Un sicario habría disparado en contra de un grupo de tres hombres que pertenecieron a la extinta guerrilla. Uno de ellos sobrevivió al atentado y se encuentra internado en un centro asistencial de la capital de Norte de Santander.
Dos exguerrilleros en reincorporación fueron asesinados en la mañana de este viernes en Cúcuta. De acuerdo con la Policía de la ciudad, tres hombres que habrían hecho parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, en Tibú, Norte de Santander, estaban desayunando en un hotel de la ciudad cuando un sicario les disparó con una pistola con silenciador.
El ataque dejó como resultado dos personas muertas y una herida, que fue remitida a un centro asistencial. Las dos víctimas mortales serían Milton Urrutia Mora y José Milton Peña Pineda. De acuerdo con información suministrada por las autoridades, los tres hombres se encontraban cada 12 días en el hotel donde fueron atacados. Allí siempre habrían llegado con maleta en mano.
Así mismo, el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía de Cúcuta, aseguró que ninguno de los hombres víctimas del ataque contaba con esquema de seguridad o escoltas que protegieran su vida. Por el momento, las autoridades no tienen mayor información de los motivos del ataque o de sus autores. Solo se sabe que una persona estaba esperando al agresor afuera del hotel y huyeron en dos motos, una de ellas tenía placa venezolana.
Este doble homicidio se une a la preocupante cifra de antiguos miembros de las Farc que han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo. De noviembre de 2016 a junio de este año, se reportaron 139 exguerrilleros asesinados, más de cien murieron por acciones sicariales en las que hombres en motocicleta dispararon sin mediar palabra con las víctimas.
En este último año, se han reportado las muertes de importantes miembros de las antiguas Farc. En mayo, Jorge Enrique Corredor, más conocido como Wilson Saavedra, fue asesinado en un establecimiento al lado de la carretera panamericana. Este fue uno de los hombres de mayor rango dentro de la extinta guerrilla en morir a manos de sicarios.
Saavedra hizo parte de la columna móvil Jacobo Arenas, que operó en el norte del Cauca; y fue comandante del frente 21 y del frente Víctor Saavedra. También fue un hombre de confianza del actual senador Pablo Catatumbo mientras ambos hacían parte del grupo subversibo, al punto que jugó un importante papel en el intercambio de mensajes entre el excomandante guerrillero y Henry Acosta, el empresario vallecaucano que fungió como facilitador del proceso de diálogos entre el Gobierno y las Farc.
La muerte de exguerrilleros no solo se dio por acciones sicariales. En abril de este año, el exmiliciano de las Farc Dimar Torres fue asesinado por hombres del Ejército en Convención, Norte de Santander. Este asesinato generó un gran escándalo en su momento, y reabrió el debate frente a los falsos positivos perpetrados por miembros del Ejército en esta zona del país.
"El hecho fue perpetrado por una patrulla del Ejército, eso ya está plenamente establecido gracias a la reacción inmediata de los habitantes de esa vereda que increparon a la patrulla, la cual negó que lo tenían en su poder. Por tal motivo, estas personas penetraron al campamento donde estaban acantonados los uniformados y encontraron, primero, la fosa que se estaba cavando para enterrar y desparecer a este compañero. Luego hallaron el cadáver en el predio donde está ubicado el Ejército", declaró en su momento el senador de la FARC Julían Gallo, también conocido como Carlos Lozada.
Los hombres pedían dinero a los residentes para “cuidar” el barrio, de acuerdo con las investigaciones. Se les acusa de asesinar a seis personas entre 2006 y 2009.
La Sijín capturó a cinco hombres señalados de crear un grupo de asesinatos selectivos, durante 2006 y 2009.
De acuerdo con la Fiscalía, los hombres crearon una empresa de vigilancia informal para cometer los crímenes. “Ellos llegaban a los barrios más vulnerables de la ciudad, se reunían con los líderes comunales y aseguraban ser desmovilizados de los paramilitares que estaban dispuestos a cuidar el sector. Aproximadamente cada residente pagaba $5 mil”, dijo una fuente judicial al diario Vanguardia.
