La Corte Suprema negó las peticiones de nulidad hechas por la defensa del expresidente. Así mismo, ratificó el llamado a indagatoria, aunque no se fijó fecha para dicha diligencia.
El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos sigue su camino en la Corte Suprema. El alto tribunal desestimó la acción de nulidad presentada por la defensa de la cabeza de Centro Democrático. De la misma manera, se rechazó la solicitud de excluir varias pruebas del proceso de Álvaro Prada -también vinculado al caso- que, a consideración de los abogados, son ilegales.
Con la decisión de este lunes, el alto tribunal deja en firme el proceso en contra de Álvaro Uribe y ratifica su llamado a indagatoria. Ahora, la Corte tendrá que definir la fecha en que el expresidente tendrá que comparecer ante los magistrados. Ya ha pasado poco más de un año desde que la Corte Suprema anunció que llamaría a indagatoria a la cabeza del partido de gobierno y, desde entonces, no se ha fijado el día ni la hora de la diligencia.
Ya en febrero de este año el alto tribunal había rechazado otra solicitud de nulidad presentadas por los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, otro de los vinculados al proceso. En ese momento, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió negar, de manera unánime el pedido de los dos miembros del Centro Democrático.
En ese momento, la corte aseguró que: “Todo lo actuado en su momento por la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal, estuvo cobijado por el texto original del artículo 186 de la Constitución Política, en el cual se prevé la competencia exclusiva y excluyente de la Corte Suprema de Justicia para conocer de los delitos que cometan los congresistas”.
Así mismo, por esa misma época, la Corte negó la solicitud de excluir del material probatorio las interceptaciones telefónicas hechas por equivocación a Uribe, pues la práctica de pruebas estaba ajustada a la legalidad y añadió que “tampoco se halló arbitrariedad, extralimitación ni desafuero del magistrado que la ordenó, sino que, contrario a ello, se realizó en una práctica probatoria lícita y legal”.
A finales del 2018, la Corte Suprema aceptó que había interceptado sin querer la línea del senador en el marco de una investigación contra el congresista Nilton Córdoba, investigado por el cartel de la toga. Sin embargo, los magistrados aseguraron que dichas pruebas podían ser usadas en el caso del expresidente entre 2002 y 2010 ya que contaban con toda legalidad.
El proceso en cuestión comenzó en febrero de 2018, cuando la Corte determinó que se debía indagar si Uribe y Prada habrían presionado en el pasado a testigos recluidos en distintas cárceles o, por medio de terceros, tratando de manipular sus versiones a cambio de dinero o “favores jurídicos”, con el fin de desmentir testimonios contra Uribe o su hermano Santiago y, de paso, enlodar al senador Iván Cepeda.
Desde entonces, han sido múltiples las dificultades para que el expresidente Uribe rinda indagatoria. Primero, fue la creación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Este hecho hizo que solo el proceso en contra de los dos senadores fuera conocido por la magistrada Cristina Lombana -quien fue oficial del Ejército para el tiempo de su elección- el 17 de octubre de 2018, casi cuatro meses después del llamado a indagatoria hecho por la Corte.
Luego, fue la recusación presentada por el senador Iván Cepeda en contra de la magistrada Lombana por un posible conflicto de intereses. Según Cepeda, la togada no podía hacer parte de ningún proceso en contra del expresidente ya que sostuvo una relación subordinada con Uribe mientras fue presidente de la República y ella, oficial del Ejército. Al darle la razón a senador, la Sala Especial de Instrucción apartó a la magistrada de todos los procesos en los que Uribe, incluido el proceso por presunta manipulación de testigos
La Fiscalía capturó al general Jorge Horacio Romero, por supuestos actos de corrupción en la Cuarta Brigada, unidad militar con sede en Medellín, que él comandó entre 2016 y 2017. El alto oficial ya había sido llamado por el ministerio de Defensa a calificar servicios.
Hace un mes, SEMANA reveló los actos de corrupción que ocurren en el interior de la institución. Estos incluyen el direccionamiento de contratos a cambio de sobornos y la venta de permisos de armas que terminaron en manos de criminales.
