EL GOBIERNO COLOMBIANO ANUNCIA MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LIDERES SOCIALES


La preocupante situación de los líderes sociales en el país, 311 de los cuales fueron asesinados entre enero y junio de este año, según cifras de la Defensoría del Pueblo, llevó al presidente Santos a convocar una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para evaluar las acciones que está tomando el Estado para evitar que estos crímenes sigan ocurriendo.

Ocho puntos hacen parte del plan anunciado por el presidente luego de la reunión, en la que participaron, entre otros, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el procurador, Fernando Carrillo, los altos mandos militares y de policía, y el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera. Entre ellos, la protección colectiva de comunidades amenazadas, la adopción de un plan urgente para las zonas más afectadas y la organización de un sistema de recompensas por información son las más importantes.

Según el presidente, aunque hoy en día ya hay unos 5 mil líderes sociales que cuentan con esquemas de seguridad, “la protección individual no es suficiente”, por lo cual se viene avanzando en sistemas de protección integral a comunidades en sus territorios.

Ya se ha puesto en marcha un programa piloto, que opera en cuatro municipios, San José de Ure, Guapi, Tumaco y El Tarra, que, según lo acordado hoy, se extenderá a 10 municipios.

También se fortalecerá la respuesta a las alertas que emite la Defensoría del Pueblo y se organizará un sistema de recompensas por información para identificar a los responsables de atentados contra líderes sociales y de derechos humanos, en especial a los autores intelectuales de esos crímenes.

Así mismo, se llevará a cabo un plan urgente de intervención en las zonas más afectadas por estos hechos: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.

“No vamos a permitir que esos avances que ya vemos por la construcción de la paz, se vean amenazados por la acción criminal de bandas organizadas que pretenden hacernos regresar a un pasado de violencia, que los colombianos hemos decidido dejar atrás”, manifestó el mandatario, quien recordó que gracias a la firma del acuerdo con las Farc se ha reducido el número de homicidios en el país.

“Garantizar la vida de los líderes seguirá siendo una prioridad hasta el último día de mi gobierno y aspiró que sea una prioridad para el gobierno entrante. Esta política tiene que mantenerse por el bien de todos los colombianos”, agregó.

Los crimenes contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos volvieron a llamar la atención del país la semana pasada, luego de que fueron asesinados cuatro líderes en tres días, en regiones diferentes del país, Chocó, Atlántico y Cauca. Las cifras de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, aunque difieren, coinciden en que el problema, a pesar de que viene de mucho tiempo atrás, se agravó luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

Organizaciones sociales y entidades como las Naciones Unidas han pedido adoptar medidas urgentes para enfrentar este fenómeno, ante lo cual el Gobierno promovió la firma de un pacto nacional por la vida de los líderes sociales, encabezado por los presidentes entrante y saliente.

(Tomado de la Revista Semana)

ASÍ VA EL TOUR DE FRANCIA 2018


El eslovaco Peter Sagan (Bora), triple campeón mundial, impuso su ley ante un reducido numero de esprinters que se salvaron de una caída que afectó al colombiano Fernando Gaviria y se llevó la etapa y el maillot amarillo tras la segunda etapa que condujo al pelotón de Mouilleron-Saint-Germain a La Roche-Sur-Yon a través de 182,5 kilómetros.

El colombiano Fernando Gaviria no ha podido hacer historia como debutante en el Tour 2018 luchando por su segundo triunfo consecutivo al verse involucrado a dos kilómetros del final en una caída que, según explica, no pudo evitar y que le dejó sin opciones.

"Arriesgo para ganar, pero no he podido evitar la caída. No he sufrido ninguna herida y no tendrá consecuencias para los próximos días", ha explicado nada más cruzar la línea de meta de La Roche Sur Yon. 

"El ciclismo es así, no sabes cuando te puedes caer. La etapa la he disputado al máximo porque el maillot amarillo no se tiene todos los días", afirmó. 

No obstante, para el antioqueño el balance final no ha sido tan negativo al no haber sufrido lesiones y por ese motivo ha apuntado que estaba "contento".

