrían avanzado en las líneas de investigación para dar con los máximos responsables.

Así mismo, para Jomary Ortegón, una de las representantes de las víctimas, a pesar de la retractación de la Fiscalía, el ente acusador mantiene la hipótesis de que se trató de un error en la entrega de los cuerpos. “Es una de las hipótesis centrales de la Fiscalía. Aunque no lo expresa con esas palabras, se deduce perfectamente de la intervención de la fiscalía y de su actuación en los últimos 5 años. Por eso se ha pedido que el equipo de fiscales sea removido a su totalidad de la investigación”.

En la audiencia hubo intervención tanto de la Corte Interamericana como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Corte se limitó a decir que “el fallo no está en discusión” y, por ende, no se está discutiendo de nuevo . La sentencia, proferida el 14 de noviembre de 2014, reconoce que hubo 11 desaparecidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Por su parte, la CIDH señaló los incumplimientos por parte del Estado colombiano frente a la sentencia. La Comisión, según Jomary Ortegón, habría señalado que el Estado colombiano no podría seguir manteniendo una posición negacionista y al mismo tiempo “hacer los ejercicios de memoria” con las víctimas.

La Comisión Interamericana habría sostenido también que la actitud del Estado Colombiano es un “abierto desacato” a las decisiones de la Corte IDH. Según Eduardo Carreño, la CIDH hizo un llamado de atención al Estado colombiano y le señaló que debe hacerse una investigación que determine los responsables tanto materiales como intelectuales. Así mismo, habría recordado que estos crímenes son considerados de lesa humanidad en “virtud de los tratados de orden internacional”

La audiencia de cumplimiento de la corte Interamericana de Derechos Humanos de este viernes venía antecedida por una gran controversia. Esta comenzó con las declaraciones del fiscal Jorge Sarmiento a varios medios de comunicación hace un par de semanas. Según el funcionario, “la Fiscalía ha encontrado a algunas de las personas desaparecidas, y por las circunstancias en que las hemos encontrado, la hipótesis ya no puede ser la desaparición forzada”.

Esta postura fue rechazada por las víctimas, que aseguraron que el ente acusador estaba desconociendo el caso y los estaba revictimizando. “Tenemos a una Fiscalía que, definitivamente, en lugar de mostrar su compromiso con las víctimas de desaparición forzada, decidió de manera abierta y descarada trabajar en las tesis de los militares”, dijo el abogado Germán Romero a este diario, para luego agregar: “aquí hasta las sentencias absolutorias en casos de militares —como la del coronel (r) Alfonso Plazas Vega— hablan y confirman las desapariciones forzadas. Ninguna sentencia niega esos delitos”.

(Tomado de El Espectador)

14 CONGRESISTAS EN EL SISBEN TENÍAN PUNTAJES POR DEBAJO DE 59 : FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN

Algunos tienen puntajes que podrían hacerlos acreedores a ayudas del Estado. Varios de los mencionados piden a Planeación Nacional renovar la información y aclarar que no han recibido beneficios.

Los datos más graves, según Pares, son los de aquellos legisladores con puntajes por debajo de 59, porque desde ese límite se puede a acceder a beneficios.

Según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), revelada por El Espectador, en la actualidad catorce congresistas aparecen en el Sisbén, el sistema mediante el cual se define, con un puntaje, la clasificación socioeconómica de los colombianos y, a partir de esta, los beneficiarios para programas sociales del Estado. Siete de ellos ya están validados y los otros siete están en ese proceso; es decir que sus puntajes están siendo revisados por Planeación Nacional, dado que sus condiciones no parecen coincidir con lo registrado.

Aunque el salario no es un indicador que se tome en cuenta para puntuar a alguien, para los investigadores, aparecer supuestamente con unas condiciones socioeconómicas desfavorables cuando se devengan más de $35 millones “resulta sospechoso, además de configurar una afrenta contra los millones de colombianos que sí se encuentran en condiciones desfavorables y ganan menos de un salario mínimo al mes”. En los casos analizados, las últimas actualizaciones de los congresistas datan de 2015 o de años previos, por lo que desde que asumieron su cargo no han realizado modificaciones de sus condiciones en el sistema.

Los datos más graves, señala el informe de Pares, son los de aquellos legisladores con puntajes por debajo de 59, dado que desde este límite se puede empezar a acceder a los beneficios del Estado para los más necesitados. Por ejemplo, Nilton Córdoba Manyoma, senador del Partido Liberal, del Chocó, está clasificado con un puntaje de 28,53 sobre 100 que, en caso de ser validado, le daría derecho a subsidios y ayudas de once entidades del Estado. Otro caso es el de Félix Alejandro Chica Correa, representante a la Cámara por Caldas del Partido Conservador, cuyo puntaje está en 33,79.

En respuesta a esta situación, Chica Correa pidió la actualización del sistema, pues, según dijo, él nunca se ha beneficiado de algún programa del Sisbén: “Yo no he sido pudiente económicamente y seguramente aparezco ahí con esa puntuación baja, que debe ser la misma de cuando estaba en Samaná y Norcasia, de donde soy oriundo, una de las zonas más pobres del país. Esto también lo dijeron en mi campaña a la Cámara y lo que deben aclarar es quiénes acceden a subsidios o beneficios, porque yo nunca he recibido nada, ni estoy en el régimen subsidiado de salud. Quien debe actualizar esa información es el Estado, cada municipio, cada ente territorial”, enfatizó.

Por su parte, Carlos Julio Bonilla Soto, representante a la Cámara por el Cauca, del Partido Liberal, quien también aparece en la lista, aseguró que el tema ha sido mal presentado, pues estar incluido en la base del Sistema no implica el acceso a los programas. “El Sisbén es una forma de censo o registro nacional, al cual todo ciudadano puede estar vinculado sin importar su condición social. Lo escandaloso sería que recibiera algún beneficio del Estado, cosa que no es así. Además, estoy afiliado al Régimen Contributivo en Salud desde hace más de veinte años. A cualquiera le pueden haber hecho una encuesta en cualquier momento, parece que la mía fue por allá en el año 95, pero nunca buscando beneficios sociales”, señaló.