La semana antepasada, la Fiscalía capturó a otras nueve personas señaladas de haber participado en los hechos irregulares dentro de esa unidad. Se trata del coronel retirado Harold Páez Roa, excomandante del batallón de servicios; el coronel Alexander Carvajal Urquijo, supervisor de los contratos de la Cuarta Brigada; el mayor Edwin Carrillo Pacheco, jefe de presupuesto; el capitán Jonathan Bonilla, supervisor de contratos; el capitán retirado Guerly Alexánder Carrera y el sargento John Roncancio Rodríguez, bodeguista de esa unidad. También detuvieron a los contratistas Jaime Alberto Ramírez, Ana Lucía Posada y Samir García Buitrago.
Según la Fiscalía, el entramado de la Cuarta Brigada benefició a tres empresas con 31 contratos por 4.500 millones de pesos entre 2016 y 2017. Los sobornos que se repartían eran del 10%. Y esos actos eran ordenados por Romero, ha dicho la Fiscalía en las audiencias de los nueve capturados.
SEMANA conoció las declaraciones en poder de la Fiscalía y la Procuraduría de un importante empresario antioqueño, de un militar y de una civil sobre supuestos actos de corrupción del general Jorge Romero Pinzón cuando comandó la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017. Sus denuncias no son los únicos señalamientos sobre el militar. La Fiscalía investiga posibles malos manejos que sumarían alrededor de 1.000 millones de pesos. Dineros destinados al mantenimiento de vehículos, a la compra de combustible, entre otros, habrían sido desviados mediante maniobras ilegales en las que estuvieron involucrados otros altos oficiales a su cargo.
En los círculos castrenses se especulaba que al no ser llamado al curso de ascenso para mayor general, Romero saldría de las filas. Sin embargo, en enero, con la llegada de la nueva cúpula del Ejército, terminó designado en la jefatura del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, unidad que maneja un abultado presupuesto para proyectos en el país. La declaración del empresario –cuyo nombre se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad– apunta a una de esas líneas de investigación sobre el general. Se trata de una dinámica que Romero habría montado en la Cuarta Brigada para recibir dinero a cambio de la entrega de los permisos de porte de armas.
En su declaración, el empresario advierte: “¿Hasta dónde puede repercutir mi versión? Si de pronto él tiene un papá (padrino) y lo único que van a hacer es que archivan, yo voy a quedar con un enemigo poderoso. Pero, como ciudadano, pienso que personas como él surgen por el miedo, porque nadie los enfrenta”. Entonces relata que conoció a Romero porque la misma esposa del general les arregló una cita. Allí, en la sede de la brigada, el general le pidió que organizara un encuentro con la plana mayor del empresariado paisa, porque a ellos había que protegerlos.
“En tres días convoqué y le llevé a todos los industriales de la ciudad, Fábrica de Licores, Tanques y Camiones; o sea, los industriales grandes (...), transportistas, comerciantes...”. Según la declaración, esa reunión no fue atendida por Romero, sino por un mayor del mismo apellido. Al final del encuentro, el general habló con el empresario. Fue entonces que se refirió a los permisos para el manejo de armas que los empresarios piden para protegerse.
“Me dice: ‘Lo de los permisos especiales yo te los voy a manejar, le voy a poner orden a esto. Quiero que tú me manejes esa parte y me lo manejes a sobre cerrado’”. El empresario agrega: “Cuando a mí me dijo eso, [pensé]: Dios mío, qué persona acaba de llegar aquí. Esto va a ser el deleite de los bandidos”. Cuenta que en el momento en que se le vencieron los permisos para las cuatro armas que manejaba, envió a la brigada las solicitudes para renovarlos, acatando el trámite regular. Le negaron uno de ellos.
El empresario se enteró, según cuenta, de que el general Romero buscó información en la Policía sobre sus empresas. “Veíamos la mala intención de él y como el querer buscar cosas que de pronto, realmente... Para ser honestos, si uno se pone a buscar, él sí las tiene. Nosotros no. O sea, las cosas oscuras creo que las maneja él”. Más adelante, el empresario dice: “Uno se dio cuenta, por muchos contratos y muchas cosas, de que el hombre se lucró”. Y agrega: “No sé quién será el padrino de él o el que está detrás. Pero yo veo que sigue ascendiendo, que está en mejores cargos o con más poder”.“Pero, inmediatamente, en la brigada le dijeron que por qué está negando el permiso, si reunía todas las condiciones. Entonces me lo aprobó. Me hizo ir a la oficina (...) y me puso a esperar como cinco horas (...) Luego me hizo pasar. [Me dijo]: ¿Yo qué le dije a usted? ¿Usted por qué presenta los permisos? Le dije: señor, yo hago el trámite”. Romero le alegó: “Yo le dije a usted cómo era esto”.