Segunda etapa :

-1 Peter Sagan Bora - Hansgrohe 04h 06' 37'' 
-2 Sonny Colbrelli Bahrain - Merida 04h 06' 37'' 
-3 Arnaud Demare Groupama - Fdj 04h 06' 37'' 
-4 André Greipel Lotto Soudal 04h 06' 37'' 
-5 Alexander Kristoff Uae Team Emirates 04h 06' 37'' 
-6 Timothy Dupont Wanty - Groupe Gobert 04h 06' 37'' 
-7 Alejandro Valverde Movistar Team 04h 06' 37'' 
-8 Andrea Pasqualon Wanty - Groupe Gobert 04h 06' 37'' 
-9 John Degenkolb Trek - Segafredo 04h 06' 37'' 
-10 Philippe Gilbert Quick - Step Floors 04h 06' 45'' + 00h 00' 08'' 

General :

-1 Sagan Peter Boh Svk 8h29'53" 
-2 Gaviria Fernando Qst Col 06"
-3 Colbrelli Sonny Tbm Ita 10"
-4 Kittel Marcel Tka Ger 12"
-5 Chavanel Sylvain Tde Fra 13"
-6 Gilbert Philippe Qst Bel 14"
-7 Thomas Geraint Sky Gbr 15"
-8 Naesen Oliver Alm Bel 15"
-9 Kristoff Alexander Uad Nor 16"
-10 Degenkolb John Tfs Ger 16"
-20 Dumoulin Tom Sun Ned 16"
-21 Valverde Alejandro Mov Esp 16"
-30 Uran Rigoberto Efd Col 16"
-84 Froome Chris Sky Gbr 01'07"
-95 Atapuma Hurtado Jhon Darwin Uad Col 01'07"
-107 Bernal Gomez Egan Arley Sky Col 01'31"
-108 Quintana Nairo Mov Col 01'31"
-130 Martinez Poveda Daniel Felipe Efd Col 02'35"

ASESINATO DE LIDERES SOCIALES SIN CONTROL EN EL PAIS


En la tarde del viernes, José Fernando Jaramillo perdió la vida tras recibir 10 disparos dentro de su vivienda, en la vereda El Torrente del municipio de Ituango. Jaramillo hacía parte de la junta de acción comunal de la vereda Pascuitá, de la que era presidente su cuñado José Abraham García, también asesinado el pasado 26 de junio.

Ambos nombres están hoy en una lista de 40 asesinatos que podrían encajar en la escalada contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero que aún no han sido verificados por Naciones Unidas. Si a esa macabra estadística se suman los 33 homicidios que ya están en las listas oficiales de este año, el país podría haber alcanzado, en apenas seis meses, la cifra de crímenes del año pasado: 84.

En las estadísticas avaladas por la ONU aparecen 186 nombres de personas que murieron entre el 2015 y lo que va del 2018, para un total de 219 casos verificados. Esto quiere decir que cada mes se han registrado, desde tres años y medio, una media de cinco homicidios de líderes y defensores de derechos humanos.

Aunque la mayoría de las investigaciones están en proceso, en muchos de los casos se señala como responsables a grupos claramente identificados: el ‘clan Úsuga’ en Antioquia, Córdoba y la región de Urabá; una facción suya conocida como ‘los Caparrapos’, que se independizó en la zona del bajo Cauca desde el momento en que ‘Otoniel’, máxima cabeza de la banda, anunció su intención de someterse a la justicia, algo que aún no cumple.

También aparecen los frentes ‘Manuel Vásquez’, ‘José María Becerra’ y ‘José David Suárez’ del Eln, en el suroccidente del país, especialmente en el Cauca, y las disidencias de las Farc de ‘Mordisco’ y ‘Guacho’ en Nariño. Aunque ayer, en un comunicado, el Eln negó estar tras los asesinatos de líderes y dijo que los están acusando sin pruebas. 

Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía no han identificado, en tres años, que se trate de una escalada coordinada a nivel nacional, como sí ocurrió durante el genocidio de la Unión Patriótica a mediados de los 80.