Según el congresista, las encuestas del Sisbén se han realizado mediante operativos y brigadas de tipo masivo, o sea mediante barrido, antes de 2011. Sin embargo, según las normas vigentes, es obligatorio hacer una nueva encuesta con una nueva metodología, establecida en el Decreto 441 de marzo de 2017, que además obliga a mantener la información actualizada, cruzando bases de datos con el Fosyga (manejado por el Ministerio de Salud), la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), el sector financiero y los ministerios de Educación, Trabajo y Vivienda, y entidades como Prosperidad Social, la Registraduría, Colpensiones y el IGAC, entre otras. “Es decir, ese cruce de datos se debió haber hecho con todas las entidades del Estado, lo que amplía exponencialmente la información a la que el Sisbén tiene acceso”, agregó Bonilla.

Otro de los involucrados, León Fredy Muñoz, representante por Antioquia de la Alianza Verde, documentos en mano sobre sus pagos en salud a una EPS, reiteró que todo colombiano, incluyendo al mismo presidente de la República, está registrado en la información del Sisbén, lo cual no significa que sea acreedor a subsidios o beneficios. “Yo estoy en el régimen contributivo en salud, aparezco en el Fosyga. Tengo los documentos, las cotizaciones, los balances, los pagos. Lo digo de frente: esa información es errada, aquí estoy en la oficina del Sisbén del municipio de Bello, donde me entregaron la carta que certifica que estoy en el Régimen Contributivo, cotizando, y eso lo hecho desde hace muchos años, cuando fui concejal del municipio y luego como independiente. He cotizado casi 18 años de mi vida en los que he trabajado”, explicó.

El informe de Pares recalca que el proceso de identificación de beneficiarios en el Sisbén es semiautomático, pues una vez se encuentran validados los datos, la Alcaldía selecciona automáticamente el número de beneficiarios que puede atender con los subsidios, del puntaje más bajo al más alto. Planeación Nacional es la que valida la información. Y aunque se considera responsabilidad de los beneficiarios modificar el puntaje cuando existe algún “cambio en las condiciones sociales y económicas del hogar”, periódicamente se realizan validaciones para detectar a quienes, a pesar de cambiar dichas condiciones, no actualizan su información.

(Tomado de El Espectador)

EL ESTADO DEBERÁ INDEMNIZAR Y PEDIR PERDÓN A LA EXSENADORA PIEDAD CÓRDOBA

El juzgado 38 administrativo de Bogotá condenó a la Nación -encabezada por la Presidencia de la República- y al extinto DAS a pagarle más de 1.100 millones de pesos a la exsenadora Piedad Córdoba y a sus familiares más cercanos, por los seguimientos y chuzadas ilegales que sufrió por parte del extinto DAS entre el 2005 y el 2008. 

El fallo también le ordenó al director del Departamento Administrativo de Presidencia realizar un acto de desagravio para ofrecerle disculpas públicas a Córdoba por los seguimientos ilícitos, y a reconocer la inviolabilidad de la intimidad, honra y buen nombre de las personas. También deberá colgar en su página web esta sentencia y comprometerse con no volver a repetir lo que vivió la excongresista.

La decisión asegura que aunque el Estado tenía la facultad de recaudar información para mantener la seguridad nacional, no es permitido que use como pretexto esas labores de inteligencia para emplear recursos públicos "con el único propósito de recopilar información privada de la oposición para desacreditar a sus militantes". 

El fallo de 49 páginas asegura que está probado que el antiguo DAS "realizó tareas de inteligencia, seguimientos y acciones tendientes a desacreditar la imagen pública de Piedad Esneda Córdoba, con propósitos prohibidos por la Constitución Política y la Ley". 

El documento dice que si bien las actividades de inteligencia y contrainteligencia "constituyen mecanismos legítimos de las autoridades públicas en la consecución de los postulados estatales", en el caso de Córdoba, esas actividades del DAS "no se utilizaron para prevenir, controlar y neutralizar situaciones que pusieran en peligro los fines legítimos del Estado sino para desprestigiar a la demandante, desbordando totalmente el marco de la legalidad". 

El fallo asegura que a Córdoba le interceptaron y monitorearon sus correos electrónicos, registros de telefonía celular, reportes financieros, e infiltraron su esquema de seguridad con agentes del Estado que tenía como misión informar todos los movimientos de la excongresista, sus charlas en universidades, y hasta su vivienda. 

La decisión recuerda que tanto el capitán de la Armada Nacional Jorge Alberto Lagos León, quien era subdirector de inteligencia del DAS entre el 9 de noviembre del 2005 y el 1 de marzo del 2009, así como el capitán Fernando Alonso Tabares Molina, quien fue director de inteligencia de la entidad entre mayo del 2007 y febrero del 2009, fueron condenados por las labores ilegales de inteligencia que cumplieron contra Piedad Córdoba, entre otros personajes públicos del país. 

También fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia el exdirector administrativo de presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado por los seguimientos ilegales contra varios políticos, periodistas, magistrados. 

Entre esos casos, su condena tuvo en cuenta "la recolección, acopio y análisis de información referente a la excongresista Piedad Esneda Córdoba Ruiz, sin que dicha labor estuviere incluida dentro de los motivos que justificaran la intervención del organismo de inteligencia, con el objeto de encontrar información perjudicial en su contra", dice el fallo, conocido por EL TIEMPO. 

La decisión asegura que Hurtado, como directora del DAS, sabía que no tenía un fin legítimo para hacerle seguimientos a Córdoba, pero aún así dio las órdenes a sus subalternos de obtener la información deseada "que sería destinada al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República", en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. 