En poder de la Fiscalía hay otro soporte que amplía ese supuesto modus operandi basado en la venta de salvoconductos. Es la versión de una mujer que llegó a la brigada a tramitarle un permiso a un tercero para quien trabajaba. Allí, contrario a lo que ella esperaba, y como al parecer había acordado con un alto oficial retirado, la recibió un militar que no estaba al tanto del ilícito, y quien termina interrogándola: “¿A usted cuánto le colaboran por cada arma?”, le pregunta él. Y ella, preocupada por haber quedado en evidencia, intenta explicar la situación: “Eso viene desde arriba. A mí simplemente me dijeron ‘tenga la plata’ para que la trajera acá. Quiénes [estén] untados, no sé qué. Con decirle que conozco a mi general Romero; diga que va de su parte y que él llamó. Así, si ellos ya saben. Sí me entiende desde dónde empieza la mentira”.
La mujer luego explica que acordó ese pago con un coronel retirado. “A mí me dijeron que viniera acá y diera once millones y medio”, dice ella. Al parecer, el pago no era la única irregularidad en ese fraudulento trámite. El oficial que la atiende le explica que “el señor (quien solicitaba el arma) tenía un problema de narcotráfico”. En este punto, la mujer le insiste al oficial que le devuelva la documentación del hombre que la mandó hasta la brigada, en un intento por borrar el rastro de ese fraude y por volver a intentar la misma movida, pero en otra ciudad. “Me dijeron: ‘esto es tan sencillo que si le entrega la carpeta, ellos se van para otra ciudad”’.
En agosto del año pasado, siete meses después de que el general Romero abandonó la Cuarta Brigada para escalar a la comandancia de la Tercera División del Ejército, se desató un escándalo en Antioquia. La Policía capturó a alias Pichi Belén, el jefe máximo de la Oficina, la organización criminal más poderosa de Medellín. Hubo revuelo cuando se supo que el capo tenía un arma con un salvoconducto que había conseguido en Neiva, pese a que llevaba a cuestas una orden de captura y tenía antecedentes criminales. “Es materia de investigación el por qué el hombre más buscado de Medellín tenía un arma de fuego con permiso”, dijo en su momento Claudia Carrasquilla, la fiscal contra el crimen organizado.
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En los expedientes reposa una declaración de un oficial que trabajó bajo el mando de Romero en Medellín, y que agrega detalles sobre el presunto cartel de los permisos de armas. “Los empresarios antioqueños se han venido quejando por lo del manejo de permisos especiales y mi general, supuestamente, los está reuniendo para colaborarles (...) Mandaba a mi mayor Romero y al sargento Echavarría a que los reuniera y les hablaran de una situación a mejorar la inteligencia y una colaboración especial (...) La gente se ha venido cansando de eso y ya hay comentarios”.
El oficial luego hace referencia a un trino del abogado antioqueño Jaime Restrepo, que se autodenomina como El Patriota en sus redes sociales y allí mismo ha mostrado que tiene varias armas. “La firma de los permisos para armas de fuego y permisos especiales se convirtió en la caja menor de la Cuarta Brigada. ¡Corrupción!”, publicó el 25 de noviembre de 2016.
El oficial, además, habría advertido los presuntos desvíos del dinero que la brigada recibía para costear el combustible de sus vehículos. Eso, dice, le causó problemas con Romero: “Mi general cuando le expusimos el trabajo él se enojó, que por qué nos metíamos en esa parte. Después nos dimos cuenta de que sacaron 30 millones de pesos que cambiaron en efectivo y se los dieron a él para un viaje que hizo a Brasil con la esposa”. En esa ocasión, Romero habría recibido viáticos regulares del Ejército porque se trataba de un viaje conocido como de georreferenciación, al que asisten varios altos oficiales... El dinero extraído irregularmente del presupuesto de combustible era para costear el acompañamiento de su esposa.
“También hubo un contrato de 384 millones cuando llegó la partida de mantenimiento en agosto y septiembre. Resulta que la partida (...) la pagaron completa con una verificación de vehículos que nunca recibieron los mantenimientos estipulados”. El oficial agrega: “Él se trajo su cúpula. Puso los mismos que tenía en la Séptima Brigada en Villavicencio. Los puestos que manejan la parte administrativa de dinero los manipula él”, dijo en una declaración que está en poder de la Procuraduría y la Fiscalía. Tras dejar el cargo en la Cuarta Brigada, el general Romero fue designado para un puesto superior, como comandante de la Tercera División.
