Escena 1: Una residente en el barrio Chicó estaba próxima a ingresar en su vehículo al edificio donde vive. Se le acercaron dos sujetos en moto, la intimidaron con arma de fuego e intentaron asaltarla. Según la Policía, de 62.169 denuncias por hurto en Bogotá el año pasado, en 5.288 casos (8,5 %) el victimario iba en moto.
Escena 2: A Juan le ofrecieron un trabajo, lejos de su casa. Sacó cuentas, analizó beneficios como poder llevar a su hermano al trabajo y se arriesgó: compró una moto. Según un estudio de la Andi, de casi 8 millones de motocicletas matriculadas en el país, el 53,8 % pertenecen a personas de estratos 1 y 2. La mayoría la usan para transporte y trabajo.
Estas escenas son las caras del debate que se vive por estos días en Bogotá, luego del anuncio de la Alcaldía de restringir inicialmente por tres meses la circulación de motocicletas con parrillero hombre en algunas zonas de la ciudad. La justificación es la necesidad de implementar medidas para mejorar la percepción de seguridad y contrarrestar el incremento de delitos en los que se usa la moto como vehículo de fuga, que alcanzó el 75 % entre 2016 y 2017.
La reacción de los motociclistas no se hizo esperar: como pocas veces, se organizaron y miles de conductores salieron a protestar. Las concentraciones no sólo evidenciaron la magnitud de su indignación, sino su poder para colapsar la ciudad. Aunque, en estricto sentido, la medida afecta al 10 % de los casi 500.000 conductores de motos que transitan por la capital, para ellos fue la gota que rebosó la copa, al sumarse a una serie de disposiciones que afectan el bolsillo de una población que tienen este vehículo una herramienta clave en su vida diaria.
A pesar de ser un vehículo popular y de fácil acceso para los estratos medios y bajos, en los últimos años la moto ha sido objeto de 176 restricciones en 88 municipios, que limitan su circulación. Además, los altos costos en la adquisición de seguros como el SOAT, de los trámites ante las autoridades de tránsito y de la revisión tecnico-mecánica, así como los constantes controles policiales de los que son objeto. Según ellos, todo esto los hace sentir perseguidos.
Aunque en parte pueden tener razón, también se debe resaltar que no es algo gratuito. Los motociclistas son el actor vial que más víctimas aporta (fatales y no fatales) en las estadísticas de accidentes de tránsito. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 50 % de los muertos en las vías son motociclistas y en casi la mitad de las muertes de peatones está involucrada una moto. Finalmente, el 80 % de los accidentes en los que son protagonistas obedecen a imprudencias de los conductores. Y en cuanto a la seguridad, que ahora es el epicentro del debate con la restricción del parrillero hombre en Bogotá, vale destacar que las cifras sí demuestran un incremento. Todo hace que sea un sector que amerita una vigilancia especial.
1.Un vehículo popular : Un estudio de la Andi, publicado el año pasado y denominado “Las motocicletas en Colombia”, concluye que, más allá de que la cantidad de motos se ha cuadruplicado y hoy representan la mitad del parque automotor matriculado en el país, en los últimos 15 años se han convertido en una herramienta de trabajo. Mientras en 1998 rodaban menos de un millón de estos vehículos, en 2016 superaron los 7,2 millones.
“Hoy, uno de cada siete colombianos usa la motocicleta para transportarse. Más estudiantes, mujeres y personas hacen parte del grupo de nuevos compradores. El 54 % de las motos las usan personas de bajos recursos como vehículos de trabajo o transporte, convirtiéndose en un instrumento de trabajo netamente popular”, dice el informe.
Y va más allá: alrededor de este automotor ha crecido un sector que hoy puede generar alrededor de 70.000 empleos directos e indirectos. Además, estima que la moto, como instrumento de trabajo, beneficia aproximadamente a dos millones de personas. “Tomando un promedio de tres miembros por familia, podría afirmarse que la motocicleta apoya la subsistencia de más de seis millones de personas”, destaca la Andi.
El estudio resalta, además, la forma como impacta en la calidad de vida de quienes la usan, pues fuera de ahorrarse 90 minutos diarios en desplazamiento, también ahorran billones de pesos. “Considerando que cada motociclista y su pasajero ahorran alrededor de $58.000 mensuales en transporte, los motociclistas del país están ahorrando casi $3,6 billones al año por movilizarse en este vehículo, según proyecciones para el 2016 de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE”.
