En diálogo con RCN Radio, la excandidata vicepresidencial explicó que cerca de tres millones de ciudadanos se dieron cuenta de esta situación y apoyaron esta iniciativa para que ellos votaran en contra de las prácticas corruptas. “Cada vez que usted marca SI le está dando la orden al Congreso para que en máximo un año apruebe esa medida”.
Para la aprobación de la consulta, indicó, tuvieron que superar los obstáculos que impuso el mismo Congreso. El debate fue aplazado en tres oportunidades, se tuvo que cambiar la fecha de votación para que no coincidiera con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
“Lo único que garantiza que los tres proyectos que presentó Duque y los siete que están en la consulta se aprueben es votar el 26 de agosto, porque radicar proyectos es muy fácil y hundirlos es más fácil”, indicó López al aclarar una de las principales dudas que se han presentado tras la posesión del nuevo presidente de la República.
La exsenadora está segura que la consulta superará el umbral establecido -que es de 12 millones 140 mil votos- y en todas las preguntas gana la opción SI. Después de esta aprobación, el Comité le presentará estos resultados al presidente Iván Duque, quien deberá presentarlos ante el Congreso.
“El Congreso tendrá un plazo máximo de un año para aprobar estos proyectos, si al año no se han aprobado el Gobierno los puede expedir por decreto de ley. La consulta popular es el único mecanismo que nos garantiza que si ponemos más de 12 millones de votos no nos pueden ‘hacer conejo’”, precisó la exsenadora de la Alianza Verde.
López indicó que el Gobierno, por ley, debe hacer pedagogía de esta consulta anticorrupción. “No es para rechazar la corrupción, es para darle un mandato de obligatorio cumplimiento al Congreso, que tienen un año para aprobarlos”.
Los votantes, explicó, deben votar por separado cada una de las siete preguntas.
-La primera de ellas consiste en la reducción del sueldo de los congresistas de 40 salarios mínimos a 25.
-La segunda pregunta establece la eliminación del beneficio de la casa por cárcel a los dirigentes políticos condenados por actos de corrupción y el fin de los contratos a las empresas sin indemnización.
-La tercera pregunta exige la contratación transparente, es decir que no haya licitaciones o direccionamientos para la entrega de contratos.
-La cuarta pregunta busca eliminar la denominada ‘mermelada’ “para que haya audiencias públicas de presupuesto, para desglosar y escoger los proyectos en los que se gastan los impuestos”.
-La quinta pregunta le exige a los congresistas que rindan cuentas. “¿Qué hacen? ¿Qué proponen? ¿Cómo gestionan? ¿Cómo votan?”
-La sexta pregunta busca que todos los que aspiran a ocupar un cargo político tenga que revelar su pago de impuestos, declaración de renta, conflictos de intereses. “Peso que no pueda justificar se va a extinción de dominio”.
-La séptima pregunta pide que no haya más ‘atornillados’ en el Congreso de la República. Máximo tres periodos en las corporaciones públicas.