Los capturados fueron identificados como Jesús Uriel Zamora, Jairo Antonio Durán, Néstor Enrique Martínez, Roger Gómez Villamizar y Elkin Fernando López Pinilla. Este último sería el líder de la organización. En 2014, Gómez Villamizar y López Pinilla fueron condenados a cinco años y nueve meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas de fuego.
Las autoridades le siguen la pista al sexto integrante de la organización alias “Bam Bam”, hermano de Jairo Antonio Durán. Los cinco capturados deberán responder por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y homicidio agravado.
Según la investigación, la mayoría de las víctimas eran consumidores de droga y ladrones de la zona. Juan Carlos Mancipe, consumidor de drogas, fue asesinado el 23 de marzo de 2006. Sergio Uriel Díaz Rueda, expendedor de estupefacientes, el 17 de noviembre de 2007. Slam René Buitrago Ramírez, otro expendedor, el 22 de agosto de 2008. Edwin Cote Rojas, consumidor de drogas, el 11 de mayo de 2009. Miguel Alejandro Torres y Alba Janeth Pabón Bustos, presuntos ladrones, fueron asesinados a tiros el 9 de noviembre de 2009.
De acuerdo con presentes en la audiencia de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ente acusador habría rectificado anuncios anteriores que hablaban de confusión en la entrega de los restos en 1985. En la audiencia se anunció la identificación de un nuevo desaparecido.
Tras semanas de controversia a raíz de las declaraciones de un fiscal del caso del Palacio de Justicia, que aseguró que no hubo desaparecidos sino errores en las entregas de los cuerpos, la Fiscalía, tal parece, desautorizó las declaraciones y aceptó que sí hubo casos de desaparición forzada durante la toma del Palacio de Justicia. La posición del ente acusador fue comunicada durante la audiencia de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) este viernes 6 de septiembre en Bogotá al fallo en contra del Estado colombiano por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma y retoma de la sede máxima de la justicia.
Según las víctimas del Palacio y sus abogados, el fiscal titular de la investigación, Jorge Hernán Díaz Soto, reconoció ante el tribunal internacional que en la toma del Palacio de Justicia se presentaron casos de desaparición forzada. Sin embargo, para las víctimas del caso, el pronunciamiento debe hacerse de forma pública ya que “la única intención de las declaraciones (hechas por el fiscal auxiliar) era la revictimización”. Alejandra Rodríguez Cabrera, vocera de las víctimas añadió: “El Estado no está preparado y no sabe cómo asumir estos retos cuando hay crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de agentes estatales. Es una cuestión la que están hablando antes los medios y otra muy distinta ante los jueces”.
La audiencia también sirvió para que el ente acusador diera un informe sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia proferida por la corte. Según Eduardo Carreño Wilches, abogado de las víctimas “en la audiencia se reconoció que hay procesos de identificación de restos óseos de trabajadores por parte de la Fiscalía. Además, se reconoció que hay un avance en el pago de indemnizaciones por parte del Estado Colombia, en un porcentaje del 95%”.
Otro de los momentos claves de la audiencia fue el anuncio hecho por Medicina Legal de nuevos restos, que, probablemente, corresponden con otra de las posibles víctimas de desaparición forzada tras la toma del Palacio. El instituto estaría realizando las correspondientes labores de identificación de los restos con los familiares. Actualmente, varias de las víctimas del Palacio recusaron y pidieron que se investigue a la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García, por su participación en la nota periodística en la que se aseguró que no hubo desaparecidos sino errores en la entrega de los restos.
A pesar de los avances presentados por el ente acusador, las víctimas señalaron que no se ha cumplido con uno de los elementos más importantes de la sentencia emitida por la Corte IDH: la verdad judicial. De acuerdo con los representantes de las víctimas, en ninguno de los casos de los presuntos responsables de las desapariciones se han presentado avances significativos. Es más, según los abogados, las investigaciones penales se habrían detenido escudándose en que el caso pasaría a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De esta forma, se habrían logrado progresos en la búsqueda de los restos de los desaparecidos, pero no se habrían avanzado en las líneas de investigación para dar con los máximos responsables.