Frente a la creciente y preocupante accidentalidad, la Andi hace un planteamiento que puede ser polémico: analizar las estadísticas de muertes en accidentes de tránsito, no con una tasa por cada 100.000 habitantes, sino por la cantidad de vehículos, es decir, aplicar una tasa por cada 100.000 motos. “Las cifras, con base en estadísticas de Medicina Legal, muestran una realidad diferente: mientras en 1998 la tasa de muertes por cada 100.000 motos fue de 186, en 2016 fue de 47,1. Esto representa una disminución de más del 74 %”.
Basada en este panorama es que la Andi cuestiona la cantidad de restricciones que hay para los motociclistas en el país, destacando que actualmente son más de 176 que, “en vez de mejorar la movilidad, la seguridad y el orden público, afectan la calidad de vida de miles de colombianos que dependen de la moto para su subsistencia”.
2.Cara y sello de la seguridad : La administración distrital sustentó el decreto que restringe el parrillero hombre en los crecientes hechos de inseguridad registrados en Bogotá durante los últimos siete años, en los que participó un individuo a bordo de una motocicleta. Según datos de la Dijín, el porcentaje de los delitos de alto impacto (homicidios y hurtos) cuyo agresor iba en este tipo de vehículos pasó de 3,2 % en 2010 a 5,7 % en 2017. Sólo comparando 2016 y 2017, el aumento alcanzó el 75,4 %.
¿Por qué se aplicará la medida sólo en una zona? En el decreto, si bien se reconoce que los delitos con la utilización de motocicletas y acompañantes pueden cometerse en cualquier sector de la ciudad, se especificó que hay sectores en donde denunciaron más casos. Los datos de las autoridades indican que el perímetro escogido (entre la Av. Primero de Mayo y la Calle 100, y la Av. Carrera 68 y los cerros orientales), concentró el 40 % de los delitos en 2017.
A estos datos se puede sumar el estigma que dejó el narcotráfico sobre las motocicletas desde la década de los ochenta, cuando la mafia las utilizó como vehículos para sembrar el terror entre la ciudadanía. “Hace unos años nos impusieron unos chalecos con unas letras. Eso lo pudimos quitar porque nos seguían criminalizando”, indicó César Celis, vocero de la Veeduría de Motociclistas. Hoy, si bien la ciudad no está sumida en una violencia de tal magnitud, la percepción de inseguridad alcanza el 54 %, según la encuesta de Bogotá Cómo Vamos.
Los motociclistas, no obstante, desestiman los argumentos presentados por el Distrito. Durante las manifestaciones de esta semana indicaron que la participación de delitos cuyo agresor se movilizó en una moto, fue muy baja. Las estadísticas evidencian que en lo que tiene que ver con el hurto a personas, apenas el 8,5 % de los robos en 2017 fueron cometidos por el conductor o el parrillero. Por eso, para Celis, en lugar de tomar medidas como la restricción, se deben enfrentar otros problemas, como las fallas en el sistema judicial que permiten la libertad de los capturados y las sanciones ejemplares en contra de quienes cometen delitos. “Nosotros hacemos grupos de apoyo y desarrollamos estrategias para denunciar ante la Policía los hechos delictivos que presenciamos”, añadió.
Por otra parte, los motociclistas también se reclaman víctimas de la delincuencia en la ciudad. De hecho, según la Policía Nacional, en 2017 interpusieron 714 denuncias por hurto, de los cuales en 252 aseguraron que fueron amenazados con armas de fuego. Respecto al hurto de motocicletas, se tiene que en 2017 se robaron 2.602 de estos vehículos, es decir, siete al día.
Bajo ese entendido, los conductores de moto aseguran que la participación de la delincuencia no es preponderante en las estadísticas y que la restricción puede ser reemplazada con otras medidas que permitan aportar información valiosa a las autoridades. El Distrito, entre tanto, apuesta por una restricción cuyos resultados espera evaluar en tres meses.
3.Golpe a los bolsillos : Otra de las quejas de los motociclistas son los costos que deben pagar y que los están dejando con los bolsillos vacíos. Por ejemplo, se quejan del acelerado aumento del valor del SOAT, que para este año costará entre $337.734 y $510.779, mientras que para los vehículos familiares las tarifas quedaron entre $281.000 y $476.000. Además, deben pagar $120.000 de la revisión técnico-mecánica y $45.000 de semaforización. La suma de estos valores sobrepasa lo que puede ganar una persona que, por ejemplo, se dedica a hacer domicilios.
“Las personas dicen que no pagamos impuestos. Pues bien, pagamos semaforización, el alto costo del SOAT, la revisión técnico-mecánica y, lo más importante, nos están inmovilizando las motos porque sí y cada sacada de patios, así sea por un bombillo, vale $800.000, que es más de lo que ganan algunas personas al mes”, comenta William Cuéllar, líder de NMM, uno de los clubes de motociclistas de la ciudad.