Los seguimientos no se utilizaron para prevenir, controlar y neutralizar situaciones que pusieran en peligro los fines legítimos del Estado sino para desprestigiar a la demandante

Por eso, la decisión dice que Bernardo Moreno, que ya fue condenado por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de la función pública y abuso de autoridad, "dispuso que el extinto DAS recopilara información de Piedad Esneda Córdoba y finalmente la recolectó en un documento de inteligencia". 

El fallo recordó que el DAS tenía como finalidad participar en el desarrollo de políticas diseñadas por el Gobierno en materia de seguridad, y obtener y procesar información sobre asuntos relacionados con la seguridad nacional "con el fin de que produjera inteligencia de Estado, para apoyar al Presidente de la República en la formulación de políticas y la toma de decisiones". 

Por eso, la decisión asegura que el Departamento Administrativo de Presidencia que dirigía Bernardo Moreno tenía la facultad de pedirle al DAS información de inteligencia. En ese punto, dice la decisión, se evidenció que Córdoba "fue señalada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez como coautora de una conducta punible cuando ostentaba el cargo de congresista  lo que la expuso al inicio oficioso de una investigación penal de la Corte Suprema de Justicia, en agosto del 2008 y que culminó en el año 2012". 

Ese año la Corte archivó la investigación que se había iniciado contra Córdoba por los señalamientos que la vinculaban con la guerrilla de las Farc. El fallo asegura que los "señalamientos falsos" que se hicieron contra Córdoba llevaron a que se iniciara la investigación penal. 

La condena contra el Estado asegura que, como no existen razones constitucionales y legales por las cuales se pidió información "privilegiada que pudiera poner en tela de juicio la reputación de Piedad Córdoba", ni tampoco se justificó por qué esa información era necesaria para el cumplimiento de los fines estatales, "es evidente que la Nación -Presidencia de la República- Departamento Administrativo de la Presidencia, es igualmente responsable por la afectación de los derechos fundamentales de los demandantes", es decir, de Córdoba y su familia.

EL PREMIO AL TALENTO JOVEN LLEVARÍA EL NOMBRE DE LA ESPOSA DE IVÁN DUQUE

Si bien el Gobierno presentó el galardón como ‘Premio al Talento Joven - María Juliana Ruiz’, este domingo dijo que se trataba de una información equivocada y que todo obedeció a “un error involuntario”.  

El premio fue lanzado por Ruiz en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, durante un evento que contó con la participación del Ministerio de Ambiente y Colciencias, entidades que se sumaron a este evento en calidad de invitados, pero no como gestores del premio.

El nombre de María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación, es tendencia en redes sociales por el anuncio del Gobierno Nacional de crear el ‘Premio Nacional al Talento Joven"María Juliana Ruiz". Si bien así fue divulgado oficialmente a través de las redes de diversas entidades, este domingo el Ejecutivo le salió al paso a la oleada de comentarios y críticas, explicando que el galardón no lleva el nombre de la esposa del presidente Iván Duque y que todo obedeció a “un error involuntario”. 

El premio fue presentado en el marco de la Semana de la Juventud, y cuenta con el respaldo de la Consejería para la Juventud (Colombia Joven) y empresas del sector privado. Según el Gobierno, la iniciativa busca premiar a los jóvenes talentos “que han liderado proyectos de alto impacto en sus territorios” y llevarlos a la cumbre de jóvenes líderes One Young World, que se realizará en Londres en octubre. 

La presentación del galardón contó con amplio despliegue de diversas entidades, que divulgaron afiches y piezas alusivas en redes sociales, en lo que se lee ‘Premio Nacional al Talento Joven " María Juliana Ruiz". Incluso, desde la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República se hizo eco a la información, pese a que posteriormente el mensaje fue borrado. El tuit indicaba: “El Gobierno Nacional anunció el lanzamiento del ‘Premio Nacional al Talento Joven "María Juliana Ruiz’”. 

No obstante, que el premio llevará el nombre de la primera dama generó controversia en redes sociales y hubo toda una lluvia de críticas por parte de los internautas, que lo calificaron como oportunista y un culto a la personalidad, cuestionando además los méritos de Ruiz para que un galardón tenga su nombre.  

En respuesta, La Consejería Presidencial de Juventud sostuvo que el premio no lleva el nombre de María Juliana Ruiz. "Se informó equivocadamente debido a un error involuntario del equipo de asesores de esa Consejería", declaró.   

La iniciativa está dirigida a jóvenes colombianos que se encuentren entre los 18 y 28 años, y que lideren proyectos relacionados con temas de educación, salud, cultura, deporte, ambiente o tecnología. En total se otorgarán 35 reconocimientos que beneficiarán a un joven de cada departamento del país y a uno de Bogotá, uno de Barranquilla y uno de Riohacha, lo que permitirá a Colombia enviar a One Young World, por primera vez, la delegación más grande y representativa. 

Según dijo la primera dama, se trata de un reconocimiento que va a permitir visibilizar el talento y la capacidad de los jóvenes, siendo además una “oportunidad enorme para que muchos extiendan las alas para hacer realidad esos sueños de trabajar en todos sus propósitos, sus ideas y sus proyectos”, declaró Ruiz en el encuentro de jóvenes que tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. 

El Ejecutivo destacó que la cumbre mundial One Young World les abrirá la puerta a los seleccionados para poder compartir con líderes mundiales sus propias historias e iniciativas; les brindará la posibilidad de crear una red de contactos, y les permitirá aplicar las lecciones aprendidas con el propósito de generar un impacto positivo en sus regiones. 