En 2018, cuando no fue llamado a curso de ascenso para mayor general, se dio por descontado que pasaba a retiro. Sin embargo, con los cambios del año pasado fue ascendido a la cúpula militar, al frente del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo en el país.
Por intermedio de la oficina de prensa del Ejército, el jueves en la tarde SEMANA envió un cuestionario al brigadier general Romero. El viernes en la mañana el oficial se acercó a las inmediaciones de la revista afirmando tener el cuestionario respondido. Este medio pidió una entrevista grabada al oficial, la cual no aceptó y, al cierre de esta edición, al final de la tarde del viernes, aún no había hecho llegar las respuestas del cuestionario.
(Tomado de la Revista SEMANA)
Justo antes de inscribirse como candidato se retiró del régimen subsidiado y pasó al contributivo. El candidato, avalado por el Partido Conservador, asegura que es un error.
Carlos Ordosgoitia Sanín aspira a gobernar Montería, la capital de Córdoba. Oficializó su candidatura con el aval del Partido Conservador al lado del senador David Barguil. También es cercano al Centro Democrático, hasta marzo de este año perteneció a la dirección departamental del partido.
El candidato de derecha es un reconocido empresario en la región, por eso, llama la atención que según registros del Adres, Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud,Ordosgoitia haya estado por ocho años en el régimen subsidiado.
Según el ADRES, el candidato conservador se afilió el 19 de noviembre de 2011 al régimen subsidiado y se retiró el 3 de marzo de 2019, por la Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud, que actualmente atiende a más de tres millones de afiliados del régimen subsidiado en la Costa Caribe.
El régimen subsidiado fue creado para que la población más vulnerable de Colombia pueda acceder al sistema de salud, está enfocado en la población de los niveles 1 y 2 del Sisbén. Para poder tener este subsidio del Estado se debe estar en los listados del Sisbén o pertenecer a una población indígena, ser víctima del conflicto o desmovilizado. Sin embargo, este no es el caso de Ordosgoitia Sanín, quien tiene millonarios ingresos.
Según su declaración de renta del 2016, Ordosgoitia Sanín contaba con un patrimonio bruto de 3.500 millones de pesos, y ese año recibió ingresos por 491 millones de pesos, es decir, 40 millones mensuales.
"Las personas con capacidad de pago que se encuentren afiliadas al Régimen Subsidiado responderán ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, y ante las demás autoridades competentes, por no cumplir con la obligación de realizar los respectivos aportes en el Régimen Contributivo", asegura el Ministerio de Salud.
Se consultó a la Alcaldía de Montería por el caso, ya que el trámite de ingreso al régimen subsidiado se hace por medio del ente territorial, pero no hubo respuesta.
Ordosgoitia aseguró que se trataba de un error en el sistema ADRES, que él no ha tenido Sisbén, y que en los últimos diez años ha tenido medicina prepagada en la empresa Sura. El candidato aseguró que enviaría el certificado, sin embargo hasta la publicación de esta nota no sucedió. Además, el candidato paga desde hace años una póliza de salud con Sura. Una póliza, que cuesta millones, no debería otorgarse a una persona que hace parte del régimen subsidiado. Al ser consultada, Seguros Sura aseguró que confiaban en la buena fe del del usuario.
"El contrato de seguro de las pólizas de salud indica expresamente que el afiliado debe garantizar que pertenece al régimen contributivo del sistema. La compañía asume que la información entregada es real, y puede ser revisada en cualquier momento por parte de los entes gubernamentales. Luego de revisar este caso en detalle, a la fecha el asegurado tiene la póliza vigente, pues está afiliado a una EPS del régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud",esto sin explicar por qué en años anteriores otorgaron la póliza a una persona que se encontraba en el régimen subsidiado.
En teoría una persona que tiene medicina prepagada no puede estar en el régimen subsidiado, justamente porque su nivel adquisitivo le permite estar en el régimen contributivo. Actualmente, el Adres reporta que el candidato está afiliado en el régimen contributivo a la EPS Salud Total. Se afilió el 10 de junio de este año, justo antes de inscribirse como candidato.
El primer mandatario respondió sobre la polémica nota de prensa que escribió a sus 21 años, en julio de 1998, asegurando que su hoy mentor, Álvaro Uribe, "es un escudero de las Convivir".