Los móviles van desde intentos por frenar la restitución de tierras hasta los de impedir que más comunidades salgan de la coca, pasando por la persecución contra quienes se oponen a la minería ilegal y los que se han atrevido a denunciar la irrupción de actores ilegales en antiguas zonas de Farc. Y en algunos casos se estableció que el crimen no tuvo relación con el papel de líder de la víctima.

Y si bien el nivel de esclarecimiento de estos hechos no supera el 50 por ciento, los índices de impunidad son mucho menores que en el resto de homicidios reportados, que en general alcanzan el 25 por ciento. A la fecha, la Fiscalía tiene pistas claras en 87 casos de 178 homicidios ocurridos desde el 2016. En esos casos se ha logrado la captura de 165 delincuentes. Hay otros 104 en indagación, 36 en juicio y 16 con condenas.

Delincuentes de alto perfil han caído por las investigaciones por este flagelo. Aris Yírber Caicedo, alias Cholo; Jefferson Chávez, alias Cachi, y Wílber Antonio Quiñónez, ‘Curandero’, integrantes de la disidencia de ‘Guacho’, fueron capturados y están procesados por el homicidio –en octubre del 2017– de José Jaír Cortés, activo promotor de la sustitución de cultivos ilícitos en Tumaco.

El 11 de mayo también fue detenido Samuel Javier Yotengo, alias Mordisco, cabeza de una disidencia de las Farc y a quien además del asesinato de tres policías en Miranda, Cauca, en septiembre de 2017, se le atribuyen asesinatos de líderes sociales que estaban impulsando la sustitución de cultivos de coca.

Aunque históricamente los departamentos más golpeados eran Antioquia, Cauca y Nariño, este año se ha registrado un alarmante repunte de asesinatos en Norte de Santander, Chocó y Arauca. Integrantes de juntas de acción comunal y líderes campesinos, comunitarios e indígenas representan la mayor cantidad de víctimas. 

Aunque se trata de una situación que ha venido afectando la implementación de los acuerdos de paz desde hace ya casi tres años, la última semana ha sido particularmente violenta. Además de Jaramillo fueron asesinados Luis Barrios en Palmar de Varela, Atlántico, y Felicinda Santamaría en Quibdó, Chocó. Barrios era el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de su municipio y era reconocido por ejercer control a la gestión de la administración local y por denunciar actos ilegales, en especial relacionados con tráfico de drogas. Y Santamaría era la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Virgen del Carmen, de la comuna 2 de Quibdó.

Además de esos dos casos ya verificados por Naciones Unidas, un día antes fueron asesinados Leonedis Aléiser Sierra, en Tarazá, Antioquia, y Gabriel Adolfo Correa, en Buenos Aires, Cauca, quienes de acuerdo con sus comunidades desempeñaban actividades de liderazgo social. El domingo fue asesinado en Puerto Libertador, Córdoba, Iván de Jesús Lázaro, exsecretario de la junta comunal de la vereda Rogero y que se destacaba por liderar procesos deportivos y culturales.

Ana María Cortés, quien apoyó la campaña de Gustavo Petro en Cáceres, Antioquia, fue asesinada el miércoles. Se sindica a la banda de ‘los Úsuga’, y aunque el excandidato dijo que hay una supuesta persecución contra su movimiento, las autoridades manejan otras hipótesis que en principio no tienen que ver con actividades políticas.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que la nueva dinámica delictiva de los territorios está caracterizada por el surgimiento de organizaciones al servicio del narcotráfico, lo que ha generado nuevos conflictos en los que los líderes sociales se están viendo afectados en medio de “unas batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlas de los cultivos ilícitos y de esta guerra por el territorio”.

El presidente Juan Manuel Santos dijo que, en respuesta a lo que viene pasando, le pidió al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, “enviar a terreno a inspectores del Ejército y la Policía para supervisar y evaluar acciones de la Fuerza Pública en la protección de líderes”. 

Y el presidente electo, Iván Duque, afirmó que garantizar la seguridad de los líderes debe ser una prioridad. “No acepto, como colombiano, que ninguna persona se vea amenazada por su pensamiento, por su raza, por sus condiciones personales, y lo que quiero es un país donde brille la legalidad y donde todos los colombianos se sientan protegidos”, dijo Duque.