Los jóvenes líderes interesados en participar en la convocatoria, que se extenderá hasta el 23 de agosto, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

-Joven entre 18 y 28 años 
-Tener nacionalidad colombiana 
-Residir en el territorio nacional

Criterios a evaluar de los proyectos/iniciativas de liderazgo: 
-Relevancia de las iniciativas que lidere o en las que haya participado 
-Capacidad de liderazgo 
-Inglés medio—avanzado (no excluyente) 
-Impacto de los proyectos realizados 
-Potencial beneficio para las comunidades o territorios a los que pertenece 
-Carta de motivación en la que exponga las razones por las cuales quiere hacer parte de esta iniciativa 

SUB-OFICIALES MUERTOS EN ACCIDENTE AÉREO DURANTE LA FERIA DE LAS FLORES EN MEDELLÍN

Luego del lamentable accidente que se registró en medio de un espectáculo aéreo por el cierre de la Feria de Las Flores, que dejó dos suboficiales de la Fuerza Aérea de Colombia muertos, el general Ramsés Rueda, comandante de la FAC, manifestó que "no se descarta la posibilidad de que un agente externo haya sido causante de la ruptura de la cuerda y eso hace parte del enfoque que tiene el equipo investigador"

El hecho tuvo lugar después de las 3 de la tarde de este domingo, cuando, colgados desde helicópteros de la Fuerza Aérea, dos uniformados, que pendían de una cuerda y sostenían la bandera de Colombia, se precipitaron al suelo.

Los militares fallecidos fueron identificados como Jesús Lacides Mosquera López y Sebastián Gamboa Ricaurte.

De acuerdo con el general Ramsés Rueda, tras inspeccionar los elementos que hicieron parte de la maniobra se halló un corte en la cuerda, el cual podría ser responsabilidad de un "agente externo".

Respecto a la maniobra, el general Rueda añadió que el gancho de anclaje y la cuerda de donde se sujetaban los dos militares podían aguantar 29.000 libras. Además, el hombre que va colgado está asegurado con otros dos ganchos que aguantan 2.500 libras.

"Es la primera vez que se presenta este caso. No hay antecedentes", señaló Rueda sobre esta maniobra que, dijo, se realiza casi a diario para extraer soldados, rescatar heridos o casi en cualquier labor de extracción.

Rueda también manifestó que a esta altura no se hace uso de paracaídas, por lo que los dos militares no lo llevaban durante la maniobra, pues este elemento no podría abrirse por la altura.

"No se usa línea de vida alterna porque se considera que la cuerda que se usó en la maniobra es esa línea de vida", añadió.

El general Rueda añadió que los investigadores están tratando de identificar si el protocolo falló en algún punto de la maniobra; no obstante, hasta ahora no se tiene ninguna conclusión. 

Respecto a las razones que llevaron a izar las banderas con hombres y no con pesas, Rueda señaló que el propósito de la FAC es que los colombianos conozcan y vean las maniobras que su fuerza militar utiliza.

"No es por dar espectáculo si no porque se tiene la experiencia para hacer estas maniobras", indicó Rueda

De momento, el foco de investigación será la ruptura hallada en la cuerda, la cual era lo suficientemente resistente y elaborada para este tipo de maniobras, capaz de sostener a 10 hombres y con unos 50 metros de longitud.

Estas pesquisas, entre otras cosas, permitirán establecer si hubo o no una omisión en los protocolos. De momento, este tipo de maniobras quedan suspendidas, a la espera de conocer qué hay detrás del hecho.

Según el general Rueda, solo hasta el próximo viernes se conocerán las causas del trágico accidente, en investigaciones que adelantan expertos de la FAC y la Fiscalía General. "Se tiene claro que todos los protocolos fueron realizados con la precisión acostumbrada", añadió.

Rueda manifestó que no se realizó ensayos o pruebas, pues por la pericia que tienen los soldados no se realizaron pruebas

CORTE SUPREMA NEGÓ NULIDAD HECHA POR LA DEFENSA DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y RATIFICA EL LLAMADO A INDAGATORIA

La Corte Suprema negó las peticiones de nulidad hechas por la defensa del expresidente. Así mismo, ratificó el llamado a indagatoria, aunque no se fijó fecha para dicha diligencia.

El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe  por presunta manipulación de testigos sigue su camino en la Corte Suprema. El alto tribunal desestimó la acción de nulidad presentada por la defensa de la cabeza de Centro Democrático. De la misma manera, se rechazó la solicitud de excluir varias pruebas del proceso de Álvaro Prada -también vinculado al caso- que, a consideración de los abogados, son ilegales.

Con la decisión de este lunes, el alto tribunal deja en firme el proceso en contra de Álvaro Uribe y ratifica su llamado a indagatoria. Ahora, la Corte tendrá que definir la fecha en que el expresidente tendrá que comparecer ante los magistrados. Ya ha pasado poco más de un año desde que la Corte Suprema anunció que llamaría a indagatoria a la cabeza del partido de gobierno y, desde entonces, no se ha fijado el día ni la hora de la diligencia.

Ya en febrero de este año el alto tribunal había rechazado otra solicitud de nulidad presentadas por los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, otro de los vinculados al proceso. En ese momento, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió negar, de manera unánime el pedido de los dos miembros del Centro Democrático.

En ese momento, la corte aseguró que: “Todo lo actuado en su momento por la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal, estuvo cobijado por el texto original del artículo 186 de la Constitución Política, en el cual se prevé la competencia exclusiva y excluyente de la Corte Suprema de Justicia para conocer de los delitos que cometan los congresistas”.

Así mismo, por esa misma época, la Corte negó la solicitud de excluir del material probatorio las interceptaciones telefónicas hechas por equivocación a Uribe, pues la práctica de pruebas estaba ajustada a la legalidad y añadió que “tampoco se halló arbitrariedad, extralimitación ni desafuero del magistrado que la ordenó, sino que, contrario a ello, se realizó en una práctica probatoria lícita y legal”.

A finales del 2018, la Corte Suprema aceptó que había interceptado sin querer la línea del senador en el marco de una investigación contra el congresista Nilton Córdoba, investigado por el cartel de la toga. Sin embargo, los magistrados aseguraron que dichas pruebas podían ser usadas en el caso del expresidente entre 2002 y 2010 ya que contaban con toda legalidad.