Así mismo, para Jomary Ortegón, una de las representantes de las víctimas, a pesar de la retractación de la Fiscalía, el ente acusador mantiene la hipótesis de que se trató de un error en la entrega de los cuerpos. “Es una de las hipótesis centrales de la Fiscalía. Aunque no lo expresa con esas palabras, se deduce perfectamente de la intervención de la fiscalía y de su actuación en los últimos 5 años. Por eso se ha pedido que el equipo de fiscales sea removido a su totalidad de la investigación”.
En la audiencia hubo intervención tanto de la Corte Interamericana como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Corte se limitó a decir que “el fallo no está en discusión” y, por ende, no se está discutiendo de nuevo . La sentencia, proferida el 14 de noviembre de 2014, reconoce que hubo 11 desaparecidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Por su parte, la CIDH señaló los incumplimientos por parte del Estado colombiano frente a la sentencia. La Comisión, según Jomary Ortegón, habría señalado que el Estado colombiano no podría seguir manteniendo una posición negacionista y al mismo tiempo “hacer los ejercicios de memoria” con las víctimas.
La Comisión Interamericana habría sostenido también que la actitud del Estado Colombiano es un “abierto desacato” a las decisiones de la Corte IDH. Según Eduardo Carreño, la CIDH hizo un llamado de atención al Estado colombiano y le señaló que debe hacerse una investigación que determine los responsables tanto materiales como intelectuales. Así mismo, habría recordado que estos crímenes son considerados de lesa humanidad en “virtud de los tratados de orden internacional”
La audiencia de cumplimiento de la corte Interamericana de Derechos Humanos de este viernes venía antecedida por una gran controversia. Esta comenzó con las declaraciones del fiscal Jorge Sarmiento a varios medios de comunicación hace un par de semanas. Según el funcionario, “la Fiscalía ha encontrado a algunas de las personas desaparecidas, y por las circunstancias en que las hemos encontrado, la hipótesis ya no puede ser la desaparición forzada”.
Esta postura fue rechazada por las víctimas, que aseguraron que el ente acusador estaba desconociendo el caso y los estaba revictimizando. “Tenemos a una Fiscalía que, definitivamente, en lugar de mostrar su compromiso con las víctimas de desaparición forzada, decidió de manera abierta y descarada trabajar en las tesis de los militares”, dijo el abogado Germán Romero a este diario, para luego agregar: “aquí hasta las sentencias absolutorias en casos de militares —como la del coronel (r) Alfonso Plazas Vega— hablan y confirman las desapariciones forzadas. Ninguna sentencia niega esos delitos”.
(Tomado de El Espectador)
Algunos tienen puntajes que podrían hacerlos acreedores a ayudas del Estado. Varios de los mencionados piden a Planeación Nacional renovar la información y aclarar que no han recibido beneficios.
Los datos más graves, según Pares, son los de aquellos legisladores con puntajes por debajo de 59, porque desde ese límite se puede a acceder a beneficios.
Según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), revelada por El Espectador, en la actualidad catorce congresistas aparecen en el Sisbén, el sistema mediante el cual se define, con un puntaje, la clasificación socioeconómica de los colombianos y, a partir de esta, los beneficiarios para programas sociales del Estado. Siete de ellos ya están validados y los otros siete están en ese proceso; es decir que sus puntajes están siendo revisados por Planeación Nacional, dado que sus condiciones no parecen coincidir con lo registrado.
Aunque el salario no es un indicador que se tome en cuenta para puntuar a alguien, para los investigadores, aparecer supuestamente con unas condiciones socioeconómicas desfavorables cuando se devengan más de $35 millones “resulta sospechoso, además de configurar una afrenta contra los millones de colombianos que sí se encuentran en condiciones desfavorables y ganan menos de un salario mínimo al mes”. En los casos analizados, las últimas actualizaciones de los congresistas datan de 2015 o de años previos, por lo que desde que asumieron su cargo no han realizado modificaciones de sus condiciones en el sistema.