La mesa de periodistas de Blu Radio, durante la entrevista con el presidente Iván Duque para hablar de su primer año de gobierno, no dejó escapar la columna de opinión que escribió cuando tenía apenas 22 años en el semanario Tolima 7 días y que despertó una polvareda de críticas el pasado fin de semana. Sobre la nota periodística que tituló como “Los pecados de Uribe” respondió que se trató de un prejuicio.
“Esa columna, en efecto, fue publicada en 1998. Tenía en ese momento 21 años. Si el Iván Duque de hoy le hablara al Iván Duque de entonces le diría que uno no puede emitir opiniones con prejuicios, pues tuve la posibilidad de conocer a Álvaro Uribe dos años después de haber publicado la nota de prensa. Construimos una muy buena relación, de respeto, tuve la posibilidad de conocer muchas de sus ideas, y tuve la posibilidad de superar muchos de esos prejuicios”, dijo el mandatario.
En ese mismo tono, sopesó la fuerza de lo escrito después de 21 años manifestando que: “este tipo de columnas existen y sirven para escudriñar lo que uno pensaba tiempo atrás. Hoy las puedo ver con un prisma totalmente distinto y me doy cuenta de que lo ocurrido me ha afirmado mis convicciones y las grandes coincidencias con el expresidente Álvaro Uribe”.
Sobre su mentor en el Centro Democrático, Duque escribió que este “es identificado como un escudero de la Convivir, es decir, con una expresión clara de la extrema derecha colombiana, que concibe la paz únicamente como resultado de una victoria militar sobre los alzados en armas”.
Aludiendo al tema de las Convivir, el primer mandatario se defendió al asegurar que estos grupos estaban asociados con la extrema derecha y que “fue una medida adoptada por el gobierno de 1994, en abril, avalada por la Corte Constitucional y por muchos gobernantes locales. Hay que mirar esas cosas con el prisma del momento y el pasar del momento”, sostuvo.
Siguió diciendo sobre las Convivir, grupos armados de ciudadanos que pretendía garantizar la seguridad privada como complemento del Ejército y la Policía, que: “hubo personas que abusaron en lo que fue la constitución de ese tipo de instrumentos que fracasaron con el pasar de los años”, señaló refiriéndose al controversial manejo y desempeño de esta estrategia del Gobierno.
Igual, el mandatario se defendió al destacar que sus críticas a las Convivir, hechas en 1998, no daban a entender que apoyara a grupos guerrilleros o de narcotráfico. “Pueden encontrar que he tenido la misma contundencia y expresión de rechazo a los grupos paramilitares, como la he tenido con cualquier grupo guerrillero o narcotraficante. Para mí, no existe atenuante ni diferenciación en un homicidio cometido por el uno o por el otro”, comentó.
Para concluir, Duque no descartó que su incursión como columnista, dedicando espacio a la critica contra el que hoy impulsó su carrera política como presidente, haya sido un “pecadillo”, por el contrario, ve positivo ese cambio de identidad “por los prejuicios que uno tiene”. Así entonces, aseguró que conociendo a Uribe entendió “que defender la seguridad es defender un valor democrático y es parte de la construcción de una sociedad con legalidad, que es la base para construir la paz sostenible”, concluyó.
La columna fue escrita tras la segunda vuelta presidencial en la que el conservador Andrés Pastrana ganó las elecciones, por encima del liberal Horacio Serpa, que en primera vuelta obtuvo mayor votación. Duque saltó a hacer un análisis de la derrota de las huestes rojas en Antioquia, donde los votos de Noemí Sanín en primera vuelta y el caudal político de Fabio Valencia Cossio ayudaron a Pastrana a ganar en el departamento.
Para el primer mandatario, el principal error del liberalismo en Antioquia fue nombrar a Álvaro Uribe como figura para liderar la campaña allí. A su juicio, el expresidente nunca le dio mucha fuerza a Serpa en el departamento porque, entre otras cosas, tenían una diferencia ideológica. “En tanto que Serpa es un hombre empeñado en la paz, y Uribe es identificado como un escudero de la Convivir, es decir, con una expresión clara de la extrema derecha colombiana, que concibe la paz únicamente como resultado de una victoria militar sobre los alzados en armas”, escribió el mandatario.
Este recorte del semanario fue hallado por Edwin Gutiérrez, estudiante de octavo semestre de la Universidad del Tolima, mientras recogía información para un trabajo de memoria histórica en su departamento. Sin pensarlo dos veces, publicó la columna en sus redes, desempolvando la polémica a nivel nacional.