El proceso en cuestión comenzó en febrero de 2018, cuando la Corte determinó que se debía indagar si Uribe y Prada habrían presionado en el pasado a testigos recluidos en distintas cárceles o, por medio de terceros, tratando de manipular sus versiones a cambio de dinero o “favores jurídicos”, con el fin de desmentir testimonios contra Uribe o su hermano Santiago y, de paso, enlodar al senador Iván Cepeda.

Desde entonces, han sido múltiples las dificultades para que el expresidente Uribe rinda indagatoria. Primero, fue la creación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Este hecho hizo que solo el proceso en contra de los dos senadores fuera conocido por la magistrada Cristina Lombana -quien fue oficial del Ejército para el tiempo de su elección- el 17 de octubre de 2018, casi cuatro meses después del llamado a indagatoria hecho por la Corte.

Luego, fue la recusación presentada por el senador Iván Cepeda en contra de la magistrada Lombana por un posible conflicto de intereses. Según Cepeda, la togada no podía hacer parte de ningún proceso en contra del expresidente ya que sostuvo una relación subordinada con Uribe mientras fue presidente de la República y ella, oficial del Ejército. Al darle la razón a senador, la Sala Especial de Instrucción apartó a la magistrada de todos los procesos en los que Uribe, incluido el proceso por presunta manipulación de testigos

GENERAL JORGE HORACIO ROMERO CAPTURADO POR CORRUPCIÓN EN LA VII BRIGADA

La Fiscalía capturó al general Jorge Horacio Romero, por supuestos actos de corrupción en la Cuarta Brigada, unidad militar con sede en Medellín, que él comandó entre 2016 y 2017. El alto oficial ya había sido llamado por el ministerio de Defensa a calificar servicios.

Hace un mes, SEMANA reveló los actos de corrupción que ocurren en el interior de la institución. Estos incluyen el direccionamiento de contratos a cambio de sobornos y la venta de permisos de armas que terminaron en manos de criminales. 

La semana antepasada, la Fiscalía capturó a otras nueve personas señaladas de haber participado en los hechos irregulares dentro de esa unidad. Se trata del coronel retirado Harold Páez Roa, excomandante del batallón de servicios; el coronel Alexander Carvajal Urquijo, supervisor de los contratos de la Cuarta Brigada; el mayor Edwin Carrillo Pacheco, jefe de presupuesto; el capitán Jonathan Bonilla, supervisor de contratos; el capitán retirado Guerly Alexánder Carrera y el sargento John Roncancio Rodríguez, bodeguista de esa unidad. También detuvieron a los contratistas Jaime Alberto Ramírez, Ana Lucía Posada y Samir García Buitrago.

Según la Fiscalía, el entramado de la Cuarta Brigada benefició a tres empresas con 31 contratos por 4.500 millones de pesos entre 2016 y 2017. Los sobornos que se repartían eran del 10%. Y esos actos eran ordenados por Romero, ha dicho la Fiscalía en las audiencias de los nueve capturados.  

SEMANA conoció las declaraciones en poder de la Fiscalía y la Procuraduría de un importante empresario antioqueño, de un militar y de una civil sobre supuestos actos de corrupción del general Jorge Romero Pinzón cuando comandó la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017. Sus denuncias no son los únicos señalamientos sobre el militar. La Fiscalía investiga posibles malos manejos que sumarían alrededor de 1.000 millones de pesos. Dineros destinados al mantenimiento de vehículos, a la compra de combustible, entre otros, habrían sido desviados mediante maniobras ilegales en las que estuvieron involucrados otros altos oficiales a su cargo.

En los círculos castrenses se especulaba que al no ser llamado al curso de ascenso para mayor general, Romero saldría de las filas. Sin embargo, en enero, con la llegada de la nueva cúpula del Ejército, terminó designado en la jefatura del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, unidad que maneja un abultado presupuesto para proyectos en el país. La declaración del empresario –cuyo nombre se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad– apunta a una de esas líneas de investigación sobre el general. Se trata de una dinámica que Romero habría montado en la Cuarta Brigada para recibir dinero a cambio de la entrega de los permisos de porte de armas.

En su declaración, el empresario advierte: “¿Hasta dónde puede repercutir mi versión? Si de pronto él tiene un papá (padrino) y lo único que van a hacer es que archivan, yo voy a quedar con un enemigo poderoso. Pero, como ciudadano, pienso que personas como él surgen por el miedo, porque nadie los enfrenta”. Entonces relata que conoció a Romero porque la misma esposa del general les arregló una cita. Allí, en la sede de la brigada, el general le pidió que organizara un encuentro con la plana mayor del empresariado paisa, porque a ellos había que protegerlos.

“En tres días convoqué y le llevé a todos los industriales de la ciudad, Fábrica de Licores, Tanques y Camiones; o sea, los industriales grandes (...), transportistas, comerciantes...”. Según la declaración, esa reunión no fue atendida por Romero, sino por un mayor del mismo apellido. Al final del encuentro, el general habló con el empresario. Fue entonces que se refirió a los permisos para el manejo de armas que los empresarios piden para protegerse.

“Me dice: ‘Lo de los permisos especiales yo te los voy a manejar, le voy a poner orden a esto. Quiero que tú me manejes esa parte y me lo manejes a sobre cerrado’”. El empresario agrega: “Cuando a mí me dijo eso, [pensé]: Dios mío, qué persona acaba de llegar aquí. Esto va a ser el deleite de los bandidos”. Cuenta que en el momento en que se le vencieron los permisos para las cuatro armas que manejaba, envió a la brigada las solicitudes para renovarlos, acatando el trámite regular. Le negaron uno de ellos.

