VANEZA PELAEZ EN LÍOS JURÍDICOS POR CULPA DE SU EXESPOSO

La empresa de vestidos de baño para mujer, Granadina Beach Moments, de la reconocida modelo y presentadora de televisión Vaneza Peláez y de la exesposa de James Rodríguez, Daniela Ospina será objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía y la Policía porque, al parecer, dineros ilícitos habrían ingresado a la compañía.

Así lo confirmaron fuentes oficiales que desarrollaron un operativo, en el barrio El Poblado de Medellín, donde fue capturado Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, quien hasta hace algunos meses fue esposo de Vaneza Peláez

Según las autoridades, alias “Lindolfo” exesposo de la modelo,  asumió la jefatura de “La Oficina” luego de que Fredy Alonso Mira Pérez, alias Fredy Colas, fuera extraditado a Estados Unidos en 2015

En la operación donde cayó el cabecilla de la banda criminal, quien hasta ahora era conocido públicamente como empresario, también fueron capturados otros seis presuntos criminales en diligencias adelantadas en Medellín y Cartagena.

Las informaciones de inteligencia, corroboradas durante más de dos años de investigación, indican que alias “Lindolfo” de 32 años, hacía parte de la estructura criminal desde hace 3 años y era el encargado de cobrar deudas superiores a los 1.000 millones de pesos, producto de actividades ilegales, a cambio de buena parte del dinero. Según la Policía, lo hacía mediante amenazas e incluso homicidios

También se a conocido que posiblemente el canal Caracol retiraría de la presentación del programa Sábados Felices a la presentadora y modelo Vaneza Peláez mientra se aclara su situación jurídica.

CARCEL PARA MAGISTRADOS CORRUPTOS DEL META PIDE LA FISCALIA

Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez son procesados por presuntamente haber pedido sobornos con el fin de favorecer a exparamilitares en procesos judiciales.

La Fiscalía General solicitó formalmente cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta, Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Díaz Rodríguez en el marco del proceso que se adelanta por presuntamente haber solicitado sobornos para favorecer a integrantes de bandas criminales y exparamilitares en procesos penales.

En la petición presentada ante el magistrado Fernando Pareja de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta se manifiesta que la medida es necesaria puesto que los ahora procesados pueden afectar la investigación mediante la manipulación y alteración de pruebas, así como su inasistencia a las citaciones de las autoridades judiciales. 

En este último punto consideró que el riesgo de fuga es posible puesto que los magistrados cuentan con los recursos económicos para salir del país. Igualmente, debido a la gravedad de los hechos investigados representan un peligro para la sociedad. (Ver: Con mujeres, licor y $3.000 millones "compraron" a magistrados del Tribunal del Meta)

La delegada del ente investigador aseguró que los magistrados montaron una “empresa criminal” dirigida a otorgar beneficios judiciales a cambio de altas sumas de dinero. “Es un actuar reprochable”, señaló en su solicitud para que sean enviados a un centro carcelario. “Hay necesidad y urgencia de la medida”.

En su extensa intervención, la fiscal del caso aseguró que con su actuar beneficiaron a peligrosos delincuentes. “Se pretende evitar que se siga con las actividades delictivas y que cumplan con la pena, que sería alta. Existe evidencia para inferir de los tres implicados su conducta delictiva”.

En el desarrollo de la diligencia judicial, la Fiscalía General presentó elementos materiales probatorios como interceptaciones telefónicas en las cuales los procesados manifestaban la necesidad de entregar los sobornos a los magistrados para que los favorecieran con decisiones judiciales. Igualmente, se citaron varios testimonios de procesados que recibieron la oferta para entregar altas sumas de dinero si querían que sus pretensiones se resolvieran. 

La delegada del ente investigador sostiene que los magistrados beneficiaron igualmente a integrantes de la organización comandanda por alias 'Pijarvey'. El delegado del ente investigador citó la detención domiciliaria que se le otorgó a alias 'Farid' pese a su condena de 30 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir.