Los datos más graves, señala el informe de Pares, son los de aquellos legisladores con puntajes por debajo de 59, dado que desde este límite se puede empezar a acceder a los beneficios del Estado para los más necesitados. Por ejemplo, Nilton Córdoba Manyoma, senador del Partido Liberal, del Chocó, está clasificado con un puntaje de 28,53 sobre 100 que, en caso de ser validado, le daría derecho a subsidios y ayudas de once entidades del Estado. Otro caso es el de Félix Alejandro Chica Correa, representante a la Cámara por Caldas del Partido Conservador, cuyo puntaje está en 33,79.
En respuesta a esta situación, Chica Correa pidió la actualización del sistema, pues, según dijo, él nunca se ha beneficiado de algún programa del Sisbén: “Yo no he sido pudiente económicamente y seguramente aparezco ahí con esa puntuación baja, que debe ser la misma de cuando estaba en Samaná y Norcasia, de donde soy oriundo, una de las zonas más pobres del país. Esto también lo dijeron en mi campaña a la Cámara y lo que deben aclarar es quiénes acceden a subsidios o beneficios, porque yo nunca he recibido nada, ni estoy en el régimen subsidiado de salud. Quien debe actualizar esa información es el Estado, cada municipio, cada ente territorial”, enfatizó.
Por su parte, Carlos Julio Bonilla Soto, representante a la Cámara por el Cauca, del Partido Liberal, quien también aparece en la lista, aseguró que el tema ha sido mal presentado, pues estar incluido en la base del Sistema no implica el acceso a los programas. “El Sisbén es una forma de censo o registro nacional, al cual todo ciudadano puede estar vinculado sin importar su condición social. Lo escandaloso sería que recibiera algún beneficio del Estado, cosa que no es así. Además, estoy afiliado al Régimen Contributivo en Salud desde hace más de veinte años. A cualquiera le pueden haber hecho una encuesta en cualquier momento, parece que la mía fue por allá en el año 95, pero nunca buscando beneficios sociales”, señaló.
Según el congresista, las encuestas del Sisbén se han realizado mediante operativos y brigadas de tipo masivo, o sea mediante barrido, antes de 2011. Sin embargo, según las normas vigentes, es obligatorio hacer una nueva encuesta con una nueva metodología, establecida en el Decreto 441 de marzo de 2017, que además obliga a mantener la información actualizada, cruzando bases de datos con el Fosyga (manejado por el Ministerio de Salud), la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), el sector financiero y los ministerios de Educación, Trabajo y Vivienda, y entidades como Prosperidad Social, la Registraduría, Colpensiones y el IGAC, entre otras. “Es decir, ese cruce de datos se debió haber hecho con todas las entidades del Estado, lo que amplía exponencialmente la información a la que el Sisbén tiene acceso”, agregó Bonilla.
Otro de los involucrados, León Fredy Muñoz, representante por Antioquia de la Alianza Verde, documentos en mano sobre sus pagos en salud a una EPS, reiteró que todo colombiano, incluyendo al mismo presidente de la República, está registrado en la información del Sisbén, lo cual no significa que sea acreedor a subsidios o beneficios. “Yo estoy en el régimen contributivo en salud, aparezco en el Fosyga. Tengo los documentos, las cotizaciones, los balances, los pagos. Lo digo de frente: esa información es errada, aquí estoy en la oficina del Sisbén del municipio de Bello, donde me entregaron la carta que certifica que estoy en el Régimen Contributivo, cotizando, y eso lo hecho desde hace muchos años, cuando fui concejal del municipio y luego como independiente. He cotizado casi 18 años de mi vida en los que he trabajado”, explicó.
El informe de Pares recalca que el proceso de identificación de beneficiarios en el Sisbén es semiautomático, pues una vez se encuentran validados los datos, la Alcaldía selecciona automáticamente el número de beneficiarios que puede atender con los subsidios, del puntaje más bajo al más alto. Planeación Nacional es la que valida la información. Y aunque se considera responsabilidad de los beneficiarios modificar el puntaje cuando existe algún “cambio en las condiciones sociales y económicas del hogar”, periódicamente se realizan validaciones para detectar a quienes, a pesar de cambiar dichas condiciones, no actualizan su información.
(Tomado de El Espectador)