El empresario se enteró, según cuenta, de que el general Romero buscó información en la Policía sobre sus empresas. “Veíamos la mala intención de él y como el querer buscar cosas que de pronto, realmente... Para ser honestos, si uno se pone a buscar, él sí las tiene. Nosotros no. O sea, las cosas oscuras creo que las maneja él”. Más adelante, el empresario dice: “Uno se dio cuenta, por muchos contratos y muchas cosas, de que el hombre se lucró”. Y agrega: “No sé quién será el padrino de él o el que está detrás. Pero yo veo que sigue ascendiendo, que está en mejores cargos o con más poder”.“Pero, inmediatamente, en la brigada le dijeron que por qué está negando el permiso, si reunía todas las condiciones. Entonces me lo aprobó. Me hizo ir a la oficina (...) y me puso a esperar como cinco horas (...) Luego me hizo pasar. [Me dijo]: ¿Yo qué le dije a usted? ¿Usted por qué presenta los permisos? Le dije: señor, yo hago el trámite”. Romero le alegó: “Yo le dije a usted cómo era esto”.

En poder de la Fiscalía hay otro soporte que amplía ese supuesto modus operandi basado en la venta de salvoconductos. Es la versión de una mujer que llegó a la brigada a tramitarle un permiso a un tercero para quien trabajaba. Allí, contrario a lo que ella esperaba, y como al parecer había acordado con un alto oficial retirado, la recibió un militar que no estaba al tanto del ilícito, y quien termina interrogándola: “¿A usted cuánto le colaboran por cada arma?”, le pregunta él. Y ella, preocupada por haber quedado en evidencia, intenta explicar la situación: “Eso viene desde arriba. A mí simplemente me dijeron ‘tenga la plata’ para que la trajera acá. Quiénes [estén] untados, no sé qué. Con decirle que conozco a mi general Romero; diga que va de su parte y que él llamó. Así, si ellos ya saben. Sí me entiende desde dónde empieza la mentira”.

La mujer luego explica que acordó ese pago con un coronel retirado. “A mí me dijeron que viniera acá y diera once millones y medio”, dice ella. Al parecer, el pago no era la única irregularidad en ese fraudulento trámite. El oficial que la atiende le explica que “el señor (quien solicitaba el arma) tenía un problema de narcotráfico”. En este punto, la mujer le insiste al oficial que le devuelva la documentación del hombre que la mandó hasta la brigada, en un intento por borrar el rastro de ese fraude y por volver a intentar la misma movida, pero en otra ciudad. “Me dijeron: ‘esto es tan sencillo que si le entrega la carpeta, ellos se van para otra ciudad”’.

En agosto del año pasado, siete meses después de que el general Romero abandonó la Cuarta Brigada para escalar a la comandancia de la Tercera División del Ejército, se desató un escándalo en Antioquia. La Policía capturó a alias Pichi Belén, el jefe máximo de la Oficina, la organización criminal más poderosa de Medellín. Hubo revuelo cuando se supo que el capo tenía un arma con un salvoconducto que había conseguido en Neiva, pese a que llevaba a cuestas una orden de captura y tenía antecedentes criminales. “Es materia de investigación el por qué el hombre más buscado de Medellín tenía un arma de fuego con permiso”, dijo en su momento Claudia Carrasquilla, la fiscal contra el crimen organizado.

Escuche el podcast sobre las reacciones en la justicia tras revelaciones de SEMANA sobre generales

En los expedientes reposa una declaración de un oficial que trabajó bajo el mando de Romero en Medellín, y que agrega detalles sobre el presunto cartel de los permisos de armas. “Los empresarios antioqueños se han venido quejando por lo del manejo de permisos especiales y mi general, supuestamente, los está reuniendo para colaborarles (...) Mandaba a mi mayor Romero y al sargento Echavarría a que los reuniera y les hablaran de una situación a mejorar la inteligencia y una colaboración especial (...) La gente se ha venido cansando de eso y ya hay comentarios”.

El oficial luego hace referencia a un trino del abogado antioqueño Jaime Restrepo, que se autodenomina como El Patriota en sus redes sociales y allí mismo ha mostrado que tiene varias armas. “La firma de los permisos para armas de fuego y permisos especiales se convirtió en la caja menor de la Cuarta Brigada. ¡Corrupción!”, publicó el 25 de noviembre de 2016.

El oficial, además, habría advertido los presuntos desvíos del dinero que la brigada recibía para costear el combustible de sus vehículos. Eso, dice, le causó problemas con Romero: “Mi general cuando le expusimos el trabajo él se enojó, que por qué nos metíamos en esa parte. Después nos dimos cuenta de que sacaron 30 millones de pesos que cambiaron en efectivo y se los dieron a él para un viaje que hizo a Brasil con la esposa”. En esa ocasión, Romero habría recibido viáticos regulares del Ejército porque se trataba de un viaje conocido como de georreferenciación, al que asisten varios altos oficiales... El dinero extraído irregularmente del presupuesto de combustible era para costear el acompañamiento de su esposa.

“También hubo un contrato de 384 millones cuando llegó la partida de mantenimiento en agosto y septiembre. Resulta que la partida (...) la pagaron completa con una verificación de vehículos que nunca recibieron los mantenimientos estipulados”. El oficial agrega: “Él se trajo su cúpula. Puso los mismos que tenía en la Séptima Brigada en Villavicencio. Los puestos que manejan la parte administrativa de dinero los manipula él”, dijo en una declaración que está en poder de la Procuraduría y la Fiscalía. Tras dejar el cargo en la Cuarta Brigada, el general Romero fue designado para un puesto superior, como comandante de la Tercera División.

En 2018, cuando no fue llamado a curso de ascenso para mayor general, se dio por descontado que pasaba a retiro. Sin embargo, con los cambios del año pasado fue ascendido a la cúpula militar, al frente del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo en el país.