Aprovechando un descuido de las autoridades carcelarias, 'Farid' se fugó de su residencia y actualmente es prófugo de la justicia. Los magistrados también beneficiaron a 'Cesarín' y 'Sofia', considerados por las autoridades como jefes de organizaciones delincuenciales en Villavicencio y otros municipios del Meta.

Los magistrados -según las pruebas reveladas- fijaron una promesa de pago de 3.000 millones de pesos con el fin de entregar estos beneficios judiciales. Cuota que muchas veces recibían por parte de los interesados, que con el único fin de recuperar su libertad o ser absueltos se comprometían a consentir a los magistrados con todo lo que ellos quisieran. 

Por estos hechos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar u ofrecer y prevaricato por acción. Los magistrados se declararon inocentes.  

(Tomado del Espectador)

INVESTIGACIONES DE ATAQUES TERRORISTAS EN LA CAPITAL SON SERIAS Y VAN POR BUEN CAMINO

Los atentados con explosivos de los 3 últimos años en Bogotá plantean el reto de dar respuestas sólidas para mejorar la percepción de seguridad. Ninguno de los capturados por estos casos ha sido condenado y la mayoría quedaron libres por vencimiento de términos.

Después de cada atentado en Bogotá, las autoridades han expresado su preocupación, han anunciado investigaciones a fondo, han dicho tener hipótesis sólidas y que darán con el paradero de los responsables. En ocasiones, en medio de la coyuntura de algunos ataques, se han reportado unas cuantas capturas, como la de los 13 estudiantes y excontratistas del Distrito; la de Mateo Gutiérrez, quien este jueves estuvo en audiencia de acusación como supuesto responsable de dos explosiones en 2015, o la de cinco personas señaladas del atentado contra un restaurante iraní en Teusaquillo. 

Sin embargo, hasta donde se sabe, las autoridades no han logrado demostrar ante un juez la responsabilidad de todos los detenidos, algunos de los cuales han quedado libres por vencimiento de términos, y las investigaciones no han llegado a los determinadores y sus cómplices. En algunos casos, lo máximo ha sido señalar al Eln o al denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp) como las estructuras responsables de las explosiones, pero sin mayores detalles. Es por esto que las aprehensiones reportadas no han sido ajenas a la controversia.

El recuento de los resultados investigativos, sin desconocer el trabajo hecho, por ahora muestra o bien que las autoridades mantienen todo en reserva o que realmente no se ha logrado identificar y desmantelar las estructuras que están detrás de los ataques.

Aunque públicamente no se conoce una cifra consolidada de ataques con explosivos en los últimos tres años , ni de atentados frustrados en Bogotá, lo que sí se tenía claro, hasta antes de lo sucedido en el centro comercial Andino, era el patrón de los ataques: los blancos siempre fueron sedes de EPS y entidades estatales, a modo de protesta; locales comerciales, en medio de casos de extorsión, y miembros de la Fuerza Pública.

Si bien el objetivo era causar miedo, las cargas explosivas de los últimos años nunca estuvieron dirigidas contra la población civil. Sin embargo, el ataque del pasado fin de semana rompió ese patrón y les imprimió mayor dificultad a las investigaciones, al haber sido en un sitio con alta afluencia de público y en vísperas de una festividad, cobrando la vida de tres mujeres y dejando heridas a ocho personas.

Es evidente que la complejidad de cada caso les ha impedido a las autoridades cumplir la promesas con la contundencia y la celeridad necesarias para contrarrestar la rapidez con la que crece la percepción de inseguridad entre los ciudadanos, la cual, según la última encuesta de la organización Bogotá Cómo Vamos, llega al 45 %.

Uno de los pocos resultados en medio de los atentados fue la captura de Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, quien fue detenido el pasado 21 febrero, tres días después del atentado en La Macarena, en el que perdió la vida un patrullero del Esmad. Pero, vale aclarar, Gutiérrez no es investigado por esos hechos, sino por dos explosiones registradas el 18 de septiembre de 2015 y, según reveló la Fiscalía este jueves, por otros seis episodios en los que estallaron bombas panfletarias.

