Al revelar una serie de pruebas sobre diferentes tipo de delitos electorales, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció este jueves que le pidió a la Corte Suprema abrir investigación contra los congresistas electos Lilibeth Llinas (representante a la Cámara), Fabián Castillo (senador de la República) y Margarita Restrepo (representante a la Cámara).
En las decisiones anunciadas se ratificó la compulsa de copias contra la senadora electa y detenida Aida Merlano. De la misma forma reveló que en las denuncias de corrupción figuran el senador electo Julián Bedoya, per sobre ellos no hay decisión de abrir investigación. También está en el proceso judicial el llamado a interrogatorio a los hermanos Julio y Mauricio Gerlein Echavarria.
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó que uno de los primeros operativos fue la operación 'Casa Blanca', que permitió poner en evidencia a una empresa criminal que funcionaba en servicio de campañas políticas.
De acuerdo con el funcionario, los electores recibían dinero a cambio de votos. Una de las involucradas es la congresista investigada Aida Merlano.
En uno de los videos presentados se observa a la senadora Merlano repartiendo dinero a los líderes que se encargaban de pagar a los electores, como si se tratase de una mercancía. "Los electores llegaban a hacer fila".
La red contaba con dos fuentes de financiación. En la red pública habrían contratos de prestación de servicios con el Concejo de Barranquilla. "Los beneficiarios eran personas que trabajaban para la 'Casa Blanca'. Tenían contratos al mismo tiempo con el Concejo".
En la fuente privada se identificaron cientos de cheques provenientes de particulares. "Fueron cobrados por personas que trabajan para la red criminal Edwin Martínez, quien está captrudado.. En febrero cobró 21 cheques que superaron los mil millones de pesos. Otro colaborador, cobro en un solo día 500 millones.
Según Martínez, en este caso se habría violado los topes de gastos de las campañas electorales y se incurrió en tráfico de votos. "Hay más dirigentes políticos comprometidos", indicó.
Las pruebas muestran que 'Casa Blanca' también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás,quien no alcanzó a ser elegida.
Durante esta primera fase fueron capturadas cinco personas en flagrancia, a quienes se les imputó inicialmente el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado.
El próximo 30 de julio la Fiscalía imputará estos delitos a las siguientes personas:
-A la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
-A los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
-A los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
-A los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
Así mismo, Martínez expuso que un contratista de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, Julián Gutiérrez, habría amenazado a personal trabajador de jardines infantiles para votar a la Cámara de Representantes por Diego Caro y al Senado por María Fernanda Cabal, ambos miembros del Centro Democrático.
De acuerdo con el Fiscal, Gutiérrez "supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la Localidad de Kennedy (en Bogotá) que votaran de forma direccionada por el candidato Diego Caro y su fórmula al senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo no se le renovarían sus contratos".
Además, a los trabajadores se le habría exigido un listado con diez familiares, con número de cédulas y direcciones de residencia. "También se habría pagado 200 mil pesos por 'reconocimiento a su colaboración' a algunas docentes".
Néstor Humberto Martínez afirmó que el próximo 3 de julio se le imputarán a dos personas, entre esas Julián Gutiérrez, los cargos de constreñimiento y corrupción al sufragante.
Al respecto, María Fernanda Cabal en un comunicado expresó que se hizo una campaña limpia y propositiva "con un muy limitado y austero presupuesto".
Aseguró además que no está vinculada a ningún proceso "pero estaré dispuesta a colaborar con la administración de justicia para que se llegue a la verdad de estos hechos".
Martínez también mencionó una estructura de compra de votos y constreñimiento electoral en la ciudad de Medellín. “La campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara y reelegida al Congreso, ofrecía tablets y televisores por módicos 300.000 pesos, siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 de su partido (Centro Democrático). Las evidencias materiales recogidas por el fiscal de conocimiento indican que la campaña alcanzó a recaudar una suma importante de sus votantes y les condicionó la entrega a la demostración de que votaron por su candidata”, afirmó.
Según dijo, el fiscal de conocimiento acopió “numerosas pruebas que indicarían que Alejandro Cuartas habría comprado votos”.
El subdirector del Sena en Caucasia, Braulio Suárez, habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo, Julián Bedoya Pulgarín.
Según las investigaciones, Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido en el Congreso, el subdirector del Sena se encargaría que quienes tenían contrato con el Sena lo mantendrían y quienes no lo tenían podrían ser nuevos contratistas.
El día de las elecciones fue capturado Sergio Lora Ávila, con 7 millones de pesos en efectivos y propaganda del senador electo Fabián Castillo. En el celular se mencionaba el nombre de varias personas que estarían involucrados.
También está documentado en el expediente que el electo senador Fabián Castillo, habría estado visitando al detenido Lora Ávila en la estación de policía a la cual fue inicialmente conducido para el proceso de judicialización.
En el marco de la investigación, Lora Ávila habría justificado el porte de efectivo mediante la presentación de un contrato de transporte del día de elecciones, suscrito con el entonces candidato al senado Fabián Castillo, en el que se comprometía a prestar ese servicio en Magdalena.
El fiscal concluyó que dicho contrato era contrario a la realidad, al punto que aparecen placas de vehículos que no existen.
También se solicitará audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, a quien se le imputará el delito de tráfico de influencia de servidor público, por presuntamente haber intentado favorecer a Lora Ávila durante el proceso de judicialización.
Felipe Muñoz, aspirante a la Cámara y miembros de la comunidad de López de Micay denunciaron que, en este municipio pudo haber alteración en los resultados de las elecciones al Congreso, que habría beneficiado a Faber Muñoz, quien fue elegido como cuarto representante a la Cámara por el departamento del Cauca.
Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete mesas de seis corregimientos donde, aparentemente, los resultados del preconteo no se habrían reportado oportunamente a la Registraduría departamental y, además, habrían aparecido al menos de 250 votos marcados en favor del entonces candidato. "La equis con que se marcaron tienen el mismo patrón, habrían sido marcados por la misma persona".
Hay investigaciones abiertas en otras regiones del país. La Fiscalía prometió que dará a conocer los resultados "en tiempo real".
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