Tras semanas de controversia a raíz de las declaraciones de un fiscal del caso del Palacio de Justicia, que aseguró que no hubo desaparecidos sino errores en las entregas de los cuerpos, la Fiscalía, tal parece, desautorizó las declaraciones y aceptó que sí hubo casos de desaparición forzada durante la toma del Palacio de Justicia. La posición del ente acusador fue comunicada durante la audiencia de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) este viernes 6 de septiembre en Bogotá al fallo en contra del Estado colombiano por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma y retoma de la sede máxima de la justicia.
Según las víctimas del Palacio y sus abogados, el fiscal titular de la investigación, Jorge Hernán Díaz Soto, reconoció ante el tribunal internacional que en la toma del Palacio de Justicia se presentaron casos de desaparición forzada. Sin embargo, para las víctimas del caso, el pronunciamiento debe hacerse de forma pública ya que “la única intención de las declaraciones (hechas por el fiscal auxiliar) era la revictimización”. Alejandra Rodríguez Cabrera, vocera de las víctimas añadió: “El Estado no está preparado y no sabe cómo asumir estos retos cuando hay crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de agentes estatales. Es una cuestión la que están hablando antes los medios y otra muy distinta ante los jueces”.
La audiencia también sirvió para que el ente acusador diera un informe sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia proferida por la corte. Según Eduardo Carreño Wilches, abogado de las víctimas “en la audiencia se reconoció que hay procesos de identificación de restos óseos de trabajadores por parte de la Fiscalía. Además, se reconoció que hay un avance en el pago de indemnizaciones por parte del Estado Colombia, en un porcentaje del 95%”.
Otro de los momentos claves de la audiencia fue el anuncio hecho por Medicina Legal de nuevos restos, que, probablemente, corresponden con otra de las posibles víctimas de desaparición forzada tras la toma del Palacio. El instituto estaría realizando las correspondientes labores de identificación de los restos con los familiares. Actualmente, varias de las víctimas del Palacio recusaron y pidieron que se investigue a la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García, por su participación en la nota periodística en la que se aseguró que no hubo desaparecidos sino errores en la entrega de los restos.
A pesar de los avances presentados por el ente acusador, las víctimas señalaron que no se ha cumplido con uno de los elementos más importantes de la sentencia emitida por la Corte IDH: la verdad judicial. De acuerdo con los representantes de las víctimas, en ninguno de los casos de los presuntos responsables de las desapariciones se han presentado avances significativos. Es más, según los abogados, las investigaciones penales se habrían detenido escudándose en que el caso pasaría a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De esta forma, se habrían logrado progresos en la búsqueda de los restos de los desaparecidos, pero no se habrían avanzado en las líneas de investigación para dar con los máximos responsables.
Así mismo, para Jomary Ortegón, una de las representantes de las víctimas, a pesar de la retractación de la Fiscalía, el ente acusador mantiene la hipótesis de que se trató de un error en la entrega de los cuerpos. “Es una de las hipótesis centrales de la Fiscalía. Aunque no lo expresa con esas palabras, se deduce perfectamente de la intervención de la fiscalía y de su actuación en los últimos 5 años. Por eso se ha pedido que el equipo de fiscales sea removido a su totalidad de la investigación”.
En la audiencia hubo intervención tanto de la Corte Interamericana como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Corte se limitó a decir que “el fallo no está en discusión” y, por ende, no se está discutiendo de nuevo . La sentencia, proferida el 14 de noviembre de 2014, reconoce que hubo 11 desaparecidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Por su parte, la CIDH señaló los incumplimientos por parte del Estado colombiano frente a la sentencia. La Comisión, según Jomary Ortegón, habría señalado que el Estado colombiano no podría seguir manteniendo una posición negacionista y al mismo tiempo “hacer los ejercicios de memoria” con las víctimas.
La Comisión Interamericana habría sostenido también que la actitud del Estado Colombiano es un “abierto desacato” a las decisiones de la Corte IDH. Según Eduardo Carreño, la CIDH hizo un llamado de atención al Estado colombiano y le señaló que debe hacerse una investigación que determine los responsables tanto materiales como intelectuales. Así mismo, habría recordado que estos crímenes son considerados de lesa humanidad en “virtud de los tratados de orden internacional”
La audiencia de cumplimiento de la corte Interamericana de Derechos Humanos de este viernes venía antecedida por una gran controversia. Esta comenzó con las declaraciones del fiscal Jorge Sarmiento a varios medios de comunicación hace un par de semanas. Según el funcionario, “la Fiscalía ha encontrado a algunas de las personas desaparecidas, y por las circunstancias en que las hemos encontrado, la hipótesis ya no puede ser la desaparición forzada”.
Esta postura fue rechazada por las víctimas, que aseguraron que el ente acusador estaba desconociendo el caso y los estaba revictimizando. “Tenemos a una Fiscalía que, definitivamente, en lugar de mostrar su compromiso con las víctimas de desaparición forzada, decidió de manera abierta y descarada trabajar en las tesis de los militares”, dijo el abogado Germán Romero a este diario, para luego agregar: “aquí hasta las sentencias absolutorias en casos de militares —como la del coronel (r) Alfonso Plazas Vega— hablan y confirman las desapariciones forzadas. Ninguna sentencia niega esos delitos”.
(Tomado de El Espectador)