De acuerdo con las pruebas que dice tener la Fiscalía y que mencionó en la audiencia de acusación, un testigo aseguró haber visto al estudiante llegar hasta un apartamento en la carrera 10ª con calle 18, en compañía de dos personas. Según el testimonio, en ese lugar amordazaron a un menor de edad, lo despojaron de su celular y le dijeron que iban a poner dos petardos panfletarios. La Fiscalía indicó que este hecho estaría relacionado con otra explosión que se registró en la carrera 16 con calle 76, donde aparecieron panfletos del denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp).

Desde la audiencia de imputación, realizada hace cuatro meses, el ente acusador indicó que en la Marcha por la Paz, celebrada en octubre de 2016, se vio a Gutiérrez León repartiendo volantes de esa organización. Los familiares y amigos aseguran que la investigación contra Gutiérrez, quien permanece recluido en la cárcel Modelo, es “una cortina de humo para mostrar resultados frente al atentado que antecedió su captura” y “una muestra de la persecución contra los estudiantes de la universidad pública”, según dijeron frente a los juzgados especializados de Bogotá varios compañeros del joven detenido.

Ómar Gutiérrez, padre del universitario, insiste en que el testimonio clave del escrito de acusación lo rinde una persona “después de dos años de haber sido activada una bomba panfletaria en su casa, donde curiosamente reconoce a Mateo después de tanto tiempo”. La Fiscalía, sin embargo, afirma tener pruebas para llevar a juicio al universitario.

Otra investigación rodeada de controversia es la que cursa en contra de 13 personas, entre los que se encuentran excontratistas del Distrito, como la abogada Paola Salgado, además de estudiantes de universidades públicas y un miembro de una ONG, quienes fueron capturados en julio de 2015. En su momento, a la opinión pública le llamó la atención que esta redada se hubiese producido tan sólo cinco días después del ataque contra una las sedes de Porvenir, en el norte de la ciudad, pero la investigación iba por otro camino.

De acuerdo con el escrito de acusación, “las diligencias (se) inician por el hecho ocurrido el 29 de julio de 2014”, fecha en la que se halló un artefacto explosivo con banderas alusivas al Eln en el puente de Guadua (calle 80 con carrera 119). Así, los organismos de Policía Judicial extrajeron información de un celular “que sería utilizado como mecanismo de activación del artefacto explosivo”.

Tras explorar las bases de datos de las empresas de telefonía móvil, los investigadores aseguraron que había una correlación entre esos números y la explosión en el CAI de Lourdes (20 de junio de 2014), la activación de varios artefactos explosivos en la ciudad (29 de julio de 2014) y el hallazgo de un dispositivo que contenía metralla y cordón detonante (6 de octubre de 2014).

Las autoridades los señalaron también de atacar a la Fuerza Pública con artefactos explosivos improvisados (papas bomba) en distintas marchas realizadas en la ciudad y de transportar este tipo de elementos hasta la Universidad Nacional, para utilizarlos en protestas.

Aunque luego de las audiencias preliminares el juez de garantías impuso medida de aseguramiento en contra de los implicados, a la fecha todos están libres y está previsto que en agosto comience el juicio. Los investigados insisten en su inocencia.

Respecto al atentado en el centro comercial Andino, el presidente Juan Manuel Santos afirmó el fin de semana que la Fiscalía y la Policía trabajan desde el día de los hechos en tres hipótesis y que las investigaciones “van por buen camino”. Las autoridades, por su parte, afirmaron que el análisis efectuado a la carga explosiva reveló que “estaba compuesta por nitrato de amonio, aluminio y azufre, elementos constitutivos del amonal, utilizado en otras acciones criminales”. Además, pese a que se dieron a conocer de manera no oficial los retratos hablados de los responsables, no coinciden plenamente con la descripción que dieron los testigos, según dijo la Fiscalía.

Aunque las estadísticas de seguridad urbana, como homicidios o hurtos, han disminuido, atentados como el ocurrido el pasado fin de semana hacen que se pierdan la confianza y el terreno ganado en materia de seguridad. Los cuerpos de inteligencia tienen el reto de mostrar una investigación sólida y profunda que le permita a la justicia castigar estos hechos de manera expedita y, así, lograr mejoras en la percepción de seguridad y evitar que la investigación de este nuevo ataque se quede en promesas y en la impunidad.