Por intermedio de la oficina de prensa del Ejército, el jueves en la tarde SEMANA envió un cuestionario al brigadier general Romero. El viernes en la mañana el oficial se acercó a las inmediaciones de la revista afirmando tener el cuestionario respondido. Este medio pidió una entrevista grabada al oficial, la cual no aceptó y, al cierre de esta edición, al final de la tarde del viernes, aún no había hecho llegar las respuestas del cuestionario. 

(Tomado de la Revista SEMANA)

CARLOS ORDOSGOITIA EL CANDIDATO COLADO EN EL SISBEN

Justo antes de inscribirse como candidato se retiró del régimen subsidiado y pasó al contributivo. El candidato, avalado por el Partido Conservador, asegura que es un error.

Carlos Ordosgoitia Sanín aspira a gobernar Montería, la capital de Córdoba. Oficializó su candidatura con el aval del Partido Conservador al lado del senador David Barguil. También es cercano al Centro Democrático, hasta marzo de este año perteneció a la dirección departamental del partido.

El candidato de derecha es un reconocido empresario en la región, por eso, llama la atención que según registros del Adres, Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud,Ordosgoitia haya estado por ocho años en el régimen subsidiado.

Según el ADRES, el candidato conservador se afilió el 19 de noviembre de 2011 al régimen subsidiado y se retiró el 3 de marzo de 2019, por la Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud, que actualmente atiende a más de tres millones de afiliados del régimen subsidiado en la Costa Caribe.

El régimen subsidiado fue creado para que la población más vulnerable de Colombia pueda acceder al sistema de salud, está enfocado en la población de los niveles 1 y 2 del Sisbén. Para poder tener este subsidio del Estado se debe estar en los listados del Sisbén o pertenecer a una población indígena, ser víctima del conflicto o desmovilizado. Sin embargo, este no es el caso de Ordosgoitia Sanín, quien tiene millonarios ingresos.

Según su declaración de renta del 2016, Ordosgoitia Sanín contaba con un patrimonio bruto de 3.500 millones de pesos, y ese año recibió ingresos por 491 millones de pesos, es decir, 40 millones mensuales.

"Las personas con capacidad de pago que se encuentren afiliadas al Régimen Subsidiado responderán ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, y ante las demás autoridades competentes, por no cumplir con la obligación de realizar los respectivos aportes en el Régimen Contributivo", asegura el Ministerio de Salud.

Se consultó a la Alcaldía de Montería por el caso, ya que el trámite de ingreso al régimen subsidiado se hace por medio del ente territorial, pero no hubo respuesta.

Ordosgoitia aseguró que se trataba de un error en el sistema ADRES, que él no ha tenido Sisbén, y que en los últimos diez años ha tenido medicina prepagada en la empresa Sura. El candidato aseguró que enviaría el certificado, sin embargo hasta la publicación de esta nota no sucedió. Además, el candidato paga desde hace años una póliza de salud con Sura. Una póliza, que cuesta millones, no debería otorgarse a una persona que hace parte del régimen subsidiado. Al ser consultada, Seguros Sura aseguró que confiaban en la buena fe del del usuario.

"El contrato de seguro de las pólizas de salud indica expresamente que el afiliado debe garantizar que pertenece al régimen contributivo del sistema. La compañía asume que la información entregada es real, y puede ser revisada en cualquier momento por parte de los entes gubernamentales. Luego de revisar este caso en detalle, a la fecha el asegurado tiene la póliza vigente, pues está afiliado a una EPS del régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud",esto sin explicar por qué en años anteriores otorgaron la póliza a una persona que se encontraba en el régimen subsidiado. 

En teoría una persona que tiene medicina prepagada no puede estar en el régimen subsidiado, justamente porque su nivel adquisitivo le permite estar en el régimen contributivo. Actualmente, el Adres reporta que el candidato está afiliado en el régimen contributivo a la EPS Salud Total. Se afilió el 10 de junio de este año, justo antes de inscribirse como candidato.

SI EL IVÁN DUQUE DE HOY LE HABLARA AL IVÁN DUQUE DE ENTONCES LE DIRÍA QUE UNO NO PUEDE EMITIR OPINIONES CON PREJUICIOS

El primer mandatario respondió sobre la polémica nota de prensa que escribió a sus 21 años, en julio de 1998, asegurando que su hoy mentor, Álvaro Uribe, "es un escudero de las Convivir".

La mesa de periodistas de Blu Radio, durante la entrevista con el presidente Iván Duque para hablar de su primer año de gobierno, no dejó escapar la columna de opinión que escribió cuando tenía apenas 22 años en el semanario Tolima 7 días y que despertó una polvareda de críticas el pasado fin de semana. Sobre la nota periodística que tituló como “Los pecados de Uribe” respondió que se trató de un prejuicio.

“Esa columna, en efecto, fue publicada en 1998. Tenía en ese momento 21 años. Si el Iván Duque de hoy le hablara al Iván Duque de entonces le diría que uno no puede emitir opiniones con prejuicios, pues tuve la posibilidad de conocer a Álvaro Uribe dos años después de haber publicado la nota de prensa. Construimos una muy buena relación, de respeto, tuve la posibilidad de conocer muchas de sus ideas, y tuve la posibilidad de superar muchos de esos prejuicios”, dijo el mandatario.

En ese mismo tono, sopesó la fuerza de lo escrito después de 21 años manifestando que: “este tipo de columnas existen y sirven para escudriñar lo que uno pensaba tiempo atrás. Hoy las puedo ver con un prisma totalmente distinto y me doy cuenta de que lo ocurrido me ha afirmado mis convicciones y las grandes coincidencias con el expresidente Álvaro Uribe”.  

Sobre su mentor en el Centro Democrático, Duque escribió que este “es identificado como un escudero de la Convivir, es decir, con una expresión clara de la extrema derecha colombiana, que concibe la paz únicamente como resultado de una victoria militar sobre los alzados en armas”.