La voz de protesta de este gremio la respalda un informe de la Asociación de Industriales de Colombia (Andi) en el que señala que al comparar los costos de trámites que debe pagar el dueño de un automóvil y el de una moto, en relación con el costo de ambos vehículos, hay un evidente desequilibrio. “Por ejemplo, el SOAT relativo al precio del vehículo es casi 11 veces más costoso para los motociclistas y el certificado técnico-mecánico relativo al precio del vehículo es 4,37 veces más costoso para las motos”, dice el estudio, que también destaca que las multas son casi siete veces más costosas para los motociclistas y que en este aspecto siempre tienen las de perder porque, además, en muchos casos les retienen el vehículo, algo que pocas veces ocurre con los conductores de automóvil.
“A pesar de la importancia socioeconómica de la motocicleta en la movilidad de las personas de escasos recursos, hay una gran inequidad en lo que se refiere a los costos de circulación. Si se comparan, por ejemplo, la moto y el carro más vendidos, son mucho más caros todos los costos asociados con la movilidad de las motocicletas, cuando se calculan relativos al precio del vehículo”, asegura la entidad en su informe “Las motocicletas en Colombia”.
4.En constante riesgo : Aunque los motociclistas protestan por los altos costos de las tarifas del SOAT y la revisión técnico-mecánica, las cifras sobre accidentalidad demuestran ser un sector en constante riesgo.
Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), pese a que en 2017 se registró una disminución en las muertes de estos conductores en las vías del país (al pasar de 3.443 en 2016 a 3.198 el año pasado), las cifras siendo altas, al igual que los costos asociados a su atención. En comparación, con otros actores viales, los conductores de moto fueron los que más muertos aportaron en 2017, seguido por los peatones (1.718), conductores de vehículos (881) y biciusuarios (359). En el caso de Bogotá, el año pasado se registró la muerte de 160 motociclistas (132 conductores y 28 parrilleros).
Las cifras de accidentalidad de 2017 revelan que el actor vial que más sufrió, en lesiones y en muertes, fueron los motociclistas: 49 % de las víctimas fatales en siniestros viales fueron usuarios de moto y en casi la mitad de los casos que involucraron la muerte de un peatón también estuvieron involucradas las motos. Esto lleva a concluir, según la ANSV, que en 60 % de las víctimas fatales en las vías de Colombia durante 2017 estuvo involucrada una moto.
Según el director de esta entidad, Alejandro Maya Martínez, en un 80 % de los accidentes en los que está involucrado un motociclista, hay fallas en el comportamiento vial. Es decir, en ese alto porcentaje se exceden los límites de velocidad, no se portan los elementos de seguridad necesarios o no se respetan las normas de tránsito.
Y agrega: “Los hombres usuarios de moto entre 18 y 39 años, son los actores viales más perjudicados en Colombia. Esto es grave, porque son la población en el pleno de su productividad, con familias por mantener”.
El Gobierno trabaja en un Plan Nacional de Motos con el que se busca instaurar medidas para brindar mayor seguridad vial a los usuarios de estos vehículos. En noviembre del año pasado, una comisión de tres expertos internacionales visitó las siete ciudades con mayores problemas e incidencia en este tema y elaboró una lista de 40 recomendaciones para que las autoridades colombianas construyan esta política. Entre las recomendaciones se encuentra el reconocimiento de algunas infracciones de tránsito como delitos; la inclusión de cursos de formación para los trabajadores en moto, y crear una estrategia de atención a las víctimas de accidentes que involucren motocicletas y a sus familiares.
5.Controles y retenes : A los motociclistas no les molestan los puestos de control, en los que les revisan documentos, antecedentes, placas o que no porten armas. Pero el gremio sí salió a las calles porque dicen sentirse perseguidos por los retenes policiales en los que les hacen revisión a los vehículos. Aseguran que en cada puesto hay hasta seis policías de tránsito que, por cualquier motivo, les inmovilizan su vehículo. “Es tan bueno el negocio de las grúas, que hasta los policías de los CAI están saliendo a hacer funciones de tránsito y se agachan a mirar si la moto tiene goteo, pero usted nunca los ve requisando a los motociclistas a ver si tienen un arma”, asegura el líder del club NMM. Según datos de la Secretaría de Movilidad, en 2016 se inmovilizaron 56.113 motos, lo que representó un recaudo de $3.137 millones, frente a 18.566 automóviles, por el que se recaudaron $1.770 millones. No obstante, es clave resaltar que los motociclistas son el sector que más comete infracciones de tránsito.