El remonte de la violencia es, en general, producto de un despertar político de los colombianos. La repolitización del país ha llevado a un incremento de la violencia por competencia, para callar a los rivales. Se denomina autoritarismo regional al que tiene una estructura política que controla todos los factores de distribución de poder. En Colombia estos autoritarismos son tan fuertes, que en 11 de los 32 departamentos valdría la pena no hacer elecciones porque se sabe quiénes van a ganar.los autoritarismos que quieren ejercer control utilizan frecuentemente la violencia como vehículo para conservar o conseguir el poder.
Los departamentos que presentan esta anomalia son : Atlántico, con la familia Char; Cesar, con los Gnecco; Valle del Cauca, con Dilian Francisca Toro; Cundinamarca, con el candidato Nicolás García, apoyado por casi todos los partidos; Sucre, con Yahir Acuña, que tiene una investigación pendiente por parapolítica; Córdoba, con Carlos Gómez, candidato del Centro Democrático, de los Ñoños y cercano a Alejandro Lyons; Antioquia, con Aníbal Gaviria; Caldas, con Camilo Gaviria, hijo de la exsenadora uribista Adriana Gutiérrez; Magdalena, con el Mello Cotes, del clan de los Cotes, aunque Carlos Caicedo le está dando la batalla; Tolima, con José Ricardo Orozco, que fue procesado hace unos años por homicidio y quien fue avalado por el Partido Conservador, y Bolívar, con Vicentico Blel, hijo del parapolítico del mismo nombre y hermano de la senadora Nadia Blel, también del Partido Conservador.
Los más afectados son los candidatos a cargos uninominales. Lo segundo, que también los mandatarios en ejercicio han sido alcanzados por la violencia. Los datos son los siguientes: 1. Los funcionarios actuales constituyen el segmento con mayor cantidad de víctimas registradas con el 40,35 %: 39 concejales, 9 senadores y 8 alcaldes.
2. El segundo grupo en número de víctimas son los candidatos: en total 67, de las cuales 47 aspiraban o aspiran a alcaldías, 14 a concejos, 4 a gobernaciones y 2 a asambleas.
3. Las demás víctimas son 21 servidores del Estado y 15 miembros de los partidos.
No existe, hoy, un tipo de organizaciones criminales asesinando o amedrentando a candidatos. En su mayoría se trata de sicarios contratados para quitar a competidores políticos del camino. Así las cosas, se puede afirmar que, por un lado, hay una politización de la sociedad colombiana, como ya habíamos dicho: tenemos jóvenes en política, líderes comunales que exigen rendición de cuentas y un montón de personas ejerciendo control ciudadano. Obviamente, esto no gusta a los políticos de siempre. Por otro lado, se ha ido creando un lumpen criminal, un ejército de mercenarios que venden servicios de seguridad y que son contratados por muchos políticos para amedrentar a la competencia. Esto significa que la violencia es otro mecanismo de competencia política en Colombia.
La palabra final la tiene, por supuesto, la Fiscalía. Pero para la Fundación Paz y Reconciliación, en la mayoría de los casos que han terminado en homicidios y en atentados de candidatos en esta violencia reciente, existen señales de que fueron contratados y pagados por rivales políticos de las víctimas.
La Fundación Paz y Reconciliación ha encontrado que en algunos casos, como en el Cauca, un candidato publicita un panfleto diciendo, por ejemplo, que su contrincante político apoya las fumigaciones aéreas. Esto, en muchas zonas, significa ponerle una lápida al candidato señalado.
Algo que se tiende a pensar intuitivamente es que la violencia política es producto de un vacío de poder dejado por el desarme de las Farc. Y la respuesta es no, no es así. Los altos niveles de incertidumbre electoral llevan a que los candidatos recurran a la violencia y busquen financiación de grupos ilegales para sostener el ritmo económico de una campaña. Esto lo que significa es que en nuestro país ocurre lo contrario de lo que sostiene la teoría gringa sobre las democracias, en donde el mayor número de candidatos y los niveles altos de competencia se traducen en una mejoría de la democracia.
Desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 9 de septiembre de 2019 se produjeron 116 hechos de violencia política que dejaron 173 víctimas. Entre esos hechos se cuentan 20 homicidios, 17 atentados y 128 amenazas. Al comparar con las regionales de 2015, ese año se cometieron 15 asesinatos, 17 atentados y 75 amenazas. Por tanto, hay un incremento preocupante. Y aún nos falta más de un mes de campaña. Pero si comparamos los datos con los peores años de la violencia política, la conclusión es que estamos muy bien. Por ejemplo, para las elecciones de 1997, miles de candidatos debieron renunciar, fueron asesinados o secuestrados. El problema es que todos los índices venían bajando en las últimas jornadas electorales pero, en 2019, se nota una ruptura de esa caída para comenzar a subir de nuevo.
La respuesta institucional es un verdadero desastre. Los datos lo indican claramente. El problema central es que el plan del Gobierno nacional llamado Ágora, está diseñado para el país de hace 20 años, no para las nuevas realidades. Por ello, está llamado al fracaso. Además, una parte del problema es la violencia política pero la otra parte, es la filtración de recursos ilegales en las campañas. Para prevenir este fenómeno hay muy poco diseño. Un dato: en el bajo Cauca antioqueño, el Clan del Golfo y los Caparrapos pondrán la mayoría de los alcaldes. En 107 municipios del país, se presenta este riesgo.
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