Aludiendo al tema de las Convivir, el primer mandatario se defendió al asegurar que estos grupos estaban asociados con la extrema derecha y que “fue una medida adoptada por el gobierno de 1994, en abril, avalada por la Corte Constitucional y por muchos gobernantes locales. Hay que mirar esas cosas con el prisma del momento y el pasar del momento”, sostuvo.

Siguió diciendo sobre las Convivir, grupos armados de ciudadanos que pretendía garantizar la seguridad privada como complemento del Ejército y la Policía, que: “hubo personas que abusaron en lo que fue la constitución de ese tipo de instrumentos que fracasaron con el pasar de los años”, señaló refiriéndose al controversial manejo y desempeño de esta estrategia del Gobierno.

Igual, el mandatario se defendió al destacar que sus críticas a las Convivir, hechas en 1998, no daban a entender que apoyara a grupos guerrilleros o de narcotráfico. “Pueden encontrar que he tenido la misma contundencia y expresión de rechazo a los grupos paramilitares, como la he tenido con cualquier grupo guerrillero o narcotraficante. Para mí, no existe atenuante ni diferenciación en un homicidio cometido por el uno o por el otro”, comentó.

Para concluir, Duque no descartó que su incursión como columnista, dedicando espacio a la critica contra el que hoy impulsó su carrera política como presidente, haya sido un “pecadillo”, por el contrario, ve positivo ese cambio de identidad “por los prejuicios que uno tiene”. Así entonces, aseguró que conociendo a Uribe entendió “que defender la seguridad es defender un valor democrático y es parte de la construcción de una sociedad con legalidad, que es la base para construir la paz sostenible”, concluyó.

La columna fue escrita tras la segunda vuelta presidencial en la que el conservador Andrés Pastrana ganó las elecciones, por encima del liberal Horacio Serpa, que en primera vuelta obtuvo mayor votación. Duque saltó a hacer un análisis de la derrota de las huestes rojas en Antioquia, donde los votos de Noemí Sanín en primera vuelta y el caudal político de Fabio Valencia Cossio ayudaron a Pastrana a ganar en el departamento. 

Para el primer mandatario, el principal error del liberalismo en Antioquia fue nombrar a Álvaro Uribe como figura para liderar la campaña allí. A su juicio, el expresidente nunca le dio mucha fuerza a Serpa en el departamento porque, entre otras cosas, tenían una diferencia ideológica. “En tanto que Serpa es un hombre empeñado en la paz, y Uribe es identificado como un escudero de la Convivir, es decir, con una expresión clara de la extrema derecha colombiana, que concibe la paz únicamente como resultado de una victoria militar sobre los alzados en armas”, escribió el mandatario. 

Este recorte del semanario fue hallado por Edwin Gutiérrez, estudiante de octavo semestre de la Universidad del Tolima, mientras recogía información para un trabajo de memoria histórica en su departamento. Sin pensarlo dos veces, publicó la columna en sus redes, desempolvando la polémica a nivel nacional.

HIJOS DE VENEZOLANOS NACIDOS EN COLOMBIA TENDRÁN LA NACIONALIDAD

La medida aplica para quienes nacieron en el país después del 18 de agosto de 2015. Se prevé que son más de 24.000 menores de edad los que se beneficiarán de la normativa. 

Este lunes, el presidente Iván Duque, el canciller Carlos Holmes Trujillo, el defensor Carlos Negret, el procurador Fernando Carrillo y el registrador Juan Carlos Galindo firmaron la resolución que otorgará la nacionalidad colombiana a los hijos de padres venezolanos nacidos en el país después del 18 de agosto de 2015. 

Esta normativa se firma en cumplimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. La vigencia de la medida se prolongará hasta los próximos dos años o “hasta que cesen las circunstancias que llevaron a tomar estas decisiones”, explicó el registrador, refiriéndose a la ausencia de consulados venezolanos en el país que entorpecen el proceso de nacionalidad de hijos venezolanos nacidos en Colombia. 

Hasta ahora, a los hijos de venezolanos se les hacía un registro de nacimiento con el que gozaban el derecho a acceder al sistema de salud, sin embargo, había una nota que especificaba su condición de apátridas, es decir, no contaban con una tarjeta de identidad. Desde hoy, “tanto registradores municipales y notarios pueden avalar estos registros como válidos para que puedan obtener la nacionalidad colombiana”, dijo Galindo. 

El trámite no tendrá ningún costo y los únicos requisitos serán un documento que compruebe el nacimiento del niño en Colombia después del 18 de agosto de 2015, identificación de los padres,cédula de extranjería, pasaporte o cédula venezolana y permiso especial de permanencia vigentes. También para los nacidos después de la resolución aplicará el derecho de la nacionalidad colombiana. 

“Es un gran esfuerzo interinstitucional del Estado, al unirnos para decirle a los niños venezolanos sin nacionalidad que no van a estar más en esa situación”, dijo el presidente Duque, al estimar que serán aproximadamente 24.000 menores de edad los beneficiados con esta medida. 

Igualmente, el mandatario, junto con las demás instituciones presentes en la firma de la resolución, celebró este paso en la atención a la crisis migratoria, al considerar, además, este acto como un “mensaje y lección al mundo, a los que quieren la xenofobia como un camino político, a los que quieren segregar al migrante”, manifestó. 

También, Duque aprovechó para pedirle a la comunidad internacional que se unan en esta causa, especialmente por los niños. “Le estamos dando una luz de esperanza a miles de menores de edad”, dijo el presidente. 

Según Presidencia, el Instituto de Bienestar Familiar atiende 5.000 niños venezolanos diariamente, otros 182.000 han accedido al sistema escolar en el país y se han aplicado 1.2 millones de vacunas a las personas procedentes de Venezuela. 

“Hoy Colombia le muestra al mundo que aunque tenemos limitantes fiscales, un ingreso per cápita de US$8.000, menor que otros países, nosotros sabemos hacer de la fraternidad un sentimiento de solidaridad”, concluyó el primer mandatario