(Tomado de El Tiempo)

EX-INTEGRANTES DEL SECRETARIADO Y ESTADO MAYOR DE LAS FARC A RESPONDER POR SECUESTRO FRENTE A LA JEP

El próximo viernes 13 de julio, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tendrán que comparecer los ex-integrantes del secretariado y del estado mayor central de las Farc para responder por el delito de secuestro. 

La Sala de Reconocimiento, a través de auto 002 de 2018, decidió avocar el conocimiento del caso con base en el informe que recientemente entregó la Fiscalía a la JEP denominado Retención ilegal de personas por parte de la Farc. En la diligencia, informó la JEP, se les notificará a los exguerrilleros el inicio del proceso.

También se recordará los deberes del régimen de condicionalidad, en el que se les indicará que para acceder a los beneficios deben aceptar la verdad, reparar de manera inmaterial a las víctimas y comprometerse a no repetir esas conductas, y se dará traslado del informe de la Fiscalía a los convocados con sus respectivos anexos. 

Así las cosas, los magistrados de la sala entregarán un listado de personas que presuntamente estuvieron secuestradas por las Farc y cuyo paradero no se tiene conocimiento. Este listado hace parte de la base de datos que la Fundación País Libre presentó ante la JEP, y como referencia informativa dos informes aportados por el Centro Nacional de Memoria Histórica: Una Sociedad Secuestrada y Guerrilla y Población Civil, trayectoria de las Farc 1949-2013. 

De acuerdo con el diario El Tiempo, tendrán que comparecer ante la JEP Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Iván Luciano Márquez, alias Iván Márquez; Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada; y Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, y los representantes a la Cámara Jesús Santrich –detenido por cuenta de una investigación que lo compromete con el envío de un cargamento de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos– Luis Alberto Albán, alias Marco León Calarcá; Jairo González, alias Byron Yepes; y Omar de Jesús Restrepo, alias Olmedo Ruiz.

Igualmente se encuentran José Lisandro Lascarro, alias Pastor Alape; Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez; Abelardo Caicedo Colorado, alias Solis Almeida; Orlay Jurado Palomino, alias Hermes Aguilera; Jesús Mario Arenas, alias Marco Urbano; Jaime Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo; Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Rodolfo Restrepo, alias Víctor 34; Juan Hermilo Cabrera, alias Bertulfo Álvarez; Henry Castellanos Garzón, alias Romaña; y Édgar López, alias Pacho Chino. (Le sugerimos: Cámara aprueba normas de procedimiento de la JEP)

La lista continúa con Juan Carlos Ramírez, alias Sargento Pascuas; Jaime Bustos Aldana, alias Marquetaliano; Jesús Emilio Carvajalino, alias Andrés París; José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez; Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado; José Manuel Sierra, alias Aldinever; Erasmo Traslaviña, alias Jimmy Guerrero; Floresmiro Burbano, alias Martín Corena; Hernán Darío Velásques, alias El Paisa; Luis Óscar Usuga, alias Isaías Trujillo; Martín Cruz, alias Rubín o Morro; José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza; y Luis Alberto Rojas, alias René Emisoras.

Este es el primer caso priorizado por la Sala de Reconocimiento, adoptados el pasado 28 de junio. Para los criterios de priorización se tuvo en cuenta la gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización, el impacto en las víctimas, el impacto en pueblos étnicos y otros sujetos colectivos. “La aplicación de los criterios permite priorizar en los casos y situaciones que conoce la Sala de Reconocimiento, que involucran los hechos más graves y representativos del conflicto y a los máximos responsables de crímenes no amnistiables”, precisó la JEP.

De acuerdo con el documento, los criterios de priorización se definen en dos dimensiones: impacto y disponibilidad de la información. Al aplicarlos a los informes recibidos, así como a las bases de datos disponibles, la Sala de Reconocimiento encontró que el secuestro de personas cumplía con dichos criterios. “La Sala de Reconocimiento aclara que la priorización de un caso o situación no significa que otros casos y situaciones no serán priorizados en el futuro”, finalizó la JEP.

(Tomado del Espectador)